Néstor Martínez Cristo*
La cancelación de los llamados
Foros Escucha para la pacificación y la reconciliación anunciada hace
unos días por el equipo de transición de López Obrador significó sin
duda un revés a las expectativas creadas por muchas de las víctimas de
la violencia en el país, quienes se habían ilusionado con la promesa de
ser atendidos por el próximo gobierno.
Tal decisión, que deja inconcluso el cumplimiento del compromiso de
campaña hecho por López Obrador de realizar una gran gira por todo el
país para escuchar las voces de las víctimas, no puede ser vista como un
impedimento para la incorporación de esos cientos o miles de
desgarradores testimonios en la construcción del que, a mi juicio, es el
principal desafío del próximo gobierno: una estrategia de pacificación
nacional.
Si bien es cierto que el coordinador de los foros, Alfonso Durazo
aludió a la falta de tiempo para recoger más testimonios y a la urgencia
–dijo– de sistematizar las propuestas vertidas en los 16 foros que sí
se llevaron a cabo, las quejas y los reproches por parte de las víctimas
no se han hecho esperar. Hablan de una deficiente coordinación y de
condiciones inadecuadas
para la escucha. Y tienen razón.
Aun en esas circunstancias poco propicias para el análisis y las
propuestas, los foros habían resultado una catarsis, un necesario
desfogue colectivo que en muchos casos desbordaba furia y desesperación,
pero que en no pocas ocasiones también arrojaba luces.
El grupo del presidente electo ya no acudirá pues a estados como
Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, Tabasco o Veracruz, donde la violencia por
el combate al narcotráfico se ha mostrado irrefrenable y el
resentimiento social se acrecienta. La deuda de justicia con esas
víctimas se mantendrá intacta.
En este contexto, la pacificación del país ha sido –y es hoy más que
nunca– un asunto de vital importancia en la agenda nacional, no sólo por
la exigencia impostergable de justicia, sino para la viabilidad del
próximo gobierno y del país mismo.
No son pocas las voces que consideran, con razón, que este proceso de
pacificación, que algunos llaman amnistía, no debería limitarse a los
delitos relacionados con las drogas, sino que tendría que hacerse una
revisión profunda de los expedientes judiciales, particularmente desde
una perspectiva de género, y que al mismo tiempo, además de la
misoginia, confronte también vicios del sistema como el racismo y el
clasismo.
Sin embargo, la nuestra es una sociedad rota y ensangrentada,
producto de una guerra cruenta y absurda que, en unos cuantos años, ha
arrojado cifras que hubieran sido inimaginables hasta hace pocos años:
250 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos.
Es por esto que, entre muchos otros aspectos, la estrategia de
pacificación debe fincarse necesariamente en la reorientación efectiva
de las políticas públicas sobre el consumo, producción y venta de
estupefacientes.
Las recientes declaraciones del actual secretario de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos y de la futura secretaria de Gobernación,
Olga Sácnhez, cobran particular importancia al proponer estrategias
radicalmente opuestas a las desarrolladas hasta ahora en el combate a
las drogas.
El viraje de 180 grados en la postura del general Cienfuegos abre la
puerta a un debate público en un tema que se ha centrado en el discurso
de las armas y que se pone en consonancia con la posición asumida por el
próximo gobierno de legalizar la mariguana y la siembra de amapola con
fines terapéuticos, como parte de una serie de medidas que permitan
abatir los índices de violencia.
Así, los gobiernos saliente y entrante se ponen en línea con la
tendencia mundial que busca un nuevo paradigma en el manejo de esta
problemática con la finalidad de transitar hacia un enfoque basado en la
salud pública. Vivir en paz y concordia es una aspiración legítima de
cualquier sociedad, particularmente de una que, como la mexicana, se ha
visto vulnerada y ultrajada, y que ha vivido con temor al menos durante
los casi 20 años que van del presente siglo.
Dar satisfacción cabal a esos anhelos es una enorme deuda de los
gobiernos recientes y una responsabilidad indeclinable del gobierno de
AMLO, más allá de los foros, para resarcir tantos agravios, hacer
justicia y comenzar, de una vez, la pacificación nacional.
*Profesor universitario
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