La Jornada
Editorial
El titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo
Manzur, informó que en 21 años de operaciones la minera Grupo México ha
ocasionado 22 accidentes ambientales. En conferencia de prensa para
informar sobre el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico que se
produjo en una instalación de la compañía en el puerto de Guaymas, el
funcionario se refirió también al vertido de 40 millones de litros de
esa sustancia en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, el mayor desastre
ambiental de la industria minera en el país. Toledo y la procuradora
federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza, resaltaron el
incumplimiento del convenio firmado entonces por la empresa y la
Profepa, por el que la primera se comprometía a remediar los daños
sociales y ambientales causados por su filial Buenavista del Cobre.
Por su parte, el senador y líder de los trabajadores mineros Napoleón
Gómez Urrutia llamó a que se haga justicia y se finquen
responsabilidades por el incidente en el que 65 mineros perdieron la
vida tras el colapso en uno de los túneles de la explotación carbonífera
de Pasta de Conchos, otra instalación operada por Grupo México.
Al inaugurar una muestra fotográfica sobre la tragedia ocurrida hace
13 años, el legislador señaló la negligencia de la trasnacional que
evadió las inversiones necesarias para que la mina operase en
condiciones seguras.
Si bien el propio secretario de Medio Ambiente indicó que se debe
estudiar caso por caso porque no todos los incidentes han tenido la
misma magnitud (por ejemplo, aparentemente lo ocurrido en Guaymas no
dejará secuelas mayores), la repetición de estos eventos apunta a todas
luces a la existencia de un patrón de conducta que obliga a revisar el
historial de la empresa.
En este sentido, no puede pasarse por alto que la lista de Semarnat
sólo incluye los accidentes con impacto ambiental, pero no aquellos de
índole laboral.
Más allá del análisis puntual de cada incidente, los emblemáticos
casos de Pasta de Conchos y Buenavista del Cobre dejan claro que las
autoridades de sexenios anteriores fueron omisas en vigilar el
cumplimiento del marco legal y que la compañía lo aprovechó para
persistir en una actitud irresponsable, caracterizada por la búsqueda
del lucro a expensas del entorno, de las vidas de sus trabajadores y de
la salud de quienes habitan en las cercanías.
En suma, es evidente que a estas alturas no basta con hacer cumplir
la legalidad flagrantemente violada en el pasado, sino que además debe
modificarse el marco legal para obligar a las empresas a operar con un
mínimo sentido de responsabilidad social, algo de lo que hoy por hoy
muchas de ellas presumen sin darle más sustancia que la de un mero
eslogan.
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