MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
La muerte de once campesinos en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, ocurrida en el primer día de la primavera, pone de nuevo ante la atención pública el aberrante fenómeno de que las aguas negras del Distrito Federal sirvan para regar extensas zonas en el estado de Hidalgo, productoras de comestibles que se contaminan de los desechos lanzados desde la Ciudad de México hacia zonas pobrísimas que por décadas se han resignado a ese tipo de riego, que causa estragos a su salud, y no a padecer la resequedad que es típica de la comarca vecina en el Valle del Mezquital.
La capital de la república expulsa a través del Gran Canal del Desagüe 80 metros cúbicos de agua residuales por segundo. Poco más de la mitad de ese volumen, 43.5 metros cúbicos por segundo, llega a dos distritos de riego, el 03, de Tula y el 100, de Alfajayucan, en la región poniente de Hidalgo. Ese líquido espeso y maloliente, caldo de cultivo de gérmenes patógenos sirve a mil 200 usuarios, que viven en siete ejidos de varios municipios. Por esa particularidad, y contrariamente a lo que dispone la ley, en esos distritos de riego, donde hace ya largo tiempo debieron instalarse plantas de tratamiento de las aguas negras, la administración del agua no ha sido entregada a los campesinos, sino que la ejerce la Comisión Nacional del Agua. Lo hace a medias, a partir de relaciones equívocas con los usuarios, a los que se responsabiliza de limpiar instalaciones bajo la dirección de la Conagua, que no los provee de entrenamiento ni equipo, además de que no cuenta con las instalaciones necesarias para proveer de líquido a los cultivos o no las tiene a punto..
Esta situación es fuente de conflictos frecuentes. Más de una vez la oficina del delegado de la Conagua en Pachuca ha sido tomada, o estorbado el acceso a la misma, por usuarios inconformes con el incumplimiento de medidas a que se comprometen los funcionarios. Apenas el 24 de febrero, en preparación de la limpieza de una planta de rebombeo en la comunidad de El Refugio (donde ocurrió la tragedia) quedó clara la distancia entre las demandas de los afectados y la disposición de la autoridad. Según lo dijo el ingeniero Sergio Soto Priante, subdirector de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua, en aquella fecha "en la dirección local del estado de Hidalgo se realizó una reunión con la organización de usuarios en la cual se hicieron algunos planteamientos… en donde se solicita la modernización, la instalación de algunos equipos adicionales, (un) cuarto equipo de bombeo, estaban tres funcionando".
La respuesta burocrática a esos planteamientos consistió en decir "que se han hecho las gestiones para conseguir recursos para ese fin". Se dijo también en la minuta respectiva, acerca de la cuarta bomba que era necesaria para la limpieza del cárcamo donde se produjo la tragedia del 21 de marzo, que "en la inversión para la dirección local Hidalgo, en caso de ser autorizada, será incluida la modernización de la cuarta bomba que está pendiente". Se agrega que "esa obra se considera prioritaria", pero no lo parece porque a continuación se calcula, según estimaciones, que "la licitación se haría en el mes de junio". Como tampoco estaba en buenas condiciones la tercera bomba, en esa junta de 24 de febrero "se pone un plazo de veinte días para funcionamiento de la tercera bomba" Se dice también que "la dirección local hará las gestiones ante la gerencia del Programa Integral de Atención a Emergencias para conseguir una bomba de achique para el apoyo a los trabajos de limpieza que realizarán los usuarios".
El asunto, pues, era que la limpieza correspondiente a marzo se enfrentaba con limitaciones logísticas importantes. Así lo reconoció indirectamente el subdirector Soto Priante, cuyas palabras recojo de la versión estenográfica de la conferencia de prensa del 25 de marzo, cuatro días después de la muerte de los once campesinos, causada por intoxicación resultante de acumulación de gases derivada a su vez de la falta de limpieza. Dijo el funcionario que "los días cinco y seis de marzo se empiezan a realizar los trabajos". Primero, explicó a la prensa, se saca el agua, y después, "con las bombas de achique que se consiguieron se van sacando los residuos que quedan"; esto es, "primero sacar el agua y dejar que se ventilara y dejar que se secara el lodo para hacer la extracción".
