La iniciativa para reconocer esta expresión de violencia fue presentada por la diputada Gabriela Martínez Lárraga, del partido Redes Sociales Progresistas, de la mano del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria (FNCVV). Su propuesta aprobada por unanimidad entre las y los legisladores del estado. Gracias a esto, violencia vicaria ya quedó reconocida dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta violencia tiene diferentes expresiones pero, a grandes rasgos, consiste en que el agresor utilice a sus hijos o hijas para hacer daño a su pareja o expareja a través de ellos. Un ejemplo de esto es la retención de los menores en contra de la voluntad de la madre.
En este sentido, aunque falta establecer las penas dentro de los Códigos, la propuesta aprobada incluye que las niñas, niños y adolescentes víctimas de esta violencia reciban atención psicológica. Dicha atención también será brindada a los agresores dentro de los procesos judiciales que se ejecuten en su contra.
Con la decisión de la legislatura potosina, ya son nueve las entidades de la República Mexicana en los que la violencia vicaria está tipificada. Los otro ocho territorios son Baja California Sur, Yucatán, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y Zacatecas. Sin embargo, estos avances están en riesgo debido a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
CNDH pide «diálogo abierto» en la discusión sobre la eliminación de violencia vicaria
Este 19 de octubre, la CNDH emitió un comunicado dirigido a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En él reitera su llamado a que haya un diálogo abierto para involucrar a «diferentes actores» en la discusión sobre la eliminación de la violencia vicaria.
Aunque el organismo no declara específicamente quiénes son esos actores, a lo largo del comunicado se hace hincapié en la no discriminación a favor de la protección de los derechos. Con esto, la CNDH alude al argumento que ha utilizado para afirmar que la llamada Ley Vicaria y las legislaciones contra deudores alimentarios morosos discriminan a los agresores.
Según la institución, dichas regulaciones los violentan al no permitirles, entre otras cosas, acceder a cargos públicos en caso de ser deudores alimentarios o de haber ejercido violencia en contra de sus parejas o exparejas.
Diversas organizaciones como el FNCVV y el Frente Nacional Contra Deudores Alimentarios han rebatido estos argumentos aludiendo a ponderación de derechos y a la obligación del Estado de priorizar los derechos de las infancias sobre cualquier otro tipo de derechos. También, al hecho de que muchos agresores hacen uso de sus posiciones de poder para eludir sus responsabilidades e incluso revictimizar a las mujeres imputándoles cargos falsos.
El Frente Nacional de Mujeres (FNM) ya emitió un posicionamiento sobre el comunicado de la CNDH. En él, la organización explica que la SCJN ha ofrecido su escucha y su apoyo a las mujeres que se están organizando para erradicar la violencia vicaria. También hace frente a los argumentos de que las legislaciones contra agresores y deudores alimentarios son «sexistas y discriminatorias». Y es que se ha demostrado que los hombres son quienes ejercen la violencia vicaria mayoritariamente (una violencia que suele ser precedida por otras agresiones contra las mujeres).
De igual forma, la agrupación pide que se revise el actuar de las y los servidores públicos de la CNDH, ya que, al arremeter contra el reconocimiento de la violencia vicaria, están ayudando a perpetuar la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
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