Presidencia de la República distribuyó la carta que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa remitió al jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, en la cual solicitó que le restituyan los elementos de seguridad que tenía, debido a que durante su gestión fue objeto de amenazas y conoció reportes de inteligencia sobre acciones para atentar en su contra. Tras desearle el mayor de los éxitos como Presidente, Calderón explicó a López Obrador que carece de solvencia económica para financiar por sí mismo la seguridad requerida.
Fechada el pasado 11 de enero de 2018 (sic), en la misiva –mediante la cual consiguió que López Obrador le asignara elementos del Ejército para su resguardo– Calderón justificó su petición al mencionar que en su caso “dicha protección la necesito y se justifica dados los riesgos asociados al desempeño del cargo, por lo que lo que respetuosamente le solicitó encuadra perfectamente en el concepto definido por la propia Constitución como ‘servicios de seguridad que requieren los servidores públicos por razón del cargo desempeñado’”.
Como lo ofreció hace tiempo, López Obrador hizo pública la carta en la cual Calderón puntualizó que le escribía para tratar un asunto especialmente delicado para él y su familia. Si bien reconoció que en el despliegue de seguridad a ex funcionarios ha habido excesos, aseguró que no era su caso porque en la Presidencia se adoptan decisiones especialmente complejas y delicadas.
En las dos cuartillas que escribió al Presidente, Calderón consideró terriblemente injusto que los hijos, las personas que más se quiere, queden en estado de indefensión por razones políticas completamente ajenas a su voluntad y en circunstancias de riesgo que son claramente evitables a través de medidas de protección que son, razonablemente obligadas de proveer a las personas que, por razones inusuales, las padecen.
Estas fueron las principales razones por las cuales hizo la petición para que López Obrador gire órdenes a quien corresponda para que se restituya a mi familia un nivel mínimo de protección, argumentando además que no cuenta con la solvencia económica –como pudiera ser en otros casos similares– para contratar por sus propios medios la seguridad que requiere.
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
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