“Para muchas representará una carga adicional que en algunos casos se traduce en distintas expresiones de violencia, aunada a los impactos de las desigualdades socioeconómicas y estructurales”, indicaron a través de un posicionamiento tras el IV encuentro estatal que realizaron los pasados días 1, 2 y 3 de julio.
Durante el evento, las mujeres indígenas de las naciones originarias Ayuuk, Chinantecas, Chontales, Chatinas, Mixtecas, Ikoots, Triquis, Zapotecas (Sierra Norte y Sur, Valles Centrales e Istmo) y Náhuatl coincidieron en la necesidad de seguir visibilizando los desafíos, retos y oportunidades que enfrentan ante la paridad en los Sistemas Normativos Indígenas (SNI).
En este sentido, manifestaron su preocupación por la forma de hacer política pública por parte de las instituciones del Estado mexicano, específicamente en lo referente a la aplicación del decreto 1511 sobre paridad de género, pues “reduce nuestras formas de participación política al número de mujeres que pueden integran los cabildos en los municipios que se rigen por su propio Sistema Normativo Indígena, en consecuencia NO parte del análisis del contexto, cuidado e integridad de las mujeres que habitamos en cada uno de estos 417 municipios, incluidas las agencias municipales, agencias de policías y núcleos rurales”, acusaron.
Las integrantes añadieron que no existen estrategias de Estado que garanticen el libre ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas. Por ello, demandaron garantizar el derecho autónomo de los municipios y las mujeres con respeto al contexto y situación cultural de las comunidades en la búsqueda de la paridad en los Sistemas Normativos Indígenas.
Asimismo, pidieron que la Ley de Paridad no obedezca a intereses y modelos de partidos políticos ni opaque ni violente los derechos colectivos de autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, sino que reconozca que las mujeres que habitan y hacen los SNI son parte de procesos organizativos. Así, exigieron que se reconozca y garantice la continuidad de los procesos orgánicos de participación política en sus comunidades.
Además, demandaron que el Estado deje de regular, validar e invalidar los procesos autonómicos de elección de sus autoridades a partir del criterio numérico de integración paritaria de los cabildos. Finalmente, las integrantes de la AMIO solicitaron que se tomen en cuenta todos los cargos comunitarios que ejercen las mujeres, por ejemplo, tesoreras, secretarias, auxiliares, comités, entre otros: “Para nosotras, representa el ejercicio de un derecho político que ponemos al servicio de la vida comunitaria”.
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