"¿Qué sucedió? –se pregunta el subdirector, que se contesta de inmediato: Lo que sucedió es que la bomba de achique no dio la capacidad; entonces el trabajo se hizo a la mitad… entonces se dejó entrar el agua y se volvió a bombear en tanto se conseguía una bomba más adecuada". En la confusa descripción hecha por Soto Priante no queda claro cuándo se consiguió la bomba necesaria para no dejar los trabajos a la mitad. Pero de pronto resulta que ni la bomba ni la limpieza eran en realidad necesarias porque, según dijo, no había problema de suministro de agua, algo contrario a lo alegado por los campesinos que de modo intempestivo acudieron el 21 de marzo en pos del líquido y por ello murieron: en la semana del 16 al 20 de marzo la demanda de agua era de 660 litros por segundo (y con las tres bombas en funcionamiento puede surtirse más de esa cantidad, 750 litros por segundo. Más todavía, el 19 "se pararon todas las bombas porque no hubo demanda… por parte de los usuarios".
Y sin embargo, se creería que los usuarios enloquecieron, pues el 21 un grupo que procedía de la comunidad de Texas apareció en el cárcamo de El Refugio en demanda de agua. Si lo dicho por el subdirector de Conagua es verdad, tiene razón el director de la propia comisión, José Luis Luege, que no se explica lo sucedido aquel sábado. La decisión (que los funcionarios presentan como arbitraria, incomprensible y aun suicida) de los usuarios de intentar la limpieza para contar con más líquido, sólo se explica porque estaban siendo desatendidos por la autoridad y ellos tenían urgencia de regar sus cultivos.
Autoridades municipales de Atotonilco de Tula deslizaron la especie de que la intoxicación por gases que causó la muerte de once personas habría sido causada por desechos industriales arrojados al río Salado por la empresa Ecoltec. Consigné esa versión en la Plaza Pública del 25 de marzo, y el mismo día la empresa, subsidiaria de Holcim Apasco, informó que "no descarga agua ni otros materiales al río Salado ni a ningún otro manto acuífero, por lo que… no tiene responsabilidad alguna en ese infortunado suceso". De ser así, la muerte de los once usuarios del distrito de riego fue causada por los gases a que se expusieron al entrar sin autorización al cárcamo de la tragedia. Una indagación debe establecer si los gases se habían concentrado porque la limpieza de la planta quedó a la mitad y ello generó la impaciencia de los campesinos, urgidos del líquido para su trabajo, impaciencia no compartida y ni siquiera conocida desde las oficinas de Conagua.
Debe saberse con puntualidad lo ocurrido, por respeto a las víctimas, a sus deudos y a quienes estén en riesgo de padecer una muerte semejante si no se activa el trabajo de la Comisión Nacional del Agua y se corrigen sus deficiencias.
La capital de la república expulsa a través del Gran Canal del Desagüe 80 metros cúbicos de agua residuales por segundo. Poco más de la mitad de ese volumen, 43.5 metros cúbicos por segundo, llega a dos distritos de riego, el 03, de Tula y el 100, de Alfajayucan, en la región poniente de Hidalgo. Ese líquido espeso y maloliente, caldo de cultivo de gérmenes patógenos sirve a mil 200 usuarios, que viven en siete ejidos de varios municipios. Por esa particularidad, y contrariamente a lo que dispone la ley, en esos distritos de riego, donde hace ya largo tiempo debieron instalarse plantas de tratamiento de las aguas negras, la administración del agua no ha sido entregada a los campesinos, sino que la ejerce la Comisión Nacional del Agua. Lo hace a medias, a partir de relaciones equívocas con los usuarios, a los que se responsabiliza de limpiar instalaciones bajo la dirección de la Conagua, que no los provee de entrenamiento ni equipo, además de que no cuenta con las instalaciones necesarias para proveer de líquido a los cultivos o no las tiene a punto..
Esta situación es fuente de conflictos frecuentes. Más de una vez la oficina del delegado de la Conagua en Pachuca ha sido tomada, o estorbado el acceso a la misma, por usuarios inconformes con el incumplimiento de medidas a que se comprometen los funcionarios. Apenas el 24 de febrero, en preparación de la limpieza de una planta de rebombeo en la comunidad de El Refugio (donde ocurrió la tragedia) quedó clara la distancia entre las demandas de los afectados y la disposición de la autoridad. Según lo dijo el ingeniero Sergio Soto Priante, subdirector de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua, en aquella fecha "en la dirección local del estado de Hidalgo se realizó una reunión con la organización de usuarios en la cual se hicieron algunos planteamientos… en donde se solicita la modernización, la instalación de algunos equipos adicionales, (un) cuarto equipo de bombeo, estaban tres funcionando".
