Samuel Schmidt
schmidt@mexico.com
Cuando los panistas empezaron a subir alguien los apodó los pitufos, en mención a unos personajes pequeños de cartón televisivo que eran azules –el color del PAN-. No sé si todavía estamos ante esos duendecillos, o si evolucionaron hasta convertirse en una especie de ladronzuelos o si de plano ya debamos ponerlos en la definición de depredadores. La familia del primer gobernador panista de Chihuahua se convirtió en una de las más ricas del estado en solamente cinco años, sin duda un record. Uno no puede menos que decepcionarse porque este partido nos prometió limpiar la corrupción panista, nos juraron que ellos encarnaban la nueva moral y a más de dos décadas de distancias el desengaño se impone, y la realidad de un país inundado por la corrupción prevalece.
Ya llevamos muchos casos de políticos panistas que infringen la ley y con toda impunidad se aferran al puesto y todos sus beneficios, para desde ahí tratar de inclinar a su favor al aparato de justicia, una politización absurda y nefasta del ataque al crimen. El nuevo caso es el del alcalde de Monterrey, ciudad donde una tragedia ayudo a descubrir una nueva historia de corrupción. El hermano del alcalde fue filmado mientras recibía 400 mil pesos en un casino. La excusa es ridícula: vendía quesos. Supongamos que en verdad era proveedor del casino, cuesta trabajo creer que un negocio pague en efectivo esa cantidad de dinero, especialmente en las condiciones de inseguridad que vivimos. Unos días después empieza a surgir información sobre la posible protección del alcalde mismo. Si bien varias autoridades deben intervenir, por lo menos la secretaría de hacienda, que debe analizar las finanzas de ambas partes, es por lo menos dudoso el manejo de tanto efectivo en un negocio y habría que ver las finanzas del hermano que manejaba esas cantidades en efectivo. Pero antes que las aguas sigan subiendo el presidente nacional del PAN se adelantó a sugerir que el alcalde debe mantenerse en el puesto. Ni la menor sombra de condena, ¡que viva la impunidad!
Si el hermano incómodo, y ya llevamos una muy larga cuenta de hermanos incómodos, estaba cobrando un soborno de un casino, es porque tenía un hermano alcalde, si el funcionario hermano lo sabía y toleraba es cómplice, si no lo sabía, es culpable por ignorar que cosas tan graves suceden en su entorno. Como bien dice el juez Baltasar Garzón, debemos desarrollar la cultura de la dimisión y el alcalde debe retirarse para que la investigación de los hechos lo absuelva o condene y los líderes de su partido deben cerrar la boca para no interferir con la justicia. Pero cuando un caso judicial se politiza de esa manera, lejos estamos del estado de derecho.
Desafortunadamente para los panistas lo importante es no perder la posición y la capacidad de corrupción de la misma, lo fundamental es ver el interés del partido y buscar el blindaje frente al hecho delincuencial, muy rápido se alejaron de la ley y de la ética. El poder para ellos es solamente una posibilidad de enriquecerse y por lo visto, pasando por encima de todo, incluso de la decencia, la dignidad y la honradez. Todavía tiene que explicar la procuraduría porque le tomó 13 meses actuar contra un funcionario encontrado culpable de cohecho y soborno y terminaron acusándolo de enriquecimiento inexplicable. ¿Acaso se aferran a la alcaldía dada la riqueza de la ciudad y la posibilidad de distraer recursos públicos para financiar las campañas electorales en puerta?
Mientras este caso se exhibía en los medios de comunicación, un magistrado de tribunal supremo de Jalisco me decía que la solución a la problemática del país es la aplicación de la ley, y tiene razón. El hermano del alcalde está detenido y el proceso contra él debe aplicarse con transparencia. La detención del individuo que fue captado infraganti recibiendo dinero no puede permitirse como chivo expiatorio facilitando eximir de responsabilidad al hermano el político, porque un castigo parcial es incompleto y adverso a la justicia, y es un refuerzo a la impunidad que tanto daño le causa al país.
