Plan B Lydia Cacho
Este 31 de marzo un juez federal hizo historia al dictar la primera sentencia por pornografía infantil en México: 13 años de prisión a Succar Kuri y exigió que su familia, que resguarda su fortuna en California, pague 350 mil pesos a cada víctima por resarcimiento del daño moral. La opinión pública pregunta en redes sociales: ¿son suficientes 13 años para semejantes delitos?, ¿saldrá en 8 años? A fines del 2004 varias niñas denunciaron cómo el empresario nacido en Líbano y con ciudadanía mexicana y estadounidense violaba niñas, niños y adolescentes, filmando todo para enviarlo por internet. Succar huyó de Cancún.
La PGR ordenó su búsqueda a Interpol y solicitó congelar cuentas millonarias de sus empresas, bajo cargos de pornografía infantil y lavado de dinero; tenían evidencia de videos con 20 menores de 8 a 14 años en la computadora de Succar. El 5 de febrero de 2004 fue arrestado en Arizona.
De inmediato, Kamel Nacif, socio y amigo, contrató un despacho de abogados estadounidense que intentó comprar al juez David K. Duncan para evitar la extradición (hay una grabación telefónica que demuestra su fallido soborno). La PGR pide la extradición. Las víctimas que habían declarado fueron amenazadas de muerte por Succar. En 2005 publiqué Los demonios del edén, que revela las redes de complicidades de pederastas, políticos y turismo sexual infantil (aún no existía en México la ley contra la trata de personas). Ocho meses después Nacif, para evitar la extradición de Succar, pidió al gobernador Mario Marín que me arrestaran y encarcelaran para que negara lo que mi libro denuncia. En febrero del 2006 La Jornada y Aristegui revelaron grabaciones entre Succar, Nacif, Marín y otros tres gobernadores que mostraban sus complicidades.
El 3 de julio de 2006 Succar fue extraditado y se le dictaron cuatro autos de formal prisión por corrupción de menores, violación equiparada, abusos deshonestos y pornografía infantil. Se llevaron dos juicios paralelos, uno en juzgado federal por pornografía y otro en fuero común de Cancún por los demás delitos. Mientras, las niñas siguieron en terapia, y bajo permanente acoso de la familia de Succar. Denuncié ante PGR al gobernador y sus cómplices. Llevamos el caso a la Suprema Corte y lo perdimos. Cuatro de los 11 ministros publicaron un libro para expresar su desacuerdo con el fallo y su convencimiento de la culpabilidad de Marín y sus cómplices.
Mientras los juicios contra Succar seguían, fue trasladado al penal del Altiplano donde pasó dos años. Los jueces favorecían a Succar y presionaban a víctimas y testigos para carearse con él. Las víctimas sufrieron recaídas emocionales ante la violencia con que eran tratadas en tribunales; las peritos y testigos eran amenazados de muerte. Las niñas y niños abusados por Succar han tenido problemas en la escuela, depresión y ansiedad. Ahora, 7 años después de su denuncia, reciben la noticia: “¡Ya no tendré pesadillas!”, dice una. “¡Entonces dijo el juez que sí dijimos la verdad!”, expresa el niño emocionado.
El resarcimiento del daño moral (350 mil pesos) a las 7 víctimas que siguieron el proceso servirían para pagar su terapia y becas escolares. Sin embargo, Succar apela la sentencia y se niega a pagar. De la sentencia de 13 años se descontarán los que lleva preso (debieron darle 24 años). Tiene 68 años y en la cárcel de Cancún vive con privilegios de toda índole; se ve recuperado y sano. El juez Echeverría Tun, del fuero común, ha exigido que las víctimas se careen nuevamente con Succar antes de dictar la otra sentencia de 60 años.