La respuesta burocrática a esos planteamientos consistió en decir "que se han hecho las gestiones para conseguir recursos para ese fin". Se dijo también en la minuta respectiva, acerca de la cuarta bomba que era necesaria para la limpieza del cárcamo donde se produjo la tragedia del 21 de marzo, que "en la inversión para la dirección local Hidalgo, en caso de ser autorizada, será incluida la modernización de la cuarta bomba que está pendiente". Se agrega que "esa obra se considera prioritaria", pero no lo parece porque a continuación se calcula, según estimaciones, que "la licitación se haría en el mes de junio". Como tampoco estaba en buenas condiciones la tercera bomba, en esa junta de 24 de febrero "se pone un plazo de veinte días para funcionamiento de la tercera bomba" Se dice también que "la dirección local hará las gestiones ante la gerencia del Programa Integral de Atención a Emergencias para conseguir una bomba de achique para el apoyo a los trabajos de limpieza que realizarán los usuarios".
El asunto, pues, era que la limpieza correspondiente a marzo se enfrentaba con limitaciones logísticas importantes. Así lo reconoció indirectamente el subdirector Soto Priante, cuyas palabras recojo de la versión estenográfica de la conferencia de prensa del 25 de marzo, cuatro días después de la muerte de los once campesinos, causada por intoxicación resultante de acumulación de gases derivada a su vez de la falta de limpieza. Dijo el funcionario que "los días cinco y seis de marzo se empiezan a realizar los trabajos". Primero, explicó a la prensa, se saca el agua, y después, "con las bombas de achique que se consiguieron se van sacando los residuos que quedan"; esto es, "primero sacar el agua y dejar que se ventilara y dejar que se secara el lodo para hacer la extracción".
"¿Qué sucedió? –se pregunta el subdirector, que se contesta de inmediato: Lo que sucedió es que la bomba de achique no dio la capacidad; entonces el trabajo se hizo a la mitad… entonces se dejó entrar el agua y se volvió a bombear en tanto se conseguía una bomba más adecuada". En la confusa descripción hecha por Soto Priante no queda claro cuándo se consiguió la bomba necesaria para no dejar los trabajos a la mitad. Pero de pronto resulta que ni la bomba ni la limpieza eran en realidad necesarias porque, según dijo, no había problema de suministro de agua, algo contrario a lo alegado por los campesinos que de modo intempestivo acudieron el 21 de marzo en pos del líquido y por ello murieron: en la semana del 16 al 20 de marzo la demanda de agua era de 660 litros por segundo (y con las tres bombas en funcionamiento puede surtirse más de esa cantidad, 750 litros por segundo. Más todavía, el 19 "se pararon todas las bombas porque no hubo demanda… por parte de los usuarios".
Y sin embargo, se creería que los usuarios enloquecieron, pues el 21 un grupo que procedía de la comunidad de Texas apareció en el cárcamo de El Refugio en demanda de agua. Si lo dicho por el subdirector de Conagua es verdad, tiene razón el director de la propia comisión, José Luis Luege, que no se explica lo sucedido aquel sábado. La decisión (que los funcionarios presentan como arbitraria, incomprensible y aun suicida) de los usuarios de intentar la limpieza para contar con más líquido, sólo se explica porque estaban siendo desatendidos por la autoridad y ellos tenían urgencia de regar sus cultivos.
Autoridades municipales de Atotonilco de Tula deslizaron la especie de que la intoxicación por gases que causó la muerte de once personas habría sido causada por desechos industriales arrojados al río Salado por la empresa Ecoltec. Consigné esa versión en la Plaza Pública del 25 de marzo, y el mismo día la empresa, subsidiaria de Holcim Apasco, informó que "no descarga agua ni otros materiales al río Salado ni a ningún otro manto acuífero, por lo que… no tiene responsabilidad alguna en ese infortunado suceso". De ser así, la muerte de los once usuarios del distrito de riego fue causada por los gases a que se expusieron al entrar sin autorización al cárcamo de la tragedia. Una indagación debe establecer si los gases se habían concentrado porque la limpieza de la planta quedó a la mitad y ello generó la impaciencia de los campesinos, urgidos del líquido para su trabajo, impaciencia no compartida y ni siquiera conocida desde las oficinas de Conagua.
Debe saberse con puntualidad lo ocurrido, por respeto a las víctimas, a sus deudos y a quienes estén en riesgo de padecer una muerte semejante si no se activa el trabajo de la Comisión Nacional del Agua y se corrigen sus deficiencias.
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