MÉXICO, D.F., 5 de abril.- Nuestro país vive una situación sin precedente por los niveles y las formas que ha adoptado la televisión para construir candidaturas presidenciales, chantajear a la clase política, interferir en los procesos legislativos, bloquear la competencia y desacreditar a sus adversarios. El poder intimidatorio y corruptor que han acumulado Televisa y Televisión Azteca amenaza a las instituciones y prácticas que sustentan nuestra vida democrática y a las libertades fundamentales de la sociedad, como la libertad de expresión. Las televisoras han puesto a la democracia mexicana en un contexto de alto riesgo. Por ello, es necesario exigir iniciativas legislativas para una nueva ley de medios que obligue a los concesionarios de un bien público a aceptar la competencia y a actuar con mayor profesionalismo.
Los objetivos del acuerdo: proponer criterios de acuerdo con las mejores prácticas a nivel global para que el comportamiento de las televisoras no promueva solamente los intereses empresariales y políticos de sus dueños, con demérito del interés público y el pluralismo. Establecer mecanismos para la protección de políticos y figuras públicas incómodos que son borrados de la pantalla o denostados allí.
LOS CRITERIOS DEL ACUERDO
1) Tomar postura en contra de la promoción política de Enrique Peña Nieto en Televisa, disfrazada de infomercial; en contra de los paquetes publicitarios negociados con TV Promo que incluyen la compra de entrevistas en los principales noticieros; en contra del silencio televisivo que se guarda sobre el caso de Atenco o los feminicidios en el Estado de México o cualquier tema controvertido que podría evidenciar las fauces del joven dinosaurio que Televisa ha concebido. Bajo ninguna circunstancia los ciudadanos debemos justificar las acciones que Televisa ha emprendido para construir una candidatura presidencial a la medida de sus intereses.
2) No convertirnos en cómplices de un duopolio que busca legitimación social, intentando presentarse como “socialmente responsable” con propósitos propagandísticos. Los ciudadanos no debemos permitir que Televisa y Televisión Azteca nos conviertan en instrumento o en parte del conflicto que mantienen actualmente Televisa/Telcel. Debemos evitar usar el lenguaje y la terminología que emplean los dueños de las televisoras y no propiciar que se conviertan – a través de la “Iniciativa México” – en héroes públicos.
3) Dimensionar adecuadamente la información. Presentar siempre las cifras de concentración del espectro radioeléctrico en su justa medida y señalar el efecto negativo que esta concentración –en tan solo dos empresas– tiene para la competencia, la innovación y la productividad. Explicar cuál es el tamaño y la situación real del problema duopólico y cómo afecta a la sociedad y a los procesos politicos, dado el precedente perverso que sentó la “Ley Televisa”.
4) Atribuir responsabilidades explícitamente. La información que se difunda sobre el duopolio debe asignar a cada quien la responsabilidad que le corresponde sobre los hechos irregulares y al margen de la ley, como la toma del Chiquihuite, la renuencia a mostrar los spots del IFE, el cabildeo de ambas empresas contra reformas a la Ley Federal de Competencia, la forma en la cual Televisa “borró” al senador Santiago Creel de la pantalla, el chantaje a los partidos políticos en el contexto de aprobación de la “Ley Televisa”, etcétera. En caso de que alguna acción de las televisoras caiga en excesos o esté fuera de la ley –como en la toma del Chiquihuite– habrá que seguir denunciando el ejercicio indebido del poder y la pasividad del gobierno.
5) Exigir que no se prejuzguen culpables. Los ciudadanos debemos demandar que la información de los detenidos presentados por las televisoras se maneje bajo el supuesto de la presunción de inocencia, en tanto esos personajes no cuenten con una sentencia condenatoria. La presunción de inocencia ha sido violada en múltiples ocasiones por las televisoras, como ocurrió recientemente en el caso de Florence Cassez, cuando el montaje armado por Genaro García Luna la presentó como culpable de antemano ante la opinión pública. Asimismo, los ciudadanos debemos exigir que el gobierno no ofrezca el paso de detenidos por las pantallas de las televisoras, aun antes de que hayan rendido su declaración formal ante el Ministerio Público, como ocurrió con el JJ.
6) Exigir que se proteja a quienes son agredidos por las televisoras. Allí está el caso de la denostación a los ministros de la Suprema Corte cuando votaron en favor de la inconstitucionalidad de la “Ley Televisa”; el caso de Francisco Gil Díaz cuando fue atacado por denunciar las irregularidades de la controvertida transacción Codisco-Unefon llevada a cabo por Ricardo Salinas Pliego; el caso de José Esteban Chidiac, criticado por Javier Alatorre cuando intentó frenar la ley a modo que Salinas Pliego promovió en el tema de los corresponsales bancarios; el caso de la agresión a los Saba por empujar una tercera cadena de televisión; el caso de Miguel Ángel Toscano, obligado a renunciar porque buscó regular la publicidad de los productos “milagro”; el caso de Santiago Creel, cuya cabeza fue difuminada por su posición crítica en torno al duopolio.
7) Alentar la participación y la denuncia ciudadana para que haya una nueva Ley de Radio y Televisión que promueva la competencia en el sector, modernice y fortalezca la regulación, incentive la innovación y lleve al surgimiento de programas de mayor calidad, cobertura con mayor objetividad, comportamiento periodístico guiado por el profesionalismo y no por la agenda política de los dueños.
8) Proteger a los periodistas, analistas, intelectuales, figuras públicas, legisladores y reguladores que disienten de las directrices que marcan las televisoras. Se ha vuelto una práctica común utilizar los espacios televisivos para dirimir fobias personales y políticas en contra de quienes llevan años señalando el peligro que la concentración duopólica significa para la vida democrática, la competencia electoral, la cobertura noticiosa plural, los procesos legislativos, la autonomía de los diputados, la independencia de los candidatos presidenciales, la libertad de expresión. Las acusaciones de “mezquindad” en contra de quienes –por razones legítimas– no han querido suscribir la “Iniciativa México” tal y como ha sido planteada reflejan una profunda falta de entendimiento sobre la pluralidad y la diversidad de posturas que cualquier democracia debe fomentar en lugar de criticar.
9) Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios que resulten incómodos para el duopolio televisivo, para los concesionarios que buscan proteger sus concesiones, para los que se oponen a la competencia, para los que quieren seguir usando la pantalla con el objetivo de promover candidaturas presidenciales afines a sus intereses –como en el caso de Televisa/Enrique Peña Nieto–, para los que quieren seguir manteniendo el statu quo, para quienes intentan ocultar el problema estructural que aqueja a la televisión mexicana detrás de una iniciativa dedicada a limpiar su imagen.
10) Participar en el combate al duopolio. Es responsabilidad de los ciudadanos seguir denunciando el comportamiento cuestionable de televisoras que para congraciarse con Felipe Calderón –en medio de un pleito feroz contra Carlos Slim/Telmex/Telcel– ofrecen apoyar al gobierno en los términos que el presidente ha exigido. Felipe Calderón reitera que la guerra contra el crimen organizado se va ganando aunque no parezca, y que el problema de fondo es uno de “percepciones”. En este momento, las televisoras se declaran sus aliadas y prometen ofrecer la cobertura balanceada que Los Pinos ha demandado una y otra vez. Pero lo que la ciudadanía debe recordar es que le toca denunciar a los enemigos de la democracia dondequiera que se encuentren. Ya sea en las calles de Ciudad Juárez o en el camino al Ajusco o en las oficinas de Avenida Chapultepec.
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