limar asperezas. Había pasado tan sólo un día después de la destitución del presidente de los jueces electorales, Reyes Rodríguez Mondragón, un abogado quien fuera director en la subsecretaría de Gobernación en 2010 y coordinador de asesores del secretario particular de Felipe Calderón. Los jueces electorales a quienes les corresponde la calificación final de la elección de este año, llegaron a la cena de Norma Piña y se toparon con una sorpresa: iban a cenar, también, con el dirigente del PRI, Alito, y si Santiago Creel hubiera llegado, también con el coordinador del PAN en la campaña de Xóchitl Gálvez.
Los propósitos de la campaña de Xóchitl Gálvez para utilizar a Norma
Piña para hablar con los que calificarán la elección que viene, llaman a
la alarma. Desde que se sintió irremediablemente derrotada en las
urnas, la oposición ha estado reiterando la posibilidad de anular la
elección desde varios ángulos: según el mapa de riesgo
que le
presentaron al Tribunal Electoral, en 30 por ciento de los distritos
electorales –justo la cifra que se necesita para alegar una anulación–
ellos aseguran que habrá violencia; aducen también que Las Mañaneras no
se han suspendido durante las campañas y, finalmente, que los programas
sociales son compra de votos
.
En el caso de la violencia, que el Prian avizora en 30 por ciento de los distritos, casi ninguno coincide con donde están los puntos álgidos del crimen organizado. Ellos señalan a entidades pacíficas como la Ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Sonora. El estado que tiene el máximo nivel de violencia, Guanajuato, donde asesinan 3 mil 104 personas al año, no es relevante en su”mapa de riesgo”. Por lo tanto, no sería descabellado inferir que son los distritos electorales que, por cálculos en torno a la mayoría en el Congreso, la oposición necesita anular desde antes incluso de que se abran las casillas y, para ello, se generará algún tipo de violencia. Aunque inservible para bajar la aprobación de López Obrador, la campaña del troll center desde España y Argentina del narcopresidente y de los dichos de la DEA en algunos medios, servirían para sustentar, al menos por contigüidad, el tema de la violencia en 30 por ciento de los distritos electorales.
En cuanto a la llamada elección de Estado
, es decir, dentro
del absurdo supuesto de que la elección sería pareja sólo si
desaparecieran tanto el presidente López Obrador como sus programas de
gobierno, ésta ha tenido a casi todos los medios y sus conductores como
encrespados promotores. La campaña para deslegitimar los comicios
llamándolos disparejos
y de Estado
se ha acentuado entre más se acerca el 2 de junio. Como no es posible argumentar que exista coerción
sobre el voto habida cuenta de que los programas sociales son para
todos, y que tampoco hay censura en ser mencionado en las conferencias
de prensa presidenciales, los críticos han inventado el término presión invisible
–como la bautizó Aguilar Camín– y ya emulan al influjo síquico
con que el lawfare acusó al ex presidente de Ecuador Rafael Correa.
La idea de que lo que le queda a la oposición es presentar una
demanda de anulación –que ni siquiera la izquierda presentó por el
fangoso fraude de 2006– tendría que estar presente en una cena como la
convocada por Norma Piña. Sobre todo, la muy útil de anular ciertos
distritos electorales donde la votación por el obradorismo haría la
diferencia en la composición del Congreso. ¿De eso se habló en la cena
con Alito Moreno, líder del PRI? ¿Se convocó para sensibilizar
a los jueces electorales de última instancia para que atendieran sólo
las denuncias de la oposición? ¿Se les garantizó no tocar sus
fideicomisos y privilegios a cambio de cierto sesgo hacia los candidatos
del Prian? Es algo que tendrían que explicarnos a todos los ciudadanos.
Al día siguiente apareció un video de un juez de distrito de
Nezahualcóyotl pidiendo la intervención de Estados Unidos en los
comicios mexicanos. Era el juez Marco Antonio Beltrán Moreno, a quien
habíamos visto en las mismas marchas de la serie no se toca
, sólo
que la convocada por el sindicato de trabajadores al servicio del
Estado, la FSTSE. En inglés, el juez Beltrán señala que su mensaje es
para Estados Unidos y la ONU porque la democracia está en peligro y
porque la paz de América también está en peligro y no les conviene tener una dictadura como vecino
.
Pide un mensaje de solidaridad de Estados Unidos y de la ONU porque, según él, tendrá como consecuencia que nuestros colegas se levanten firmes y unidos
.
Es decir, si António Manuel de Oliveira Guterres, secretario general de
la ONU, le manda un mensaje a la FSTSE, los empleados de los juzgados
se unirían para luchar contra la dictadura. Sonrisas aparte, la
coincidencia entre la revelación de la cena fraudulenta por el reportero
Salvador Frausto y el video viral del juez de Neza, señalan una ruta de colisión que el Prian
está sopesando como último recurso. Llevarlo a cabo sería de una
torpeza incalificable, pero no resultaría inaudita, ya que la
incompetencia y el desatino han sido, de por sí, el signo de su campaña.
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