MÉXICO, D.F., 4 de abril (apro).- Human Rights Watch (HRW) condenó la desaparición forzada de cuatro personas en Ciudad Juárez, Chihuahua, a manos de policías municipales que están bajo las órdenes de secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola Pérez, acusado por tortura en Tijuana Baja, California.
José Miguel Vivanco, director del organismo, exigió “una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial sobre las acusaciones que pesan sobre el llamado “superpolicía”por el presunto delito de tortura cometidas entre 2009 y 2010, cuando desempeñaba el mismo cargo en la fronteriza ciudad de Tijuana.
A 48 horas de concluir la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), el activista internacional llamó a las autoridades federales a investigar las denuncia de la desaparición de los civiles Juan Carlos Chavira, de 28 años; Dante Castillo, de 25; Raúl Navarro, de 29; y Félix Vizcarra, de 22 años de edad, quienes fueron detenidos el 26 de marzo por policía municipales de Ciudad Juárez y desde entonces se encuentran desaparecidos.
Vivanco resalto que ante “los claros indicios de participación policial en las desapariciones y la investigación mediocre” de las autoridades locales, los agentes del Ministerio Público federal deberían asumir las indagatorias, más aún cuando “está en juego la vida de estos cuatro hombres”.
En un comunicado, HRW citó la versión dada a conoce por la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua (CDHC), en la que, según cinco testigos aseguran que los cuatro civiles fueron detenidos cuando circulaban en una camioneta pick up; además, proporcionaron los números de las patrullas de los policías municipales que los arrestaron; dos de éstas, corresponden a los guardaespaldas de Leyzaola.
El organismo defensor de los derechos humanos destacó que, el 27 de marzo, el vehículo de los civiles fue encontrado sin placas de circulación y con las llaves adentro, a varios kilómetros del sitio de detención.
Según la queja de la CDHC, familiares de los desaparecidos acudieron a las delegaciones de las diferentes corporaciones policíacas, municipales, estatales y federales, para averiguar sobre su paradero. Arminda Vázquez, hermana de uno de los detenidos por los policías, acudió el 27 de marzo a la Agencia del Ministerio Público para interponer una denuncia por desaparición forzada pero fue hasta el día siguiente que el personal de la dependencia tomó su querella, asignándole el número 8/77/11, apuntó HRW.
En el comunicado, la organización internacional destacó que a pesar de que la CDHC proporcionó a los agentes ministeriales la información de las patrullas que detuvieron a los civiles, éstos no han sido interrogados.
La tardanza para dar con el paradero de los civiles, añadió, es incompatible con las indicaciones del alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Munguía, quien ordenó una investigación interna, así como con el reconocimiento de la Fiscalía General del estado de que investiga el “caso como desaparición forzada, y que las pruebas indican que habría participación de miembros de la policía”.
A pesar de los indicios, resaltó, “el departamento de policía municipal continúa negando haber detenido a los cuatro hombres, y ningún policía ha sido arrestado en relación con este caso. Más de una semana después de la desaparición de los civiles, aún se desconoce su paradero”.
Tras recordar que en septiembre de 2010, HRW envió una carta al presidente Felipe Calderón en el que informaba sobre las denuncias de tortura contra Julián Leyzaola, resaltó que en agosto la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California (PDHBC) emitió una recomendación al alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, en la que se documentan violaciones a derechos humanos cometidos por el entonces secretario de Seguridad Pública contra cuatro civiles.
Ramos rechazó la recomendación, por lo que la PDHBC recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que ratificó las observaciones y envió una recomendación al Congreso de Baja California.
Pese a esos antecedentes, en diciembre de 2010 el gobernador de Baja California, Guadalupe Osuna Millán, nombró a Leyzaola subsecretario de Seguridad Pública estatal, y en marzo el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Munguía, lo llamó a colaborar con él como secretario de Seguridad Pública, bajo el argumento de que Leyzaola es un “hombre que ha dado resultados”.
Para HRW, las “acusaciones creíbles de violaciones de derechos humanos cometidas por Leyzaola permiten dudar de su capacidad de investigar adecuadamente las desapariciones forzadas ocurridas recientemente en Ciudad Juárez, así como de su rol al frente del departamento de policía en general”.
Resaltó que “es inaceptable que las autoridades de Baja California y Chihuahua asciendan a un funcionario contra quien pesan denuncias creíbles de tortura”, y que su más reciente nombramiento, “transmite precisamente un mensaje totalmente equivocado a las fuerzas de seguridad: que un buen oficial es aquel que ha cometido violaciones de derechos humanos”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario