A pesar de su larga experiencia en soltar rumores, amarrar acuerdos secretos, manipular las reglas electorales, comprar votos, intimidar a los partidarios de sus rivales y demás recursos de la guerra sucia, el PRI enfrenta una situación inédita en su actual proceso para renovar su dirigencia: sus aspirantes tienen que cuidarse unos de otros porque se conocen las mañas. Sin embargo, aun en esta circunstancia las fórmulas de los exgobernadores Ivonne Ortega y Ulises Ruiz –ella sin registro– señalan que la actual cúpula partidista, 11 gobernadores y el expresidente Enrique Peña Nieto apoyan ilegalmente al candidato “oficial”, el exmandatario de Campeche Alejandro Alito Moreno.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las acusaciones de fraude, compra de votos y rebase de topes de campaña ya aparecieron en la contienda interna del PRI, en la cual el aspirante más señalado es Alejandro Moreno, a quien se acusa de ser el “candidato de la cúpula”.
A poco más de dos semanas del arranque de la campaña por la dirigencia nacional, dirigentes priistas manifiestan su preocupación por la posibilidad de que la votación se lleve a cabo en medio de presiones, amenazas y acarreo por parte del exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, y su compañera de fórmula Carolina Viggiano, esposa del exgobernador de Coahuila Rubén Moreira.
La conflictiva situación ya originó fracturas en el PRI y más imputaciones a la actual dirigencia de Claudia Ruiz Massieu, así como a los 11 gobernadores priistas que manifestaron su apoyo al exmandatario Alejandro Moreno. A éstos, principalmente al mexiquense Alfredo del Mazo, se les señala de inflar el padrón con nuevos militantes “comprados” a favor de Moreno y de entregarle dinero.
Ulises Ruiz y Coral Valencia, a quienes la Comisión Nacional de Procesos Internos les negó el registro por no contar con todos los apoyos marcados en los estatutos, acusan que con esa acción la cúpula cargó los dados a favor de Alejandro Moreno. Lo atribuyen a que su fórmula anunció que si ganaba haría lo posible para que se investigara al expresidente Enrique Peña Nieto por actos de corrupción en su gobierno que también afectaron al partido.
“El PRI está secuestrado por unos cuantos, por los que siempre se benefician, por los que siempre tienen la oportunidad de tener un cargo”, dijo Carolina Valencia, del Movimiento Territorial y aspirante a la secretaria general, entrevistada en las instalaciones de una televisora durante un recorrido por Guanajuato.
En tanto, Ulises Ruiz demandó la suspensión de los derechos políticos de Moreno luego de que se le atribuyera la propiedad de un inmueble con valor de casi 50 millones de pesos, ubicado en una zona escénica de playa en Campeche, con mil 900 metros cuadrados de construcción en un área de 7 mil.
Según Ruiz, a su vez exgobernador de Oaxaca, el expresidente Peña Nieto comprometió la entrega del PRI con el presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso apoya a Moreno, que es parte de la negociación.
Coincide con este señalamiento la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, quien afirma que López Obrador está metido en la contienda interna y que gobernadores como el de Oaxaca, Alejandro Murat, forman parte del acuerdo entre Peña Nieto y López Obrador para que Moreno presida el tricolor.
Ortega también se dice objeto de la guerra sucia, en la que se la ataca por ser madre soltera y se esparce el rumor de que declinará a favor de Moreno o que dejará el partido.
Su compañero de fórmula, José Alfaro, asegura: “La cúpula está desesperada porque su candidato (Alejandro Moreno) no levanta, por lo que su estrategia se basa en rumores y mentiras. Les pedimos que dejen de inventar chismes, Ivonne y yo vamos muy bien en esta lucha para acabar con las mañas cupulares como el amiguismo, el dedazo y la imposición”.
Colaboradores de Ortega y Alfaro informaron que esa campaña contra ellos incluye videos en redes sociales en los cuales otros grupos del PRI falsifican la propaganda de su fórmula y sustituyen textos para denostarla.
En entrevista con Proceso, Ivonne Ortega afirma que ya registraron y entregaron los videos y mensajes mencionados a las instancias correspondientes del partido para que actúen conforme a los estatutos.
A pregunta expresa, comenta: “Hay diferentes situaciones que ponen en entredicho la credibilidad del partido. Son acciones de algunas personas y no de sus militantes, que sufren acusaciones e insultos por decisiones que toman otros y que por cierto se benefician mucho.
“Esta pequeña cúpula sigue protegiéndose. Por ejemplo, el caso de la casa de Alejandro Moreno nos lastima mucho como militantes y el candidato de la cúpula está obligado a aclarar de dónde vienen los recursos, primero con los militantes y con la sociedad. Estos son temas, como la transparencia, se han venido buscando desde hace tiempo y ahora todos tendríamos que estarlos cumpliendo.”
En cuanto a la intromisión de los 11 gobernadores –todos los del PRI, excepto la sonorense Claudia Pavlovich–, Ortega considera que el mejor apoyo de los mandatarios a su partido no es apuntalar a un candidato sino ganarse la confianza de los ciudadanos:
“Si se meten al proceso, si desvían recursos al proceso interno, sería muy grave para todos porque de eso nos han estado acusando durante mucho tiempo y hoy tenemos que cuidarlo para que el partido vuelva a tener credibilidad entre los militantes y después conquistar a la sociedad.”
El 11 de agosto se instalarán 6 mil casillas para los comicios internos y se usará el padrón de 6 millones 605 mil 740 militantes registrados en el Instituto Nacional Electoral. Todo el proceso costará alrededor de 80 millones de pesos, que el partido consiguió mediante la hipoteca de su edificio en José María Lafragua número 3, colonia Tabacalera. Se estableció que cada candidato gaste 4 millones 290 mil pesos.
