Políticos-empresarios, ese binomio cuadrado perverso, no se limitó a la simple práctica de la corrupción, esa que adjudica contratos con moche de por medio, infla costos en obras o reporta en informes construcciones y equipos inexistentes.
Tampoco fue sólo el desvío para la compra de votos que se ocultaba detrás de satisfactores inmediatos como el reparto de despensas, materiales de construcción y tinacos, donde naturalmente había una red de contratantes, proveedores y contables que maquillaban cifras, todo para el aprovechamiento electoral de lo que se supone es de todos.
No fue nada más rascarle al presupuesto con facturas falsas, agarrar dinero para mandarlo a cuentas o bienes personales, ni ese tipo de corrupción que, en la mordida, alcanza para especular en bienes raíces o se beneficia de una concesión transportista, minera o por agua.
Hablo de la gran corrupción, esa que condenó a millones de personas a través de un siglo a pagar la deuda con la que se salvó a los grandes magnates mexicanos o que, en el favor gubernamental, evadieron las obligaciones fiscales con las que se pudo financiar el progreso.
La semana pasada, Ricardo Monreal presentó su libro “Reforma al sistema financiero mexicano, una visión de futuro” (MA Porrúa. 2019), en el que ofrece numerosos datos para evidenciar el abuso –digámoslo en lenguaje presidencial— leonino de la banca pero que, a efectos de este artículo, destaca el cálculo por lo que aun falta de pagar del rescate bancario de los años noventa: 170 años.
El reportero Alejandro Lelo de Larrea tomó nota del dato y, en “la mañanera” del 15 de julio, se lo preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador, autor de “Fobaproa, expediente abierto” (Grijalbo. 1999), quien no sin antes explicar que no podrá hacer nada al respecto (tampoco, ya lo dijo hace un año, cambiará el sistema financiero como propone Monreal), dimensionó el costo:
Fue Ernesto Zedillo quien dijo que costaría 110 mil millones de pesos. Hoy, la deuda por ese rescate que permitió subsistir a los magnates mexicanos suma ya 2 billones de pesos y cada año, el país debe destinar sólo al pago de intereses hasta 50 mil millones.
Personalmente no puedo dejar de recordar que la motivación para aumentar el IVA de 10% a 15% en 1995 fue paliar la crisis que incluiría más tarde ese rescate de los ricos mexicanos a costa de todos los demás. Y que fue Felipe Calderón quien, argumentando entre otras cosas que era necesario tener recursos para comprar vacunas contra la influenza, aumentó a 16% el cobro de dicho impuesto que nadie en este país podemos evadir a la hora de comprar algo.
Siempre habrá quien diga que los países desarrollados tienen impuestos altos y sí. Lo que no se supone tengan son las enormes exenciones de impuestos que los más ricos de México han gozado y que recientemente fueron prohibidas por el gobierno actual.
En la misma “mañanera”, López Obrador informó que en los dos sexenios pasados se condonó impuestos por el orden de 400 mil millones de pesos. Destaca el año 2013, cuando el presidente Peña Nieto perdonó 219 mil millones. También que a 153 mil 422 personas, esto es el 99.93% del total de los beneficiarios, se le condonó un millón 229 mil pesos a cada uno en promedio. Pero hubo 108 beneficiarios, a los que se les condonaron mil 972 millones de pesos a cada uno en promedio.
Acaso la mayoría de esos 108 “grandes contribuyentes” y, en particular 16 que por la gracia presidencial evitaron pagar más de 5 mil millones, sean los mismos que se beneficiaron con el Fobaproa, esa entelequia opaca y onerosa que en impuestos pagaron nuestros abuelos, padres, nosotros mismos y que quizás seguirán pagando hasta los tataranietos de nuestros tataranietos.
Mientras ellos, los magnates, verdaderos hampones, figuran generación tras generación, en las listas de millonarios de México y el mundo. Su legado, debiera ser, el oprobio también una generación tras otra.