México, DF; 3 de abril (Apro).- En la última parte de su gobierno, Felipe Calderón exacerbará aún más los ánimos y la violencia en México. Dispuesto a no ser él quien le regrese la presidencia de la República al PRI, echará mano de cuanto pueda para impedirlo, sin reparar en costos.
A seis meses de que inicie formalmente el proceso electoral para sucederlo, ha comenzado a definir el equipo que lo acompañará en su nueva guerra, que también puede dejar su cuota de violencia.
De la guerra sucia electoral que encabezó en 2006, a la guerra contra narcotraficantes –no contra el narcotráfico– que de seguir como va podría dejar hasta 50 mil muertos, pasará a la guerra contra sus enemigos políticos y quienes los apoyen.
Su propuesta para que su ariete Marisela Morales ocupe la Procuraduría General de la República (PGR) viene acompañada, por lo pronto como escenario, de la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Junto con su policía Genaro García Luna, Calderón tendría conformado un equipo para la persecución, el chantaje y el terror.
Marisela Morales no sólo ha sido una pieza útil de Washington en su estrategia contra el narcotráfico, como se demostró al ser palomeada por la secretaria de Estado estadunidense Hillary Clinton y envestirla como “la mujer más valiente del año”. También lo ha sido para Calderón.
Desde la subprocuraduría de Investigación Especializada para la Delincuencia Organizada (SIEDO), Morales se ha encargado del trabajo sucio de Calderón en la PGR. Desde allí, consignó a los tres supuestos responsables de los granadazos en Morelia, Michoacán, la noche del 15 de septiembre de 2008.
A sabiendas de que fueron torturados para incriminarse y de que el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, autorizó una operación encubierta del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro para negociar con La Familia Michoacana la entrega de los supuestos responsables, Marisela Morales los consignó sin pruebas y los mantiene en un penal de alta seguridad.
Morales también le sirvió a Calderón para la vergüenza que se conoce como el michoacanazo, en la que una treintena de entonces funcionarios y policías estatales y municipales fueron detenidos, vejados y encarcelados por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Al cabo de un año, en promedio, quedaron libres sin que estuviera clara la acusación.
Impulsora del arraigo –que de forma vergonzosa el Congreso incorporó a la Constitución Política en 2007– ha abusado de esa figura tanto como de los llamados testigos protegidos, dos de los más oprobiosos instrumentos de violación a los derechos humanos.
La funcionaria ha construido las acusaciones judiciales del gobierno de Calderón contra narcotraficantes a partir de una docena de testigos protegidos, a quienes con amenazas y chantajes presionan para que acusen a quienes ni conocen y en circunstancias en las que nunca han estado.
La todavía titular de la SIEDO rebasó a sus dos anteriores jefes: Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez. Quienes hablan bien del primero, dicen que sus diferencias con Calderón se debieron a que no se prestó a hacer de la PGR un instrumento de persecución política en las elecciones federales del 2009, que perdió Calderón. Pero la relación no habrá terminado tan mal puesto que Medina fue premiado con la embajada de México en Londres.
Cuestionado por su paso por Chihuahua y su estrecha relación con Diego Fernández, el segundo titular de la PGR nunca asumió el cargo. Quien operaba al gusto de Calderón era la subprocuradora, cuyo futuro ahora está en manos del Senado, que hasta ahora sólo ha cumplido el trámite de avalar las propuestas presidenciales para el cargo.
A esa propuesta se ha comenzado a mencionar un movimiento inquietante: la posible llegada de Miguel Ángel Yunes al Cisen, luego de que su nombre se manejara también en como posible sucesor de Chávez en la PGR, movimiento que de plano habría sido rechazado por el PRI en el Senado, no como muestra del equilibrio de poderes, sino por mera venganza política contra uno de sus desertores.
El frustrado candidato del PAN al gobierno de Veracruz, pieza de Elba Esther Gordillo, ocuparía el despacho de Guillermo Valdés Castellanos, quien pasaría al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sustitución de Miguel Alcántara Soria, que a su vez ocuparía la SIEDO.
Con García Luna en la SSP, experto en la creación de escenarios mediáticos y en la fabricación de delitos, y Marisela Morales en la PGR, donde ha destacado como fabricante de culpables, la eventual llegada de Yunes crearía un escenario de terror para los enemigos del calderonato.
Al igual que Calderón, Yunes es conocido por su animosidad de emprender acciones contra quienes se les oponen. Su historial es conocido desde su etapa priista en Veracruz.
Aún cuando Yunes no llegue al Cisen, los expedientes de la clase política, empresarial y cuantos sean considerados enemigos, se convertirán en valiosas armas en la nueva guerra en que se embarcará el ocupante de Los Pinos para no pasar como fracasado, regresándole el poder al PRI. Será el peligro de la decadencia en el poder.
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