Parece ser que a los gobernantes actuales en el país parece no quedarles claro la necesidad ineludible de respeto al estado de derecho, este implica un compromiso de todos los actores. El imperio de las leyes parece ser muy sencillo pero exige que todos, sin distinción, sean sujetos a la aplicación de la ley y los políticos con mayor razón.
schmidt@mexico.com
Cuando los panistas empezaron a subir alguien los apodó los pitufos, en mención a unos personajes pequeños de cartón televisivo que eran azules –el color del PAN-. No sé si todavía estamos ante esos duendecillos, o si evolucionaron hasta convertirse en una especie de ladronzuelos o si de plano ya debamos ponerlos en la definición de depredadores. La familia del primer gobernador panista de Chihuahua se convirtió en una de las más ricas del estado en solamente cinco años, sin duda un record. Uno no puede menos que decepcionarse porque este partido nos prometió limpiar la corrupción panista, nos juraron que ellos encarnaban la nueva moral y a más de dos décadas de distancias el desengaño se impone, y la realidad de un país inundado por la corrupción prevalece.
Ya llevamos muchos casos de políticos panistas que infringen la ley y con toda impunidad se aferran al puesto y todos sus beneficios, para desde ahí tratar de inclinar a su favor al aparato de justicia, una politización absurda y nefasta del ataque al crimen. El nuevo caso es el del alcalde de Monterrey, ciudad donde una tragedia ayudo a descubrir una nueva historia de corrupción. El hermano del alcalde fue filmado mientras recibía 400 mil pesos en un casino. La excusa es ridícula: vendía quesos. Supongamos que en verdad era proveedor del casino, cuesta trabajo creer que un negocio pague en efectivo esa cantidad de dinero, especialmente en las condiciones de inseguridad que vivimos. Unos días después empieza a surgir información sobre la posible protección del alcalde mismo. Si bien varias autoridades deben intervenir, por lo menos la secretaría de hacienda, que debe analizar las finanzas de ambas partes, es por lo menos dudoso el manejo de tanto efectivo en un negocio y habría que ver las finanzas del hermano que manejaba esas cantidades en efectivo. Pero antes que las aguas sigan subiendo el presidente nacional del PAN se adelantó a sugerir que el alcalde debe mantenerse en el puesto. Ni la menor sombra de condena, ¡que viva la impunidad!
Si el hermano incómodo, y ya llevamos una muy larga cuenta de hermanos incómodos, estaba cobrando un soborno de un casino, es porque tenía un hermano alcalde, si el funcionario hermano lo sabía y toleraba es cómplice, si no lo sabía, es culpable por ignorar que cosas tan graves suceden en su entorno. Como bien dice el juez Baltasar Garzón, debemos desarrollar la cultura de la dimisión y el alcalde debe retirarse para que la investigación de los hechos lo absuelva o condene y los líderes de su partido deben cerrar la boca para no interferir con la justicia. Pero cuando un caso judicial se politiza de esa manera, lejos estamos del estado de derecho.
Desafortunadamente para los panistas lo importante es no perder la posición y la capacidad de corrupción de la misma, lo fundamental es ver el interés del partido y buscar el blindaje frente al hecho delincuencial, muy rápido se alejaron de la ley y de la ética. El poder para ellos es solamente una posibilidad de enriquecerse y por lo visto, pasando por encima de todo, incluso de la decencia, la dignidad y la honradez. Todavía tiene que explicar la procuraduría porque le tomó 13 meses actuar contra un funcionario encontrado culpable de cohecho y soborno y terminaron acusándolo de enriquecimiento inexplicable. ¿Acaso se aferran a la alcaldía dada la riqueza de la ciudad y la posibilidad de distraer recursos públicos para financiar las campañas electorales en puerta?
Mientras este caso se exhibía en los medios de comunicación, un magistrado de tribunal supremo de Jalisco me decía que la solución a la problemática del país es la aplicación de la ley, y tiene razón. El hermano del alcalde está detenido y el proceso contra él debe aplicarse con transparencia. La detención del individuo que fue captado infraganti recibiendo dinero no puede permitirse como chivo expiatorio facilitando eximir de responsabilidad al hermano el político, porque un castigo parcial es incompleto y adverso a la justicia, y es un refuerzo a la impunidad que tanto daño le causa al país.
Parece ser que a los gobernantes actuales en el país parece no quedarles claro la necesidad ineludible de respeto al estado de derecho, este implica un compromiso de todos los actores. El imperio de las leyes parece ser muy sencillo pero exige que todos, sin distinción, sean sujetos a la aplicación de la ley y los políticos con mayor razón.
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