Las niñas han dicho que ya no pueden más, se niegan a revivir el dolor ante quien les ha arrebatado toda su infancia y adolescencia. A pesar de la argumentación jurídica y la confesión de Succar, el juez demora la sentencia. Sería insólito, pero no imposible, que a pesar de ser el caso más notable de pornografía y explotación sexual infantil de la historia de México, quienes protegen a Succar y la historia detrás de él logren lo inimaginable: un giro a favor del pederasta. Las niñas y niños han cerrado su ciclo, celebran, y nosotras con ellos, la victoria de su odisea. Pero la guardia debe seguir en alto, la historia no ha terminado.
www.lydiacacho.net
Twitter: @lydiacachosi
La PGR ordenó su búsqueda a Interpol y solicitó congelar cuentas millonarias de sus empresas, bajo cargos de pornografía infantil y lavado de dinero; tenían evidencia de videos con 20 menores de 8 a 14 años en la computadora de Succar. El 5 de febrero de 2004 fue arrestado en Arizona.
De inmediato, Kamel Nacif, socio y amigo, contrató un despacho de abogados estadounidense que intentó comprar al juez David K. Duncan para evitar la extradición (hay una grabación telefónica que demuestra su fallido soborno). La PGR pide la extradición. Las víctimas que habían declarado fueron amenazadas de muerte por Succar. En 2005 publiqué Los demonios del edén, que revela las redes de complicidades de pederastas, políticos y turismo sexual infantil (aún no existía en México la ley contra la trata de personas). Ocho meses después Nacif, para evitar la extradición de Succar, pidió al gobernador Mario Marín que me arrestaran y encarcelaran para que negara lo que mi libro denuncia. En febrero del 2006 La Jornada y Aristegui revelaron grabaciones entre Succar, Nacif, Marín y otros tres gobernadores que mostraban sus complicidades.
El 3 de julio de 2006 Succar fue extraditado y se le dictaron cuatro autos de formal prisión por corrupción de menores, violación equiparada, abusos deshonestos y pornografía infantil. Se llevaron dos juicios paralelos, uno en juzgado federal por pornografía y otro en fuero común de Cancún por los demás delitos. Mientras, las niñas siguieron en terapia, y bajo permanente acoso de la familia de Succar. Denuncié ante PGR al gobernador y sus cómplices. Llevamos el caso a la Suprema Corte y lo perdimos. Cuatro de los 11 ministros publicaron un libro para expresar su desacuerdo con el fallo y su convencimiento de la culpabilidad de Marín y sus cómplices.
Mientras los juicios contra Succar seguían, fue trasladado al penal del Altiplano donde pasó dos años. Los jueces favorecían a Succar y presionaban a víctimas y testigos para carearse con él. Las víctimas sufrieron recaídas emocionales ante la violencia con que eran tratadas en tribunales; las peritos y testigos eran amenazados de muerte. Las niñas y niños abusados por Succar han tenido problemas en la escuela, depresión y ansiedad. Ahora, 7 años después de su denuncia, reciben la noticia: “¡Ya no tendré pesadillas!”, dice una. “¡Entonces dijo el juez que sí dijimos la verdad!”, expresa el niño emocionado.
El resarcimiento del daño moral (350 mil pesos) a las 7 víctimas que siguieron el proceso servirían para pagar su terapia y becas escolares. Sin embargo, Succar apela la sentencia y se niega a pagar. De la sentencia de 13 años se descontarán los que lleva preso (debieron darle 24 años). Tiene 68 años y en la cárcel de Cancún vive con privilegios de toda índole; se ve recuperado y sano. El juez Echeverría Tun, del fuero común, ha exigido que las víctimas se careen nuevamente con Succar antes de dictar la otra sentencia de 60 años.
Las niñas han dicho que ya no pueden más, se niegan a revivir el dolor ante quien les ha arrebatado toda su infancia y adolescencia. A pesar de la argumentación jurídica y la confesión de Succar, el juez demora la sentencia. Sería insólito, pero no imposible, que a pesar de ser el caso más notable de pornografía y explotación sexual infantil de la historia de México, quienes protegen a Succar y la historia detrás de él logren lo inimaginable: un giro a favor del pederasta. Las niñas y niños han cerrado su ciclo, celebran, y nosotras con ellos, la victoria de su odisea. Pero la guardia debe seguir en alto, la historia no ha terminado.
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