Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres
De la redacción México DF, 14 mayo 09 (CIMAC).- La Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres exigió a la Secretaría de Gobernación (Segob) declare la Alerta de Violencia de Género en Guanajuato, ante la pérdida de derechos humanos en el ámbito de la salud reproductiva de las mexicanas, como ocurre también en otros once estados del país, debido a cambios en las Constituciones locales, promovidos por legisladores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.
De la redacción México DF, 14 mayo 09 (CIMAC).- La Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres exigió a la Secretaría de Gobernación (Segob) declare la Alerta de Violencia de Género en Guanajuato, ante la pérdida de derechos humanos en el ámbito de la salud reproductiva de las mexicanas, como ocurre también en otros once estados del país, debido a cambios en las Constituciones locales, promovidos por legisladores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.
La Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres está conformada por legisladoras promoventes de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la LIX Legislatura y por científicas que realizaron la Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en la República Mexicana (2005-2006).
En una carta dirigida el viernes pasado al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y firmada por la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Red de Investigadoras, esta agrupación de expertas expresa su apoyo a la solicitud de Declaratoria de alerta de violencia de género en Guanajuato por agravio comparado, presentada por un conjunto de organizaciones civiles y redes de derechos humanos, el 6 de mayo de 2009, al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidido por la Segob.Dicha petición de las organizaciones y redes responde a la modificación del Artículo 1º de la Constitución de Guanajuato, aprobada en el Congreso local por legisladores del PAN, PRI y Partido del Trabajo el pasado 8 de mayo, para establecer que “persona es todo ser desde el momento de la concepción”, con lo cual se criminaliza la interrupción legal del embarazo (ILE), aún en casos de violación a niñas, bajo el argumento de proteger la vida desde la concepción.
GOBERNADOR DEBE INFORMAR
La Red de Investigadoras exige por ello a la Segob inicie la solicitud de investigación sobre la procedencia de la Declaratoria de Alerta de Género, en este caso por agravio comparado y que se declare la Alerta de Violencia de Género en Guanajuato, como procede.Y que solicite al Gobernador de Guanajuato un informe sobre la situación y se le indique la suspensión de acciones que impliquen regresividad de los derechos humanos de las mujeres en la entidad.
LOS ARGUMENTOS
La Red de Investigadoras, argumenta asimismo que la iniciativa de modificación del Artículo 1º de la Constitución de Guanajuato para establecer que “persona es todo ser humano desde el momento de la concepción”, atenta contra los derechos humanos de las mujeres. Viola, dice el texto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce a las mujeres como titulares de derechos, específicamente los derechos a la vida, a la protección de la salud, a la intimidad y a la autonomía en materia de salud sexual y reproductiva, a la libertad y a la libertad de conciencia. Señala que “impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos a las mujeres es una modalidad de la violencia en su contra”.La iniciativa reduce a las mujeres a objetos sexuales y reproductivos --detalla la carta a Segob-- y atenta contra su condición de sujetos de derechos. Por ello, conculca sus derechos humanos y en cambio otorga al producto la titularidad de derechos y la condición de persona.
Esta creencia, explican las investigadoras, es contraria a la ciencia y al Estado laico de derecho. Pone en incertidumbre jurídica y riesgo a las mujeres que utilizan el dispositivo intrauterino y también al personal de salud.Niega asimismo el derecho de las mujeres al aborto, al uso de métodos anticonceptivos de calidad y de todos los servicios de salud reproductiva, reconocidos tanto en nuestra legislación y contra instrumentos como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana Belém do Pará, ratificados por nuestro país.Atenta además contra la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de rango constitucional, emitida el mes de agosto de 2008 y no puede ser contravenida por la legislatura de Guanajuato.Asimismo atenta contra las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que sostiene que los Estados deben adoptar medidas de seguridad en la interrupción del embarazo debido al grave problema de salud que conlleva el aborto clandestino.
Por todo lo anterior las integrantes de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, apoyan la solicitud de Declaratoria de alerta de violencia de género en Guanajuato por agravio comparado presentada por un conjunto de organizaciones civiles y redes de derechos humanos, el 6 de mayo de 2009, al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidido por la Secretaría de Gobernación.
SEGOB DEBE RESPETAR DH DE LAS MUJERES
La Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres exige de igual forma el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres, porque “pretender conculcarlos a través de normas jurídicas es una forma de violencia”.Y recuerda al Secretario de Gobernación que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece, en su Artículo 18, que “Violencia institucional: Son los actos u omisiones que las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.
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