Convenios” con agresores violan garantías fundamentales
Por Livia Díaz/corresponsal
Tantoyuca, Ver., 31 marzo 09 (CIMAC).- En la región de la Husteca, donde dos de cada tres mujeres reciben malos tratos, se difunde la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, informó Mayela García Ramírez, directora del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación de Mujeres (CIDEM).
Entrevistada en la sala de ex presidentes de Tantoyuca, García Ramírez afirma que, no se dice en voz alta con mucha frecuencia, pero cuando el varón abandona a la mujer, ella queda en mejores condiciones que cuando ella intenta abandonarlo a él.
Cuando ella es la que decide abandonarlo es que quizá había sido golpeada, o despojada, violentada, incluso sexualmente, o sometida, pero al llegar ante las autoridades, la persuaden de no abandonar a su marido y perdonarlo.
Con esta acción, están exponiendo la vida de ella, de sus hijas e hijos y generalmente su madre y padre. Explica la entrevistada que generalmente la pobreza de la mujer es la más cruda y no tienen a dónde ir. En Veracruz, afirma, se han creado infraestructura y medidas para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y sus hijos, en las principales ciudades, pero falta más.
En la Huasteca, cuando la mujer decide abandonar el hogar, generalmente no puede sacar de su casa ni siquiera su ropa, muchas veces no tienen documentos con los que comprobar su identidad, tampoco tienen dinero.
LOS CONVENIOS
Cuando la víctima de violencia “perdona”, o se hace un “convenio”, en la mesa de una oficina del Ministerio Público, para Mayela se está cometiendo un crimen en contra de las mujeres.
En cuanto a que se realice un acuerdo en desventaja, es un “acuerdo” con su victimario, lo que está estipulado en nuestra Carta Magna, es una violación a las garantías individuales.
Pretender realizar un convenio de buena relación para que el varón regrese al hogar, o ella prosiga en el mismo, genera un círculo de violencia que atenta contra los derechos humanos y eso está mundialmente reconocido.
Dicho en las palabras de Mayela García Ramírez “erradicar la discriminación y la desigualdad constituye condiciones de convivencia, vida y humanidad”.
Pero no puede haber igualdad para las condiciones legales en las que esta mujer está firmando ese convenio, ni otorgando ese perdón. Esa mujer en esa desventaja, cae ante autoridades judiciales y ejecutivas con falta de sensibilidad, que están cometiendo un crimen gravísimo, sin respeto a la vida de las mujeres.
La vuelta al hogar, está comprobado, recrudece el círculo de violencia. Tras el acuerdo, el convenio o el perdón, la mujer va a continuar viviendo en las mismas condiciones de opresión si no se transforma el contexto de violencia.
Los asuntos de violencia, ni siquiera corresponden a las partes, sino a las autoridades. No obstante, la Ley de Acceso a una vida Libre de Violencia, en su artículo final, prevé la posibilidad de emitir una Alerta de Género, pero hay que recordar que en todo el trayecto de la Ley, se dispone el cumplimiento y obligación de sus términos por los tres poderes de gobierno.
En diciembre, informa, se terminará un diagnóstico que “permitirá emitir una Alerta en la Huasteca y Zongolica, que obligue a trabajar en “Emergencia” a todos los involucrados, para que dejen de ser omisos, ante el drama que viven las mujeres”.
Dicha “emergencia” es la actuación, que revela la necesidad de operar en una región específica, allegando más recursos, capacitación y lo necesario para disminuir la diferencia entre géneros que conduzca a mejoras en la vida de las mujeres.
En tanto la ley prevé atención de “los derechos de las mujeres víctimas, que ni siquiera es responsabilidad de las partes, sino de las autoridades”.
Ahí, las entidades públicas son las que deberían estar involucradas, y es a lo que se refiere la Ley de Acceso a una vida libre de Violencia, que contempla la Emisión de órdenes de Protección y Derechos de las Mujeres Víctimas.
En Tantoyuca, y otras regiones del estado, a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres, se están llevando a cabo talleres con mujeres líderes para la difusión de esta Ley que marca una serie de competencias en la vida pública, así como sanciones por incumplirla.
Por Livia Díaz/corresponsal
Tantoyuca, Ver., 31 marzo 09 (CIMAC).- En la región de la Husteca, donde dos de cada tres mujeres reciben malos tratos, se difunde la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, informó Mayela García Ramírez, directora del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación de Mujeres (CIDEM).
Entrevistada en la sala de ex presidentes de Tantoyuca, García Ramírez afirma que, no se dice en voz alta con mucha frecuencia, pero cuando el varón abandona a la mujer, ella queda en mejores condiciones que cuando ella intenta abandonarlo a él.
Cuando ella es la que decide abandonarlo es que quizá había sido golpeada, o despojada, violentada, incluso sexualmente, o sometida, pero al llegar ante las autoridades, la persuaden de no abandonar a su marido y perdonarlo.
Con esta acción, están exponiendo la vida de ella, de sus hijas e hijos y generalmente su madre y padre. Explica la entrevistada que generalmente la pobreza de la mujer es la más cruda y no tienen a dónde ir. En Veracruz, afirma, se han creado infraestructura y medidas para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y sus hijos, en las principales ciudades, pero falta más.
En la Huasteca, cuando la mujer decide abandonar el hogar, generalmente no puede sacar de su casa ni siquiera su ropa, muchas veces no tienen documentos con los que comprobar su identidad, tampoco tienen dinero.
LOS CONVENIOS
Cuando la víctima de violencia “perdona”, o se hace un “convenio”, en la mesa de una oficina del Ministerio Público, para Mayela se está cometiendo un crimen en contra de las mujeres.
En cuanto a que se realice un acuerdo en desventaja, es un “acuerdo” con su victimario, lo que está estipulado en nuestra Carta Magna, es una violación a las garantías individuales.
Pretender realizar un convenio de buena relación para que el varón regrese al hogar, o ella prosiga en el mismo, genera un círculo de violencia que atenta contra los derechos humanos y eso está mundialmente reconocido.
Dicho en las palabras de Mayela García Ramírez “erradicar la discriminación y la desigualdad constituye condiciones de convivencia, vida y humanidad”.
Pero no puede haber igualdad para las condiciones legales en las que esta mujer está firmando ese convenio, ni otorgando ese perdón. Esa mujer en esa desventaja, cae ante autoridades judiciales y ejecutivas con falta de sensibilidad, que están cometiendo un crimen gravísimo, sin respeto a la vida de las mujeres.
La vuelta al hogar, está comprobado, recrudece el círculo de violencia. Tras el acuerdo, el convenio o el perdón, la mujer va a continuar viviendo en las mismas condiciones de opresión si no se transforma el contexto de violencia.
Los asuntos de violencia, ni siquiera corresponden a las partes, sino a las autoridades. No obstante, la Ley de Acceso a una vida Libre de Violencia, en su artículo final, prevé la posibilidad de emitir una Alerta de Género, pero hay que recordar que en todo el trayecto de la Ley, se dispone el cumplimiento y obligación de sus términos por los tres poderes de gobierno.
En diciembre, informa, se terminará un diagnóstico que “permitirá emitir una Alerta en la Huasteca y Zongolica, que obligue a trabajar en “Emergencia” a todos los involucrados, para que dejen de ser omisos, ante el drama que viven las mujeres”.
Dicha “emergencia” es la actuación, que revela la necesidad de operar en una región específica, allegando más recursos, capacitación y lo necesario para disminuir la diferencia entre géneros que conduzca a mejoras en la vida de las mujeres.
En tanto la ley prevé atención de “los derechos de las mujeres víctimas, que ni siquiera es responsabilidad de las partes, sino de las autoridades”.
Ahí, las entidades públicas son las que deberían estar involucradas, y es a lo que se refiere la Ley de Acceso a una vida libre de Violencia, que contempla la Emisión de órdenes de Protección y Derechos de las Mujeres Víctimas.
En Tantoyuca, y otras regiones del estado, a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres, se están llevando a cabo talleres con mujeres líderes para la difusión de esta Ley que marca una serie de competencias en la vida pública, así como sanciones por incumplirla.
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