Declaración de la Coordinadora Socialista Revolucionaria
“El
proletariado, para ser capaz de gobernar como clase, debe despojarse de
cualquier residuo corporativo, de todo prejuicio o incrustación
sindicalista”
Antonio Gramsci
La conmemoración del 1 de mayo de 2019 se ha realizado en medio de un
proceso de recomposición de la lucha de la clase trabajadora, de nuevos
esfuerzos de articulación del sindicalismo independiente y de una
reciente reforma laboral que abre importantes oportunidades para
enfrentar al charrismo sindical y construir organizaciones sindicales
auténticas.
La aplastante derrota electoral de los partidos de
la derecha, PRI y PAN -que auspiciaron y protegieron la existencia de un
aparto corporativo burocrático que mantuvo oprimida y maniatada a la
clase trabajadora a lo largo de casi 80 años-, ha generado mayor
confianza en la clase trabajadora para destruir a ese aparato,
democratizar sus organizaciones sindicales y alcanzar mejores
condiciones de vida y de trabajo. Esa es la razón que explica el
histórico triunfo de las 96 huelgas de la maquila en la ciudad de
Matamoros, Tamaulipas, a principios de año; del repunte de huelgas del
sindicalismo universitario, de disputas por la titularidad de contratos
colectivos o la formación de corrientes sindicales disidentes en gremios
tan importantes como el petrolero, seguro social, la educación, entre
otros.
Después de muchos años de no hacerlo, la plaza del
Zócalo de la Ciudad de México se vio nuevamente desbordada por
contingentes del sindicalismo independiente de la Nueva Central de
Trabajadores (NCT), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del
Sindicato Minero. Grandes movilizaciones también se realizaron en otras
entidades de la república en donde también participaron contingentes de
la combativa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), corriente democrática al interior del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE).
Ese mismo día fue
promulgada una nueva Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo
123 constitucional, que contiene medidas progresivas, por lo menos en
el papel, que otorga a los trabajadores mayores recursos legales para
disputar al charrismo la representación sindical; la obligación del voto
universal, directo y secreto; crear nuevas organizaciones sindicales;
impedir la formación de sindicatos de protección patronal (blancos);
consultar a la base para aprobar la firma de los Contratos Colectivos de
Trabajo (CCT); acceder a su registro público y de las organizaciones
sindicales; obligar a los patrones a cotizar al Seguro Social con el
salario real de los trabajadores y entregar a cada trabajador ejemplares
de los CCT y sus modificaciones, entre otras cosas.
Estos
avances son viejas demandas por las cuales ha luchado el sindicalismo
independiente desde hace décadas y que ahora son posibles porque están
acompañadas de la presión del sindicalismo de Estados Unidos y Canadá
para que el capítulo laboral (Anexo 23-A) del Tratado México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) obligara a México a realizar cambios en materia
de justicia laboral y libertad sindical. A esta misma lógica obedece la
ratificación, por parte del nuevo gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), del Convenio 97 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva.
Para que estos logros no queden en letra muerta, es
muy importante que las dirigencias sindicales conozcan el contenido y
alcance de esta reforma y elaboren estrategias para impulsar la
sindicación de los trabajadores no organizados (casi el 90 por ciento
del total de la fuerza de trabajo), disputar al interior o como
sindicatos independientes, la representación sindical; unificar en una
misma organización democrática e independiente del gobierno, y de
cualquier partido político, al conjunto del sindicalismo independiente y
democrático. Se ha abierto una coyuntura muy favorable para que la
clase trabajadora mexicana alcance su objetivo más preciado y
estratégico: enviar al charrismo sindical al basurero de la historia.
Lograrlo significará un verdadero golpe mortal al viejo régimen de
dominación priista.
Los avances que representa esta reforma no
pueden hacernos olvidar, ni por un momento, que aún queda pendiente
revertir la reforma neoliberal de 2012 que legalizó la precariedad
laboral al reglamentar laxamente el outsourcing; facilitar y abaratar el
despido de trabajadores; reducir a un año el derecho a salarios caídos
en caso de litigio y establecer el pago por hora; ampliar los contratos
temporales a prueba y capacitación y atentar contra la bilateralidad de
la relación obrero patronal al permitir acuerdos individuales entre
patrones y trabajadores.
Aún reconociendo la bondad de algunas
medidas de la política laboral obradorista –agreguemos el aumento a los
salarios mínimos nacionales del 16 %, en la frontera norte del 100 %,
becas para estudiantes y trabajadores jóvenes, eliminar el carácter
punitivo de la evaluación magisterial e impulsar el fortalecimiento de
empresas estratégicas como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y la no represión a movilizaciones
sociales-, todavía son insuficientes para confiar en que su gobierno ha
emprendido un curso antineoliberal. Menos aun cuando debemos mantener
una postura crítica ante las decenas de miles de despidos de empleados
públicos ocasionados por la “austeridad republicana”, la intromisión en
la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el
mantenimiento de un tope a los salarios mínimos y profesionales, su
reticencia a dialogar con las direcciones del sindicalismo independiente
o dejar en pie aspectos fundamentales de la reforma educativa de
Enrique Peña Nieto.
El movimiento sindical no debe bajar la
guardia ante el gobierno de AMLO. Debe mantener en alto reivindicaciones
como la de revertir las reformas neoliberales del 2012; recuperar
gradualmente la pérdida del 70 por ciento de la capacidad de compra de
nuestro salario, producto de 30 años de neoliberalismo; reducir la
jornada laboral a 35 horas semanales; regresar al régimen solidario de
pensiones y por el control de las organizaciones sindicales de los
fondos de pensiones; revertir las reformas neoliberales en materia
educativa y energética; aplicar un impuesto progresivo a las grandes
fortunas; demandar una auditoria a la deuda pública y desconocer las
deudas odiosas.
Es muy importante que el sindicalismo
democrático comprenda que se ha abierto una nueva coyuntura, que demanda
una exacta comprensión de los cambios políticos acontecidos, para
elaborar una nueva estrategia y táctica para emprender la ofensiva en
contra del charrismo sindical y fortalecer la auto organización de la
clase trabajadora. Es insensato continuar utilizando las mismas formas
de lucha ante un gobierno diferente al PRI y al PAN, aunque tampoco haya
roto con el neoliberalismo.
Sobre todo, es necesario superar
las visiones gremialistas e inmediatistas, tan arraigadas en el conjunto
del sindicalismo mexicano, construyendo una visión de clase y de largo
plazo, es decir que, sin perder de vista el objetivo de nuestra
emancipación total, tengamos la capacidad de pensar políticamente y
actuar localmente. Es la capacidad de construir un movimiento que
abarque al conjunto de la clase trabajadora –convirtiéndose en el
caudillo de una nación oprimida como la nuestra (hegemonía)-, y su
aplicación en sus propios espacios, lo que convierte a los gremios en su
conjunto en una clase.
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