Texcoco, la coerción a AMLO
Amago financiero
Romero Deschamps, en riesgo
Democracia sindical
El emplazamiento de los
grandes capitales es concreto, público e insistente: cancelar la
construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco les resultaría
decepcionante e inhibitorio de posteriores inversiones. De ese estado de
ánimo adverso sólo habría un paso a descomposturas financieras varias,
entre ellas las relacionadas con la paridad cambiaria y la permanencia
en México de capitales especulativos.
Este factor empresarial condicionante busca tener más peso en la
consulta pública que durante cuatro días se instalará en medio millar de
municipios para tomar una decisión sobre el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (en construcción en el lago de Texcoco). De
hecho, ese factor del gran capital pretende marcar desde ahora el
destino de su relación con el obradorismo, ya en vías de tomar el poder
presidencial: la
confianzay
colaboracióndependerá de la manera como se resuelva este virtual duelo de fuerzas.
Es político, mediático y propagandístico el empuje (casi chantajista)
para que se mantenga el gran negocio de Texcoco (que no se plasma sólo
en la construcción del aeropuerto sino en el acaparado desarrollo urbano
aledaño). Las principales casas encuestadoras del país aseguran que el
apoyo social a la continuidad del magno proyecto peñista es de dos a uno
respecto a las voces opositoras.
Sin embargo, son varias, válidas y activas las razones para oponerse a
la construcción y el negocio con sede en Texcoco. Además de los
históricos opositores a ese proyecto (los habitantes organizados de San
Salvador Atenco y sus alrededores), hay especialistas y organizaciones
civiles que han expresado su rechazo a la agresión al medio ambiente y a
los cálculos técnicos de esa obra. En la propia base del partido
Morena, y en el ala izquierda de su cúpula, incluyendo a futuros
secretarios y subsecretarios del gabinete obradorista, hay una oposición
contundente. El flanco más activo en contra del NAIM texcocano no tiene
visos de arredrarse ante los resultados de una consulta pública que
apruebe la continuidad del proyecto impugnado.
El debate entre lo ecológico, lo técnico, lo político y lo
empresarial tiene ahora un ingrediente prefigurado desde aquel desayuno
de ingenieros con López Obrador en el que hubo elogios y aplausos para
el magnate Carlos Slim. Si este y un grupo de inversionistas decidieran
encargarse con su dinero de darle continuidad al proyecto, éste podría
quedarse en Texcoco. Si el multimillonario apovechara las posibilidades
de hacerse de una oportunidad del estilo de la que recibió con Telmex,
recibiría alguna forma de concesión del negocio aeroportuario y haría
innecesaria una consulta pública sobre un asunto transferido ahora al
ámbito cuasi privado.
Se ha presentado en el Senado una iniciativa de reformas a la Ley
Federal del Trabajo que obligaría a las organizaciones sindicales a
abrirse a procesos democráticos. No es solamente un cambio de la letra
legal (aunque esta modificación es necesaria) sino un proceso de
sacudimiento de estructuras de control político y profunda corrupción
que durante décadas han subsistido y han hecho subsistir al modelo
político priísta en crisis de apariencias terminales.
Los procedimientos democráticos pondrán en jaque dirigencias tan
impugnadas e inaceptables como la de Carlos Romero Deschamps, uno de los
ejemplos más reprobables de corrupción y abuso. Entre otras medidas, el
obradorismo está decidido a frenar la transferencia convenenciera de
dinero público a la élite de ese sindicato y el libre aprovechamiento de
fondos, edificios y propiedades sindicales.
Pero, en el caso de los petroleros, como en el de los miembros del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la postura oficial
será de respeto a las decisiones, libremente expresadas, de esas bases
laborales. Si, a pesar de todo, Romero Deschamps triunfara en un proceso
democrático (o Elba Esther Gordillo en el SNTE), el nuevo gobierno
aceptaría esos resultados.
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