Ejército en el banquillo
Eduardo Ibarra Aguirre
De qué tamaño será el desastre que en materia de derechos humanos padece México a partir de que en Los Pinos se decretó la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, hace 31 meses, que la Casa Blanca exige un "reporte íntegro", o de lo contrario cancelará la ayuda de la Iniciativa Mérida, mejor conocida como Plan México, mismo que no logra ocultar su inspiración en el Plan Colombia.
Volvemos a los tiempos de la certificación de la lucha antidrogas de México por Estados Unidos, gobierno que no es ejemplo a seguir en esta errática cruzada global y mucho menos en la defensa y promoción de los derechos humanos, digamos, en Afganistán, Irak, Pakistán y Guantánamo (Cuba) para mencionar ejemplos irrebatibles.
El informe, de acuerdo a fuentes del Consejo Nacional, fue solicitado por Hillary Rodham Clinton luego de que el llamado zar antidrogas señaló que Estados Unidos investigará los abusos denunciados en un reportaje de The Washington Post, donde se afirma que "el Ejército Mexicano ha efectuado desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en persecución de narcotraficantes".
Sin ser tema al que le dé especial seguimiento, recibí testimonios de que en Parral, Chihuahua, los cateos de domicilios sin cubrir ordenamientos legales es práctica frecuente a cargo de la Policía Federal y del Ejército. Mientras que en Apodaca, Nuevo León, los patrullajes se realizan apuntando con armas de alto calibre a los habitantes. En tanto que en Matamoros, Tamaulipas, muchos evitan salir de sus domicilios a partir de las 22 horas, porque soldados y policías revisan, detienen y/o roban.
Estos ejemplos indican que los pobladores del Distrito Federal no padecemos, por fortuna, las consecuencias del anticonstitucional protagonismo castrense en la guerra que decretó un presidente agobiado por la falta de legitimidad y que antes de tres años cosechó un notable de fracaso, pero en medio de un escandaloso baño de sangre, en tanto se acrecentó el consumo y el mercado interno, además provocó la multiplicación de la capacidad de fuego, operación y coordinación de las bandas criminales, como lo mostró La Familia.
No sólo es el gobierno de Barack Husseien Obama el que exige parar el desastre en derechos humanos por la actuación del Ejército encabezado por Guillermo Galván Galván, mismo que fue defendido con poca fortuna por Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta ante la Corte Interamericana, la semana pasada, y ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en febrero pasado, sino que allí Bangladesh, Irlanda, Perú, Portugal, Rusia y Uruguay demandaron limitar el fuero castrense para que las violaciones sean investigadas por la justicia civil y no por los tribunales de los uniformados.
Se trata de acotar el fuero de guerra, no de desaparecerlo como es indispensable, para que México no sea el único país de América Latina en que los tribunales castrenses no han sido capaces de condenar a nadie, soldado u oficial, por violaciones a los derechos humanos en los últimos 10 años, como demostró José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, quien inicialmente respaldó los operativos militares ordenados por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,
Este arcaísmo es insostenible en los términos vigentes. El Ejército actúa en materia de justicia y en otras más como un Estado dentro de otro. Respaldados en el Código de Justicia Militar convierten en "delitos contra la disciplina" castrense todos los del orden común o federal que fueron cometidos por soldados en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo. Es el reino de la impunidad.
Para acotarlo cuando menos, tendrá una gran oportunidad la Suprema Corte en agosto. Esperemos que no la desaprovechen los funcionarios públicos mejor pagados.
Acuse de recibo
Juan Amael Vizzuett Olvera, caricaturista y pintor, difiere de Partidos derrotados (8-VII-09): "No creo que la renuncia del señor Germán Martínez haya sido un paso valeroso: sencillamente no le quedaba otro camino que dimitir, especialmente si su jefe se lo exigió. ¿Qué otra alternativa le quedaba? La disciplina le redituará buenos dividendos. Puede seguir el camino de tantos otros miembros de la clase política obligados a irse al ostracismo: fundar un lucrativo despacho de gestoría o irse de embajador a París"… El académico Mauricio Schoijet dice: "Aprecio mucho la labor de denuncia que Vd. ha hecho y sigue haciendo, aunque no estoy de acuerdo con tu política de apoyar a los supuestamente buenos o rescatables del PRD"… José Jacques Medina y Marta Sánchez Soler, diputado federal y defensora de inmigrantes, subrayan la "consistencia (de Forumenlinea) en compartir la información" y que la página electrónica "nos has dado muestra del respeto que merece la libertad de expresión"… Reiteran organismos sociales: "Lucía Morett Álvarez no es terrorista, es una ciudadana mexicana, actriz y estudiante de la licenciatura de literatura dramática y teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM".
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