Procesada irregularmente y sentenciada a 20 años: Prodh
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 31marzo 09 (CIMAC).- En las próximas semanas se dará a conocer la resolución del magistrado Hanz Eduardo López Muñoz, del Tribunal Unitario de Circuito del estado de Querétaro, quien resolverá la apelación presentada el 22 de diciembre pasado por la sentencia de más de 20 años de cárcel a Jacinta Francisco Marcial, señora ñha-ñhú (otomí) acusada del secuestro de seis “Afis”, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En entrevista con Cimacnoticias, Estela Hernández, hija de Jacinta, señala que desde hace tres años, cuando su madre fue detenida, ella y su familia viven un dolor que no se puede comparar con nada, “ahora nos preocupa mucho que la justicia no llegue en el caso de mi mamá”, señala.
La señora Jacinta fue acusada, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, por el delito de secuestro contra seis integrantes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) condenadas a más de 20 años de prisión, luego de un operativo que esa corporación realizó el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán, Querétaro, en busca de vendedores de productos “pirata”.
Sin identificarse y sin uniforme, los “afis” despojaron de sus mercancías a comerciantes con lujo de violencia, alegando que se trataba de piratería.
El incidente culminó cuando, el mismo día, al filo de las siete de la tarde, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de haber acordado con las y los comerciantes la entrega de una cantidad correspondiente por los daños causados.
Doña Jacinta, quien vendía aguas frescas, nieves y paletas en el tianguis y afuera de iglesias, fue detenida con engaños el 3 de agosto de 2006 y llevada a la ciudad de Querétaro, donde la presentaron ante los medios de comunicación al lado de Alberta Alcántara y Teresa González de haber secuestrado a los agentes, durante los hechos ocurridos en marzo.
Entre las pruebas presentadas para inculpar a doña Jacinta, se encuentra una foto de un diario local y el reporte que rinden los AFIS el mismo día de los hechos, donde declaran que un grupo los rodeó y los secuestró.
Estela señala que su madre es una mujer amorosa que ha apoyado a sus tres hijas e tres hijos “para salir adelante”, de igual manera a sus dos nietas y tres nietos e incluso a su esposo, “un hombre débil (físicamente)”.
Estela es maestra, uno de sus hermanos terminó una carrera técnica, otra de hermanas es enfermera y otro cuenta con una beca; los demás siguen sus estudios.
Es un calvario, señala Estela al referirse a su vida desde que su madre fue encarcelada, “hemos atravesado por muchas desesperaciones y angustias, ninguna de mis hermanas o hermanos, ni mi padre, hemos tenido un momento de tranquilidad desde que se llevaron a mi madre”.
Pero a pesar de las irregularidades en este proceso, dice el Centro Prodh, hoy en día se busca instaurar la pena de muerte por secuestro, sin considerar las fallas del actual sistema judicial, donde cualquiera puede ser inculpado por un delito con penas injustas como la de Jacinta y de ser víctima de procesos inequitativos sin ser culpable.
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 31marzo 09 (CIMAC).- En las próximas semanas se dará a conocer la resolución del magistrado Hanz Eduardo López Muñoz, del Tribunal Unitario de Circuito del estado de Querétaro, quien resolverá la apelación presentada el 22 de diciembre pasado por la sentencia de más de 20 años de cárcel a Jacinta Francisco Marcial, señora ñha-ñhú (otomí) acusada del secuestro de seis “Afis”, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En entrevista con Cimacnoticias, Estela Hernández, hija de Jacinta, señala que desde hace tres años, cuando su madre fue detenida, ella y su familia viven un dolor que no se puede comparar con nada, “ahora nos preocupa mucho que la justicia no llegue en el caso de mi mamá”, señala.
La señora Jacinta fue acusada, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, por el delito de secuestro contra seis integrantes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) condenadas a más de 20 años de prisión, luego de un operativo que esa corporación realizó el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán, Querétaro, en busca de vendedores de productos “pirata”.
Sin identificarse y sin uniforme, los “afis” despojaron de sus mercancías a comerciantes con lujo de violencia, alegando que se trataba de piratería.
El incidente culminó cuando, el mismo día, al filo de las siete de la tarde, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de haber acordado con las y los comerciantes la entrega de una cantidad correspondiente por los daños causados.
Doña Jacinta, quien vendía aguas frescas, nieves y paletas en el tianguis y afuera de iglesias, fue detenida con engaños el 3 de agosto de 2006 y llevada a la ciudad de Querétaro, donde la presentaron ante los medios de comunicación al lado de Alberta Alcántara y Teresa González de haber secuestrado a los agentes, durante los hechos ocurridos en marzo.
Entre las pruebas presentadas para inculpar a doña Jacinta, se encuentra una foto de un diario local y el reporte que rinden los AFIS el mismo día de los hechos, donde declaran que un grupo los rodeó y los secuestró.
Estela señala que su madre es una mujer amorosa que ha apoyado a sus tres hijas e tres hijos “para salir adelante”, de igual manera a sus dos nietas y tres nietos e incluso a su esposo, “un hombre débil (físicamente)”.
Estela es maestra, uno de sus hermanos terminó una carrera técnica, otra de hermanas es enfermera y otro cuenta con una beca; los demás siguen sus estudios.
Es un calvario, señala Estela al referirse a su vida desde que su madre fue encarcelada, “hemos atravesado por muchas desesperaciones y angustias, ninguna de mis hermanas o hermanos, ni mi padre, hemos tenido un momento de tranquilidad desde que se llevaron a mi madre”.
Pero a pesar de las irregularidades en este proceso, dice el Centro Prodh, hoy en día se busca instaurar la pena de muerte por secuestro, sin considerar las fallas del actual sistema judicial, donde cualquiera puede ser inculpado por un delito con penas injustas como la de Jacinta y de ser víctima de procesos inequitativos sin ser culpable.
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