Álvaro Cepeda Neri *
Mario Sánchez Ruiz, del Sur de Sonora, es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Es casi compadre del desgobernador Guillermo Padrés Elías y, mutuamente, se hacen favores, que para eso están en sus respectivos poderes que coinciden en sus fines: viven y se desviven por el sector privado, aunque tienen sus diferencias con algunos sectores patronales. Sánchez Ruiz anda muy activo a dos aguas. Por una parte, apoya las críticas de Ernesto Cordero (ya más precandidato de Calderón a la sucesión presidencial, que secretario de Hacienda). Por otra, nada de a muertito entre el sí y el no a la reforma del senador Beltrones, y en sus ratos libres, ampara y manipula la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, domiciliada en el municipio de Cajeme y su cabecera en Ciudad Obregón, Sonora.
Este don Mario Sánchez Ruiz, obviamente, en combinación con Padrés ha impuesto en las juntas sonorenses a sus abogados (ante todo panistas sumisos al padrecismo) como presidentes de esos órganos donde se ventilan los conflictos laborales. Pues bien, al Sur de Sonora, Efrén Alberto Manríquez Barrera (y su hermano Édgar) decide cómo se arreglan los laudos laborales, no conforme a derecho y pruebas, sino según “el sapo es la pedrada”. Es cierto que por corrupción en todas las juntas, ya no de Conciliación y menos de Arbitraje, del país (en las del Distrito Federal tienen porros golpeadores para desbaratar huelgas y hacer desistir a los obreros de sus peticiones y reclamos), se venden los fallos al mejor postor. Y en Sonora, donde el desgobernador panista Padrés también nada de a muertito en esa corrupción y otras, las juntas resuelven conforme a sus complicidades con “poderoso caballero es don dinero”.
No deja de llamar la atención que los hermanos Manríquez Barrera sean los intermediarios del presidente de los empresarios afiliados al Consejo Coordinador Empresarial: Mario Sánchez Ruiz, quien les da protección y los felicita de que controlen la Junta local sonorense de Cajeme, para que sus fallos sean favorables a los que más ofrezcan y que lo hagan en contra de abogados laborales obreros y patronales que están en su lista negra. La información que nos llega es que los dos se han escriturado ese órgano y lo utilizan como su despacho particular.
Hace casi dos años que Sánchez Ruiz y los Manríquez Barrera se adueñaron de la Junta para convertirla en un negocio, donde las leyes laborales sustantivas y procesales dejaron de funcionar, ya que “están haciendo su agosto todo el año en la Junta de Conciliación y están provocando (nos dice el corresponsal en Ciudad Obregón, para esta columna) enojo de parte del gremio de abogados laboristas), el cual amenaza en convertirse en una manifestación” contra esos tres. Ante todo, han dicho que publicarán un desplegado en los periódicos de la capital del país para denunciar a Mario Sánchez Ruiz y sus socios o lo que sean que convirtieron esa Junta en un “tanichi”, o changarro, para vender laudos en subasta otorgados al que más ofrezca.
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