A la caza de mapaches
La imagen de Alejandro Moreno, a quien los priistas llaman Alito y sus detractores Amlito, por su presunta cercanía con el presidente López Obrador, sufrió un golpe cuando el diario Reforma dio a conocer que tiene una propiedad valuada en casi 50 millones de pesos.
No respondió Moreno. Su vocero Paul Ospital envió al periódico una carta en la cual afirma que la casa del gobernador con licencia sólo abarca tres y no siete lotes, y que su precio aumentó debido a que, al comprar los terrenos, entre 2011 y 2015, estaban cubiertos de maleza.
Afirmó que dos de esos lotes le fueron donados a Moreno y uno más lo está pagando mediante un crédito. “Vivimos tiempos políticos al interior del partido político en el que militamos y reconocemos declaraciones de actores políticos, dentro y fuera de la campaña, para dañar la imagen del candidato y sus aspiraciones”, dice Ospital en la carta.
La aspirante Ivonne Ortega se refirió a ello en la entrevista con este semanario:
“Ya tenemos otro escándalo de otra casita blanca, que ahora Alito tiene que aclarar”, dice en alusión al escándalo de corrupción que le estalló a Peña Nieto y a su esposa Angélica Rivera por la residencia que le obsequió Armando Hinojosa, propietario del Grupo Higa, quien obtuvo diversos contratos del gobierno priista.
–Se está jugando la credibilidad del partido, que es el punto esencial de todo este proceso… –se le comenta a la exgobernadora de Yucatán.
–El 11 de agosto lo que se juega es saber si queremos que sigan unos cuantos decidiendo por el partido y que nos ha llevado hasta donde estamos hoy o si la militancia real, la de a pie y que sufre ahora las embestidas de los gobiernos, es la que va a decidir. Lo que José Encarnación y yo queremos es tener la voz de la militancia desde la dirigencia.
–¿Se juega el PRI su futuro?
–Por supuesto, lo que se está jugando es si queremos tener un partido de oposición, que sea contrapeso y pueda denunciar o señalar las decisiones que toma este gobierno. Hoy estamos desdibujados como partido, no nos vemos y lo que observamos son decisiones que lastiman a la vida de las familias y no hay partidos que puedan encabezarla.
“Nosotros queremos ser un partido de contrapeso, un partido de oposición, y que los militantes nos digan cuáles son los acuerdos que tenemos que construir en las cámaras, con nuestros propios gobernadores.”
–¿Se está jugando limpio?
–Lo que se ha comentado se ha quedado corto. El reto más grande ya lo pasamos el 22 de junio, con el registro obtenido a pesar de todos los candados, de manera que al final no se cumplan y quede un candidato de unidad. Pero no es verdad, no es candidato de unidad, es el candidato de la imposición.
Manifiesta que al interior del PRI ya se está organizando la “cargada”: “Más que convencer a la militancia, lo que quieren es dar línea, obligarlos con amenazas, asustándolos, diciendo que los van a despedir y una serie de cosas que han venido haciendo y que las tenemos documentadas para presentarlas en las instancias partidistas”.
–¿Compra de votos?
–Seguramente lo van a intentar, pero no lo vamos a permitir, vamos a tener gente en todo el territorio para que esas cosas no ocurran.
Ortega sostiene que su fórmula quiere construir un partido sin escándalos de corrupción, sin candados para la participación de la militancia, en el que se reconocen los liderazgos de la base militante y se le dé la oportunidad de participar a todo aquel que quiera competir por un puesto en la dirigencia o de elección popular: “Hay que quitar la cultura del amiguismo y del compadrazgo y regresar al reconocimiento del liderazgo”.
–Es un reto complicado. Implica combatir usos y costumbres del PRI –se le plantea.
–Por supuesto, pero se hará aunque sea difícil.
Sobre la fiscalización de los recursos usados en la campaña, Ortega advierte que se debe actuar de manera transparente para dar a la ciudadanía confianza y credibilidad en el proceso de elección.
Por ello, dice, ella ha sido transparente en los gastos de transporte, organización de eventos, uso de salones y hasta en los apoyos de sus seguidores.
“Esperamos que el candidato de la cúpula también lo haga porque sólo con el evento de la inscripción y el de Oaxaca se está llevando el doble del tope de campaña. Él tendrá que aclarar de dónde sale el dinero de los camiones, de las comidas, del acarreo, las camisetas y todo lo que hemos visto, para lo que, por supuesto, no alcanza con los 4 millones de pesos, que es el tope.”
–¿Puede ocurrir un fraude interno, que se roben la elección?
–No, nosotros estamos garantizando la representación electoral para evitar un fraude. Sólo se puede hacer cuando no tienes un representante electoral en la casilla. Lo que están acostumbrados a hacer, más que convencer a los militantes, es embarazar las urnas. Pero si nosotros tenemos representantes en las casillas vigilando, no van a poder hacer eso.
Esa es la razón de que invite a que participen observadores electorales externos en las mesas receptoras, particularmente en los estados de Oaxaca, Coahuila, Campeche y Chiapas, donde se ha visto un crecimiento del registro de militantes a favor de Moreno.
–Es como cazar mapaches.
–Tenemos un movimiento que se llama Militante Vigilante. Las cosas que hemos venido denunciando es precisamente porque se ha roto el miedo. Se han atrevido a grabar, tomar fotos y evidenciar las cosas que están haciendo incluso funcionarios de los comités directivos estatales, de los sectores y de las organizaciones que deberían de estar en una condición de imparcialidad total por el bien del partido.
Este reportaje se publicó el 14 de julio de 2019 en la edición 2228 de la revista Proceso