Editorial La Jornada
En respuesta al asedio militar y policial del gobierno boliviano de facto
en contra de la embajada y la residencia oficial de nuestro país en La
Paz, ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó un
instrumento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal
órgano judicial de las Naciones Unidas. La cancillería, encabezada por
Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que el hostigamiento y la intimidación
en contra de la legación diplomática mexicana no tienen precedente y son
incluso mayores a lo vivido durante las dictaduras militares en América
Latina en el siglo pasado.
Como se ha consignado puntualmente en este espacio, la hostilidad del
régimen autoritario boliviano hacia nuestro país se remonta a las
primeras horas tras el golpe de Estado, cuando el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México honraría su
tradición diplomática brindando asilo al ex mandatario Evo Morales.
Desde entonces y hasta que el dirigente del Movimiento al Socialismo
salió de México hacia Cuba y posteriormente a Argentina, los cabecillas
golpistas Luis Fernando Camacho, Carlos de Mesa y Jeanine Áñez se
embarcaron en una serie de ataques verbales contra el gobierno mexicano
por su decisión soberana de brindar asilo a Evo Morales y a integrantes
de su gabinete. A estos exabruptos sin sustento jurídico se ha sumado en
días recientes Jorge Quiroga, correligionario y sucesor del dictador
Hugo Bánzer, nombrado por el golpismo como
delegado ante la comunidad internacionalpor su cercanía con Washington.
Tras la salida de Evo, las intimidaciones de la dictadura instalada
en Bolivia se trasladaron hacia las sedes de la legación diplomática
mexicana, donde se refugiaron los ex ministros de la Presidencia y de
Gobierno, Juan Ramón Quintana y José Hugo Moldiz, junto con otros siete
ex integrantes de la administración depuesta. Todos ellos se encuentran
en espera de los salvoconductos que les permitan abandonar Bolivia, los
cuales han sido negados por el gobierno de la autoproclamada Áñez en
abierta violación al derecho internacional.
Debe remarcarse que el cerco militar contra la embajada y la
residencia oficial no sólo es un acto de intimidación inadmisible hacia
los ciudadanos bolivianos que cuentan con la protección de México, sino
que pone en riesgo la integridad del personal diplomático mexicano en la
nación hermana. De acuerdo con el sitio oficial de la SRE, hasta el
pasado 28 de noviembre la delegación mexicana en La Paz se encontraba
conformada por la embajadora, María Teresa Mercado Pérez; la consejera,
Ana Luisa Vallejo Barba; el segundo secretario, Luis Guillermo Romero
Parra, así como las agregadas administrativas Adaney Yajaira Escobedo
Miranda y Mariana Peña Hernández, cuya seguridad y la de cualquier otro
funcionario designado desde entonces es entera responsabilidad del
gobierno boliviano.
La saña persecutoria contra los integrantes del gobierno
constitucional derrocado se explica en buena medida por el odio racista
que anima a la oligarquía boliviana recién retornada al poder, pero
sería un desatino achacar a esta inquina primaria la escalada de
amenazas e insolencias de las que ha sido objeto nuestra nación. En
cambio, habría que buscar el origen de las agresiones en la notoria
necesidad del régimen golpista de construir un enemigo externo que le
otorgue una coartada para mantener la barbarie represiva desatada desde
el pasado 10 de noviembre. Entendido en esos términos, parece claro que
México es el
enemigoidóneo: se encuentra lejos de las fronteras bolivianas, tiene una vocación pacifista incuestionable y, en suma, no representa para la dictadura ningún riesgo de escalada armada.
La simple amenaza contra la inmunidad diplomática atenta no sólo
contra la relación bilateral México-La Paz, sino contra la misma
convivencia mundial, que resulta en todo punto imposible sin embajadas
seguras. Por ello, así se trate de un mero golpe de efecto
propagandístico para consumo interno, la agresividad contra la
representación diplomática mexicana y la injustificable tardanza en la
expedición de los salvoconductos requeridos para quienes se encuentran
protegidos por el derecho de asilo, sientan un precedente nefasto en las
relaciones internacionales que debe ser rechazado en los términos más
enérgicos por la comunidad de las naciones.
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