Jorge Witker Velázquez*
La Jornada
Antes de que los aires
de cambio llegaran al Conacyt, un reducido número de personas y grupos
tenía el control del sector: una combinación de corporativos, con
comisionistas y testaferros incluidos, eran los verdaderos amos de la
ciencia y la tecnología, en contubernio con científicos más o menos
prestigiosos y ex servidores públicos convertidos en políticos,
consultores y gestores privados de proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico.
La aplicación discrecional del actual marco jurídico y las prácticas contra legem imperantes en el sector daban sostén a la
casta divina. No es de sorprender que los cambios legislativos que apuntan a desarmar los privilegios y mecanismos de transferencia de recursos públicos a agentes privados causen alboroto y provoquen jaloneos entre los integrantes más conservadores de la comunidad CTI.
Por supuesto, la participación plural e incluyente en la formación de
políticas públicas y normatividad es fundamental. Adentrarse en un
proceso legislativo promoverá que, dentro o fuera del Congreso, los
diversos actores tengan oportunidad de expresar sus demandas y
aportaciones, pero también permitirá que la ciudadanía, así como
científicos y tecnólogos de a pie, intervengan en la reconfiguración de
un sector alejado de las bases sociales y los procedimientos
democráticos.
Al respecto, salvo valientes excepciones, las opiniones de juristas y
politólogos expertos han sido hasta ahora superficiales y sesgadas. No
puede ser de otra manera cuando la ética profesional se rige por el
oportunismo ni cuando la defensa de intereses mezquinos se reviste de
falsa objetividad científica y supuesta imparcialidad política.
La forma de gobernanza excluyente que ha imperado en el sector y la
profunda manipulación epistémico-conceptual que rige el discurso
cientificista neoliberal dan cuenta de la concentración real de poder
que operó a través de una compleja red de corrupción y simulación de
contrapesos democráticos al interior del Sistema Nacional de CTI, así
como de los límites prácticos de la libertad de investigación bajo
condiciones que, en nombre de la innovación y la competitividad,
supeditaron su ejercicio a las necesidades del mercado capitalista
global.
El centralismo autoritario y el sesgo ideológico de la política de
ciencia y tecnología que desde los medios y las redes sociales se han
denunciado como un futuro inminente de aprobarse cambios profundos en la
legislación actual, más bien caracterizan la realidad efectiva del
sector en años previos, y es que las críticas dirigidas a la política y a
las propuestas de la 4T en el sector le acomodan bien a las leyes
vigentes y a los usos de la decadente élite científica y tecnológica del
neoliberalismo mexicano.
No obstante, lo más importante es que los voceros del statu quo
no distraigan la atención de la ciudadanía y de la comunidad científica
del centro de la controversia: la legitimidad de los mecanismos legales
vigentes de financiamiento de ciencia y tecnología que por años han
favorecido intereses privados, pero que no contribuyeron sustancialmente
al desarrollo nacional ni redundaron en el beneficio de la sociedad. Es
indispensable que las autoridades competentes revisen escrupulosamente
el uso que se le dio a los fideicomisos públicos en el sector.
Por supuesto, la investigación y el desarrollo tecnológico que apoya
el Estado con recursos públicos no pueden dejarse a la discreción
absoluta del sector privado ni someterse a las exigencias abstractas del
mercado, menos aún pueden desentenderse del interés público o del
bienestar social.
En los ejes rectores del nuevo Conacyt se proyecta un escenario de
ciencia comprometida con la sociedad, el ambiente y la biodiversidad del
país mediante el impulso efectivo a la investigación de frontera, el
fortalecimiento de la comunidad científica, el apoyo a proyectos
nacionales estratégicos de ciencia y tecnología, así como al desarrollo
de fuerzas productivas nacionales, la transferencia tecnológica y la
apropiación social de la ciencia.
El diálogo de saberes, la soberanía tecnológica y el direccionamiento
del capital científico y tecnológico nacional hacia la gestión de
asuntos públicos, constituyen una sólida base sobre la cual el gobierno
federal podrá enfrentar los retos sociales, económicos y ambientales más
acuciantes del país.
La comunidad CTI sabe que las cosas han cambiado y que su
participación comprometida es esencial para consolidar la transformación
del sector. Ojalá que también los abogados e ideólogos del
cientificismo formalista entiendan que estamos en un nuevo régimen, pues
su necedad no es más que un indicador contundente de la crisis de un
modelo de sociedad que pretendió robarle el futuro a millones de
mexicanos.
* Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores.
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