Editorial La Jornada
Los accesos a la Cámara
de Diputados fueron obstruidos ayer por diversas organizaciones
campesinas que se movilizaron para protestar contra la desaparición de
programas sectoriales de apoyo al campo y el subejercicio del gasto
público destinado al ámbito rural. Los manifestantes también exigieron
que se reanuden los operativos para impedir la tala ilegal en el
municipio de Ocuilán, estado de México, entre otras demandas.
La movilización campesina en San Lázaro aglutinó a heterogéneas
expresiones de descontento que en semanas anteriores habían alzado la
voz en varias regiones del país.
Algunas de estas expresiones poseen una legitimidad incuestionable y
deben ser atendidas a la brevedad posible, como sin duda es el caso de
los habitantes de la zona limítrofe entre los estados de México y
Morelos que piden poner freno a los grupos de talamontes ilegales.
En lo que respecta al subejercicio presupuestal, es necesario que las
autoridades competentes aclaren si éste existe y, de ser así, cuáles
son las causas de que no se hayan empleado todos los recursos
disponibles para apoyar a los productores agrícolas.
El último de los reclamos mencionados, tocante a la sustitución de
programas sectoriales por políticas generales centralizadas, posee
aspectos complejos y un telón de fondo que es necesario mirar con
detenimiento.
Por un lado, debe recordarse que el gobierno federal planteó este
remplazo y la consecuente entrega directa de apoyos a cada campesino
como parte de la estrategia global de combate a la corrupción, y en este
sentido resulta loable el esfuerzo por acabar con la intermediación de
caciques y liderazgos espurios que por décadas se constituyeron en
poderes fácticos no pocas veces violentos mediante la captura y el
manejo discrecional del dinero público.
Por otro lado, no puede pasarse por alto que la economía campesina
requiere de organizaciones para gestionar satisfactores a sus
necesidades como el acceso al crédito, la asistencia técnica, la
irrigación o la distribución, y que en su conjunto el mundo rural tiende
a funcionar a través de dinámicas colectivas, no individuales.
En atención a esta realidad, la lucha contra las malas prácticas que
han plagado al agro tendría que diseñarse de tal manera que se distinga
con claridad a los liderazgos espurios de los que no lo son, pues no
puede negarse que frente a los intereses caciquiles existen dirigencias y
organizaciones legítimas, cuya presencia es fundamental para el
desarrollo agrario que urge a la nación.
En suma, habrán de buscarse las fórmulas acertadas para que esos
programas trabajen en armonía con los tejidos sociales auténticos y las
formas de representación que realmente ayudan a los labriegos mexicanos.
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