Amarela Varela / Verónica Ruíz
La Jornada
Desde abril de 2019 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ensaya nuevas formas de
contenciónde la transmigración en México. La violencia con la cual se busca frenar el éxodo forzado de millones de personas –en especial centroamericanas– contradice el discurso utilizado por AMLO durante su campaña presidencial, cuando prometió políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos para este grupo poblacional.
En menos de un semestre hemos visto virar al Estado mexicano a través
de declaraciones y acciones de sus funcionarios: desde la puesta en
práctica de acciones como el otorgamiento de tarjetas de visitantes por
razones humanitarias que combinaron con la declaración de intenciones de
establecer
cortinas de desarrollocomo fuentes de empleos para los transmigrantes, hasta la actual implementación de redadas contra
caravanerosque transitan dispersos en pequeños grupos los caminos de La Bestia, después de lo sucedido en Pijijiapan, Chiapas, el pasado 22 de abril, cuando agentes de migración detuvieron con extrema violencia a familias que componían lo último de las caravanas de las que tuvimos noticia.
Estas redadas combinan la participación de agentes migratorios con
policías federales que, en horarios nocturnos y en zonas despobladas,
hacen uso de una extrema crueldad en contra de niños y adolescentes
migrantes durante las detenciones, eventos que tienen cada vez menos eco
en la opinión pública.
Producto de nuestro trabajo etnográfico, tenemos noticia de redadas
contra caravaneros que ante los ataques señalados decidieron tomar La Bestia para sortear los retenes de carreteras que se han puesto en marcha como respuesta del gobierno mexicano a los migrantes.
Las redadas están sucediendo tanto en el sur sureste como en el
centro del país y los migrantes señalan un punto particularmente
violento: el corredor Apizaco-Huehuetoca, donde policías federales y
agentes de migración acorralan a los migrantes en descampados
desplegando operativos a escasos kilómetros de los albergues religiosos
para migrantes, en una estrategia que leemos como
asfixiapara quienes consiguen traspasar los primeros retenes federales de la frontera sur de la nación.
Las familias entrevistadas denuncian que se vieron en la necesidad de regresar a los viejos modos de traslado en La Bestia
para evitar las redadas en las que se utilizan gases lacrimógenos,
balas de goma contra adolescentes migrantes, golpizas a niñas de entre
cinco y nueve años delante de toda la familia para que ésta se
entreguey aborde
voluntariamentelas perreras del Instituto Nacional de Migración (INM), para su inmediata deportación en masa. Estas acciones gubernamentales son señaladas como tortura contra la población migrante por los tratados internacionales referentes a los derechos humanos.
Estos testimonios sorprenden por el uso desmesurado de violencia
hacia menores de edad como nueva estrategia para disuadir las voluntades
de los adultos. Por otro lado, el retorno a los viejos modos y rutas de
desplazamiento clandestinas por parte de los migrantes generarían mayor
vulnerabilidad, pues en todos los testimonios se habla de asaltos,
violación sexual, robo de documentos e incluso ataques del crimen
organizado.
En noviembre de 2018 la prensa mexicana e internacional dio especial
cobertura a la política estadunidense de separación de familias, a la
que calificó de cruel y violatoria de los derechos humanos. La sociedad
civil –incluso la menos politizada– mostró su rechazo a dicha estrategia
de disuasión migratoria. No obstante, hoy vemos con preocupación que la
sociedad mexicana
naturalizael éxodo centroamericano y sus condiciones de alta vulnerabilidad. Preocupa que el actual gobierno haga uso de prácticas de tortura contra la niñez migrante, lo cual significaría una suscripción de la guerra total que en la era Trump se declaró contra migrantes y refugiados.
La mayoría de los migrantes cumplen con los criterios requeridos para
reconocerles como refugiados. La pregunta obligada es ¿por qué nuestro
gobierno se niega a reconocer a estos desplazados como lo que son y, en
cambio, suscribe las políticas del gobierno de Estados Unidos? Se les
niega este estatuto cuando se criminaliza la migración de hombres,
mujeres y niños mediante el uso de violencias muy parecidas a las que
viven en sus países de origen, encerrándolos en lugares que distan de
ser albergues, prohibiendo a la sociedad civil que les proporcione
alimentos e impidiendo el ingreso de las caravanas a las ciudades y
poblados para abastecerse de agua y resguardarse de las temperaturas
extremas, arrestándolos de forma irregular en espacios públicos,
negándoles permisos de tránsito y trabajo, negándoles incluso acceso a
servicios básicos de salud y a la seguridad en su camino hacia la
frontera norte. Coartándoles el derecho fundamental a la vida.
A seis meses del gobierno de la 4T, las instituciones involucradas con la
gestión de lo migratorio, que incluye además de la PF y el INM al DIF, la Ssa o protección civil, sólo buscan disuadir el modelo caravana y disolver todo tipo de organización migrante. Con estas acciones el Estado sigue sumando violaciones graves a los derechos humanos contra la población migrante. Independientemente de la filiación ideológica o partidaria de quienes hoy detentan el poder, la violencia estatal contra los migrantes no sólo va en aumento y complejizándose, sino que apuesta por agredir a la niñez y usarla como rehén de sus nuevos lineamientos. Las responsabilidades jurídicas e históricas del Estado mexicano a este continuum de violencia todavía están por ser articuladas como demanda de justicia por nosotros los mexicanos, pueblo migrante.
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