PGR: el recurso de la delación

Editorial La Jornada

Ayer, el Diario Oficial de la Federación anunció un acuerdo de la Procuraduría General de la República (PGR) que otorga recompensas a quienes aporten información que permita la identificación y localización de recursos, derechos o bienes relacionados o susceptibles de ser vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de la comisión de dicho delito.

Las gratificaciones a los denunciantes serán de hasta el 25 por ciento del valor de los bienes, se entregarán una vez que se resuelva el abandono de éstos en favor del Estado y tomando en consideración las deducciones derivadas por gastos de administración, enajenación y adeudos.

La medida anunciada constituye un paso adelante en una política de procuración de justicia que resulta cuestionable por varias razones, así se trate de una práctica corriente en diversas naciones.

Por principio de cuentas, el recurso a la ambición monetaria de los ciudadanos para que éstos delaten ante las autoridades a presuntos delincuentes introduce un factor que distorsiona la aplicación de la justicia, pues ésta debe entenderse como una obligación irrenunciable y pareja del Estado, y no como consecuencia de la tentación de particulares para obtener dinero o bienes. La práctica de ofrecer recompensas representa el reconocimiento implícito de la incapacidad de las instituciones para investigar por sí mismas la comisión de infracciones a la ley y pone en cuestión su capacidad para prevenir y sancionar el delito.

Por otra parte, la decisión comentada conduce a una descomposición moral del tejido social, toda vez que abona la proliferación de sospechas entre los mismos ciudadanos y abre un margen para que las rencillas y las animadversiones personales se conviertan en un elemento clave en el funcionamiento de las corporaciones policiales y ministeriales y también, por ende, en el desarrollo de procesos legales.

Ciertamente, el ofrecimiento de recompensar a particulares para que delaten a presuntos delincuentes y para que aporten información que permita confiscar sus bienes es práctica corriente en diversas naciones, pero ello no necesariamente la hace deseable en el caso de México. Más aun, si se toma en cuenta la descomposición que impera en las instancias policiales y jurídicas nacionales, es claro que la búsqueda y la entrega de recompensas pueden prestarse a prácticas corruptas y, por tanto, a lo contrario de un ejercicio de justicia.

Por último, debe tomarse en cuenta el grado alarmante de infiltración que padecen las corporaciones de seguridad por parte de la delincuencia organizada y el altísimo riesgo que este hecho representa para las personas que, por interés o por mera buena voluntad, emplean los mecanismos de denuncia establecidos.

Parece pertinente, pues, que la PGR reconsidere su decisión y, en vez de distribuir dinero entre delatores, emplee los recursos correspondientes en el saneamiento y la capacitación de sus elementos.