Por Sara Lovera
Nadie podría desestimar lo que ha significado la emergencia sanitaria nacional e internacional por la aparición de un virus tan caprichoso y peligroso como el AH1N1 y sus probables secuelas, incluso la posibilidad de que cambiemos nuestro estilo de vida para evitar una verdadera pandemia.
Pero, este no es el único y grave asunto. Puede ocurrir que se aproveche para tender cortinas de humo sobre temas fundamentales, relacionados con la impunidad, el desprecio a la vida, el avance de las fuerzas conservadoras que han logrado que 11 entidades del país legislaran regresivamente en contra del derecho humano de interrumpir un embarazo.
En medio de todo ello, se informó que la máxima Corte de Justicia de Ecuador solicitará a México y Nicaragua la extradición de tres mujeres que sobrevivieron al ataque colombiano contra las FARC en territorio ecuatoriano en marzo de 2008, a raíz del cual Quito rompió relaciones con Bogotá.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Troya, dijo que aceptó tramitar la extradición de la mexicana Lucía Morett, quien se encuentra en México y de las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, refugiadas en Nicaragua.
La Corte agregó que aceptó gestionar la extradición por pedido del juez penal Francisco Bustos, quien procesa a las tres sobrevivientes por atentar contra la seguridad del Estado ecuatoriano. La documentación será enviada esta semana a la cancillería ecuatoriana para cumplir con los trámites de extradición, indicó Troya.
Este anuncio se da, curiosamente, en el marco del Informe Anual del Departamento de Estado sobre terrorismo en el mundo, realizado por Estados Unidos que dice: “los tribunales ecuatorianos son débiles, susceptibles a la corrupción y tienen un gran atraso en casos pendientes”.
A su vez, el documento destaca que los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Hugo Chávez, mantienen su posición frente a las FARC, cosa que pone en mayor riesgo la vida de estas tres estudiantes.
El informe señala que Ortega, en 2008, otorgó asilo a cuatro sobrevivientes del ataque a Angostura, la mexicana Lucía Morett y las colombianas Doris Torres, Martha Pérez y Nubia Calderón.
Hay que observar que este informe es el primero relacionado con lo que Estados Unidos llama “terrorismo” realizado bajo la batuta del gobierno de Barack Obama, que repitió numerosas acusaciones, semejantes a las que hizo la administración de George W. Bush en el informe del año pasado en la región.
Es verdad también que los medios de comunicación, según estudios de la empresa de Abel Vicencio, cambian de tema espectacular cada dos semanas, ahora ya están embarcados en las viejas historias e importantes historias, contadas por Carlos Ahumada en su libro Derecho de Réplica, coincidentes con el proceso electoral.
Me da vueltas en la cabeza que haya tantas cuestiones fundamentales para todas las personas deseosas de que se instalen la democracia, la justicia y la no impunidad. Me da vueltas el tamaño de los gastos publicitarios para responder a los países que nos cerraron sus fronteras por la influenza humana, me parece que se tienden cortinas de humo.
Es evidente que los medios de comunicación de masas y la administración de Felipe Calderón, están contra la pared. Las revelaciones de Ahumada, las implicaciones de cómo se hace política en las alturas; el involucramiento de las mujeres en las esferas del poder, que duelen, como las reiteradas imágenes de lo que pudo o no hacer, pensar y actuar Rosario Robles, esa mujer que Ahumada conquistó, la que dirigió el gobierno del Distrito Federal, la que fue hostigada y castigada, la misma que se equivocó y continúa criticando con mucho resentimiento a gobiernos y partidos que ella ayudó a construir.
Todo ello, nos obliga de nuevo a poner en la picota el verdadero sentido de la demanda de las mujeres para estar en los círculos de poder, esos que se instalan con un modo y un sistema de hombres, de corrupción y de la sola búsqueda de poder y control.
Mientas se están dejando temas importantes y de trascendencia nacional como la militarización del país, el refuerzo militar y las noches aciagas en Ciudad Juárez; la huelga de en Cananea, que se ha vuelto un dato curioso de los tribunales laborales, mientras no hay justicia en Pasta de Conchos y se admiten las violaciones a los derechos obreros sin chistar. Y que decir de la crisis política y económica en México que empieza a significar tremendos agravios a todas y todos los trabajadores.
Hemos pasado casi de largo el tercer aniversario de la represión en Atenco. En la lista de la impunidad están las tremendas penas de cárceles para los presos de esa confrontación y hay silencio tremendo ante la impunidad en el caso de las más de 20 mujeres abusadas sexualmente, entre ellas dos de España. Es Atenco un dato.
En estos días nos hemos olvidado de las desapariciones forzadas, la instauración y aceptación por el Congreso para imponer el Estado de excepción y allanamientos de morada, incluso para el asunto de la epidemia.
Podría aumentar en la lista otras muchas calamidades que de pronto desaparecen del entorno de la opinión pública; por fortuna no en todos los medios.
Es en este marco, la anunciada decisión de la solicitud de extradición por parte de la CNJ de Lucía Moret, lo que nos regresa a los temas fundamentales del Estado de Derecho en México. La secretaria de Relaciones Exteriores, tan ofendida ahora por la discriminación de las y los mexicanos, tiene en sus manos un tema que la puede quemar.
Tengo que recordar que a la llegada a México de Lucía Moret, el gobierno le dió seguridades y ofreció protección. Pienso en su familia, en su entorno, en su juventud y el alma se me hiela porque si hemos de cambiar el estilo de vida por el virus porcino, si hemos de distanciarnos en nuestras relaciones, eso no puede significar distanciarnos de la justicia, cuando sabemos cómo funciona la política y los políticos. Eso que cuenta Carlos Ahumada, no es posible que lo dejemos sin crítica y acción.. Peligra Lucía y eso sólo debiera interpelarnos.
Lucía es víctima-sobreviviente de una acción ilegítima e ilegal del Estado colombiano en territorio ecuatoriano sobre un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la cual fueron asesinadas 24 personas.
Este acto violó la soberanía de Ecuador y propició el rompimiento de relaciones diplomáticas. Además, en la investigación que se lleva a cabo en los tribunales ecuatorianos, se pretende castigar a las sobrevivientes y dejar en la impunidad a los perpetradores. Eso es inaceptable.
Lucía es testigo y víctima de una masacre perpetrada por el gobierno colombiano de Álvaro Uribe Vélez, quien sistemáticamente viola los derechos humanos. Acabo de llegar de una jornada en Cartagena de Indias, donde la Liga de Mujeres Desplazadas, ha documentado 144 casos de horror, en que las mujeres perdieron todo, fueron agredidas, muchas de ellas violadas por los paramilitares de Uribe, por las fuerzas del ejército y también de la guerrilla.
Todos escenarios de ilegalidad e impunidad. No es de aceptar tanta impunidad, así, sin que se nos altere la vida. Nuestra responsabilidad es no aceptar las cortinas de humo y continuar mirando los grandes temas de la población mexicana y latinoamericana. Diría de todos los pueblos cuyas heridas por las guerras indescifrables e inútiles, nos han dejado desprovistos de humanidad. Ya es tiempo de que alguien demande justicia ante la masacre perpetrada e impida una nueva tortura en la persona de Lucía Moret.
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