Pedro Miguel
Entre 1949 y 1954 el peruano
Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular
Revolucionaria Americana (APRA), permaneció 63 meses asilado en la
embajada de Colombia en Lima, Perú, porque la dictadura militar de
Manuel Odría se negaba a otorgarle el salvoconducto requerido para salir
del país. A la postre, la presión internacional logró que el régimen
accediera a dejarlo marcharse de la nación. El caso se volvió punto de
referencia para la legalidad internacional y desde entonces los
gobiernos, por opresivos y autoritarios que fueran, procuraron no
incurrir en desfiguros semejantes.
Sin embargo, en el trágico septiembre de 1973, los matones que se
hicieron con el poder en Chile, le pusieron el cañon de un fusil en las
costillas al embajador Gonzalo Martínez Corbalá, quien encabezaba la
representación mexicana en Santiago, como una forma de presión para
obligarlo a que entregara a los cientos de asilados que se aglomeraban
en el recinto diplomático; sin embargo, Martínez Corbalá no se dobló y
logró sacarlos, vivos, del naciente infierno pinochetista, para bien de
México, de Chile y de la humanidad en general. Con el correr de los
años, el diplomático mexicano habría de testificar en contra de Pinochet
cuando éste fue pescado en Londres a pedido de la justicia española para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad.
El descrédito internacional no le importó gran cosa a los generales
que interrumpieron violentamente la vida política argentina en 1976. El
menos grave de los crímenes que cometieron fue impedir la salida del
país al ex presidente peronista Héctor J. Cámpora, quien buscó refugio
en la legación de México en Buenos Aires y se vio obligado a permanecer
allí, gravemente enfermo, más de tres años. Hoy, los milicos
que se encaramaron al poder son sinónimo de barbarie y en Argentina hay
calles, plazas y un salón del Senado que llevan el nombre de Cámpora.
El 21 de julio de 1980 Bolivia sufrió un cruento cuartelazo en el que
varios políticos opositores, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz,
fueron asesinados y centenares de perseguidos buscaron asilo en diversas
representaciones diplomáticas. Para el 20 de agosto, el embajador
mexicano en La Paz, Bolivia, Plutarco Albarrán López, reportaba a la
Secretaría de Relaciones Exteriores que había 69 refugiados en la
residencia y 24 en la sede de la embajada. Sin decirlo expresamente, los
militares gobernantes retrasaban la expedición de los salvoconductos
con la intención de forzar a las autoridades mexicanas a que
reconocieran al régimen de facto, cosa que nunca sucedió por la
simple razón de que México no otorga ni niega reconocimiento a régimen
alguno. A la postre, Luis García Meza, Luis Arce Gómez y otros de los matarifes
que participaron en el golpe de julio fueron juzgados y condenados por
sus crímenes en tribunales de Bolivia, Italia y Estados Unidos.
Manuel Odría, Augusto Pinochet, Rafael Videla, Luis García Meza: esos
son los ejemplos que inspiran a las actuales autoridades bolivianas en
su decisión de cercar la representación de México en La Paz con comandos
de asalto y de acosar al personal diplomático de nuestro país. Su
propósito explícito es perpetrar un atropello: capturar a nueve
refugiados que ya recibieron asilo por parte del gobierno mexicano y que
legalmente se encuentran, por consiguiente, fuera de la jurisdicción de
Bolivia.
Pero más allá de lo expresado, la porfiada insolencia con la que los
mandamases bolivianos del momento se han dirigido a nuestro gobierno,
así como sus acciones inequívocamente hostiles hacia la legación
diplomática, buscan obligar a México a que les otorgue su
reconocimiento. Como en 1980, Jorge Tuto Quiroga, Luis El Macho Camacho, Jeanine Áñez, Carlos Mesa y otros cabecillas del actual régimen de facto
boliviano ven en los refugiados en nuestra embajada a rehenes que
pueden ser intercambiados por un acto de legitimación que no llegará
nunca por la sencilla razón de que nuestro país ha recuperado la
Doctrina Estrada, que por consiguiente no mantiene relaciones con
gobiernos, sino con estadosy que, en consecuencia, no tiene por qué
reconocer o desconocer a los primeros.
Pero los golpistas no sólo se caracterizan por su autoritarismo
represivo y criminal, sino también por desconocer la historia; por eso,
tarde o temprano acaban siendo juzgados, en sus países de origen o en
otros. Y los gobernantes del momento en el país andino son responsables
de crímenes mucho mayores que el de lanzar agresiones contra una
embajada.
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