Tipifica dos delitos para encarcelar a las que aborten
Por Lourdes Godínez Leal
México, DF, 7 abr 11 (CIMAC).- En el estado de Guanajuato las mujeres son doblemente criminalizadas por la justicia: por el “delito de aborto” y por el de “homicidio en razón de parentesco”.
De 2003 a 2010, la Procuraduría General de Justicia de la entidad ejerció acción penal contra 30 mujeres por el delito de aborto, mientras que por el de homicidio en razón de parentesco inició 116 averiguaciones previas, según el oficio 12203/2010 de la dependencia.
Según el mismo documento, en esos siete años se iniciaron 130 averiguaciones previas por el delito de aborto: en 30 se ejerció acción penal no sólo contra la mujer sino “contra diversas personas que provocaron el aborto a la mujer”. De las restantes, 43 se archivaron, 23 se reservaron, en 25 se dictó incompetencia, hay dos acumuladas y siete en trámite.
Respecto al delito de “homicidio en razón de parentesco”, la Procuraduría reportó que en ese mismo periodo inició 116 averiguaciones previas, de las cuales 96 fueron consignadas, 12 archivadas, una reservada, tres están en trámite y en cuatro se declaró incompetente.
La dependencia precisó que dentro de las 96 consignaciones incluye otros casos y “no únicamente cuando se trata de la madre que priva de la vida a un descendiente”.
En total, dice la Procuraduría estatal, 30 mujeres han sido acusadas por el delito de aborto y siete más están en espera de ser consignadas, mientras que por el delito de homicidio en razón de parentesco, de las 96 consignaciones no especifica cuántas corresponden a mujeres que sufrieron abortos involuntarios.
Según la Procuraduría, hasta mediados de 2010 ninguna mujer se encontraba compurgando una pena por el delito de aborto en los Centros de Readaptación Social (Cereso) del estado.
En contraste, la organización “Las Libres” que trabaja a favor de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, documentó que del 2000 al 2008, 130 mujeres fueron procesadas y sentenciadas por el delito de aborto, aún en casos de violación, y que por el delito de homicidio en razón de parentesco se encontraban presas ocho mujeres.
A mediados de 2010 y ante el escándalo mediático que provocó el conocimiento de las ocho mujeres presas por homicidio en razón de parentesco en los Ceresos de Puentecillas y Valle de Santiago, y después de la visita que en agosto de ese año realizó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) a la entidad -donde se entrevistó con el gobernador Juan Manuel Oliva- se propusieron reformas para disminuir la penalidad por este delito.
Luego de que el congreso del estado aprobara la iniciativa (enviada por el Ejecutivo estatal) de reforma al Código penal que disminuye las penas de “homicidio en razón de parentesco” de 35 años a condenas de 3 a 8 años, el 7 de septiembre de 2010, al entrar en vigor dichas reformas, las ocho mujeres que se encontraban presas por ese delito obtuvieron su libertad.
En Guanajuato, el 8 de mayo de 2009, se aprobó la reforma constitucional que “protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, y el 3 de septiembre de 2010 se publicó la reforma que reduce las penas en “homicidio en razón de parentesco” de 35 a 3 y 8 años de prisión.
El encarcelamiento de las mujeres que abortaron forma parte de la estrategia que los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (PRI-PAN) impulsaron a partir de 2008 en 17 entidades federativas de la República Mexicana con el fin de “proteger la vida” desde el momento de la concepción-fecundación.
Como parte de las acciones que se han emprendido para revertir estas reformas que atentan contra los DH de las mujeres, el ayuntamiento de Uriangato, Guanajuato, promovió en julio de 2009 una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que 167 mujeres se ampararon ante los Juzgados de Distrito estatales. Ambos casos permanecen aún sin resolver en las respectivas instancias.
Este tema se analizará mañana con periodistas durante los trabajos del taller “Por una maternidad libre y voluntaria”, que se llevará a cabo en esta ciudad, como parte de la campaña que lleva el mismo nombre y se promueve en 18 estados de la República Mexicana y cuatro países de Centroamérica (Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador).
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