Mujeres Cautivas
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
La semana pasada la senadora del Partido Liberal y sobreviviente de
secuestro por la guerrilla colombiana, Clara Rojas, presentó una
iniciativa de ley para sancionar con multas a los consumidores del sexo
de paga y construir alternativas dignas de salida para las mujeres y
niñas en situación de prostitución.
La iniciativa de la senadora Rojas reta a las voces liberales y
populistas de Colombia, a las voces de la sociedad civil y la academia
que se han manifestado en su contra, ya que es una legislación que parte
de la igualdad entre mujeres y hombres, reta los estereotipos de
género, promueve un cambio cultural a favor de las mujeres y las niñas y
en contra de la discriminación y violencia de género. También intenta
desempoderar a las Bandas Emergentes Criminales (Bacrim) que han
encontrado un nicho inmenso de ganancia en la explotación sexual de las
mujeres, niñas y adolescentes y el turismo sexual.
Entre nuestra membresía contamos con sobrevivientes de la industria del
sexo y otras que todavía sobreviven en la prostitución. Han sido
compradas y vendidas en las calles y en los hoteles, en clubes y en
prostíbulos, desde los servicios de acompañantes o prepago, hasta las
salas de masajes, todo para el placer sexual masculino y de manera casi
unánime, para el lucro de terceros o explotadores.
Hablamos por nosotras mismas y lo hacemos en el contexto de la ley, los
derechos de las mujeres y los principios de los Derechos Humanos. Aunque
todo movimiento social que lucha por la justicia se crea por aquellos
que sufren directamente las violaciones a sus Derechos Humanos, esta
justicia solo se hace real cuando la sociedad y las instituciones
nacionales reconocen que estos derechos son inalienables, indivisibles y
universales. Las sobrevivientes y las que sobreviven en la
prostitución, y todas nosotras entendemos el sufrimiento causado por la
violencia sexual, la degradación y la deshumanización en manos de los
que pagan por sexo, la policía y los explotadores.
Tenemos visiones muy diferentes al modelo que defiende el lobby
proxeneta sobre la industria del sexo. Es por eso que manifestamos
nuestra preocupación por el Código de Policía de Colombia y los intentos
del Ministerio del Trabajo de reconocer la prostitución como un oficio,
cuando no reúne ninguno de los elementos que la OIT ha definido como
trabajo decente o digno. Las sentencias dictadas por las Cortes en
México y Colombia generan impunidad para aquellos que explotan a los
seres humanos por dinero y placer – proxenetas, propietarios y
administradores de prostíbulos y dueños de agencias, salas de masaje,
así como los hombres que pagan por sexo.
Es eso, precisamente, lo que propone la legisladora Rojas en su
iniciativa de Ley, corregir las aberraciones jurídicas de las Cortes
Colombianas, al proponer multar a los compradores de sexo de paga y
construir opciones de salida digna para las mujeres en situación de
prostitución.
Esta iniciativa tiene por objeto desincentivar a la industria del sexo
que lucra con la explotación de poblaciones marginadas que han llegado a
la prostitución por falta de oportunidades para sobrevivir. Criticamos a
los Estados y gobernantes que valoran la industria del sexo --para
cobrar impuestos--, más que la vida de las mujeres, convirtiéndose en
gobiernos proxenetas.
Las sobrevivientes y las que todavía sobrevivimos la prostitución, hemos
sido víctimas desde que éramos niñas, y por eso también queremos
terminar con la trata y la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes. Cuando llegamos a la adultez traumatizadas física y
psicológicamente, nos damos cuenta que nuestros gobiernos y la sociedad
nos dieron la espalda y borraron nuestros sufrimiento y explotación
llamándolo “trabajo consensuado”. Sí, la prostitución es una fuente de
ingresos (aunque generalmente son otros los que se benefician de nuestra
explotación) pero también es una actividad peligrosa que llevamos a
cabo para dar de comer a nuestros hijos e hijas y para sobrevivir en un
mundo donde no existen otras opciones.
La prostitución ni es “sexo”, ni es “trabajo”, ambos derechos
fundamentales que los seres humanos buscamos ejercer con dignidad y
respeto. La prostitución es contraria a estos derechos al ser una de las
peores formas de violencia y discriminación basada en género, que ha
sido perpetuada por el patriarcado como una forma de controlar los
cuerpos y la sexualidad de las mujeres.
Nuestro trabajo se fundamenta en el derecho internacional y los
principios de los Derechos Humanos. En ese sentido, las Cortes tanto en
México como en Colombia que han dictado sentencias a favor de proxenetas
y tratantes, deben entender que su función es castigar a los culpables y
hacer que los gobiernos cumplan los compromisos internacionales que han
ratificado para garantizar los derechos de las mujeres, como la CEDAW,
la Convención de los Derechos de la Niñez y el propio Protocolo de
Palermo.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente mujeres y niños y niñas, que complementa la Convención de
las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece
que los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole,
tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las
ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y
multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier
forma de explotación conducente a la trata, especialmente de mujeres y
niños y niñas (Art. 9.5).
INJUSTICIA E INEQUIDAD COMO EL ENEMIGO COMÚN
La injusticia hace que la policía abuse de las mujeres, guía al
proxeneta en la explotación su explotación, y le da licencia al tratante
para abusar de niños y niñas. También es la injusticia la que hace que
la sociedad acepte la compra de mujeres para el sexo como algo
culturalmente aceptable y que celebra estructuras patriarcales que
definen a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. Ningún hombre
tiene el derecho de comprar poder, control y acceso sexual a una mujer,
así como ningún hombre tiene derecho a golpearla, acosarla sexualmente,
violarla o matarla. El intercambio de dinero o bienes por esta violencia
no es consentimiento bajo los principios de los Derechos Humanos. De
hecho, ningún derecho humano, permite la explotación sexual de otras
personas de forma directa o indirecta.
Las Cortes deben enfocarse en la sanción de los tratantes y proxenetas,
como está previsto en sus Códigos y leyes y obligar a los gobiernos para
la protección de los derechos de las mujeres, y no en promover
sinergias entre los gobiernos y la industria del sexo. Si los gobiernos
quieren éxito en su lucha contra la trata de personas, deben enfocarse
en los hombres que pagan por sexo y en abordar la demanda de la
prostitución que es el motor que sostiene a la industria del sexo.
Si quieres apoyar esta iniciativa, firma la petición aquí.
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas
en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
Imagen retomada del portal argentinaindymedia.org
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario