Editorial EL UNIVERSAL
Hoy se conmemora el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres y Niñas. En esta fecha funcionarios y organizaciones suelen dar elocuentes discursos. El problema es que, año con año, la situación no parece cambiar de manera sustantiva. La mitad de la población sigue siendo, sólo por su género, más vulnerable a la violencia. Sería injusto decir que nada ha mejorado.
Es cierto que las mujeres están en una posición de riesgo mucho mayor que los hombres, como hace una década o un siglo. Sin embargo, hoy existen instituciones dedicadas a atender el problema, leyes específicas al respecto, organizaciones civiles empeñadas en cambiar la situación, así como nuevas generaciones que han crecido en medio de mensajes y políticas públicas de igualdad que no existían en el pasado.
Por desgracia, la existencia de avances en la materia no puede tener conforme a nadie. De 2005 hasta el año pasado hubo un incremento de feminicidios de 2.45 a 3.52 por cada 100 mil mujeres. Una de cada cuatro ha sufrido violencia física y/o sexual a manos de su pareja. El 82% de aquellas que han sido víctimas de violencia no denunció el crimen. Hace más de cuatro años entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El objetivo era que la Federación, entidades y municipios se coordinaran para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia de género. Todos debían compartir los mismos principios rectores para elaborar legislaciones locales y reglamentos, así como políticas públicas. Lamentablemente, a un lustro de distancia, las acciones no se ven.
El gobierno federal publicó con nueve meses de retraso el reglamento de la ley, y no ha elaborado el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, justo el instrumento que serviría de base para elaborar políticas públicas en esa materia. Tampoco ha puesto en marcha el Fondo Nacional para la Alerta de Género, aunque sí ha habido presupuesto tanto para ese fondo como para el inexistente banco de datos.
En los gobiernos estatales, apenas el año pasado se logró que todos tuvieran legislaciones en la materia. El problema es que varios de ellos todavía no elaboran los reglamentos correspondientes. Si los feminicidios, los abusos sexuales, los acosos no han dejado de crecer es por falta de voluntad política para aplicar normas que se consideraron muy ambiciosas en su momento pero que sólo han quedado en el papel, ¿de qué ha servido el listado de modelos de atención, prevención y sanción frente a agresiones familiares, laborales, incluso comunitarias que siguen sucediendo todos los días?
La ley define desde violencia física y económica hasta la sicológica, sexual y patrimonial. ¿Ministerios públicos y jueces están entrenados al respecto? ¿Han aplicado los criterios? Estas son las preguntas que gobiernos, legisladores y jueces deben responder, en lugar de emitir discursos de indignación que contrastan con sus acciones.
Hoy se conmemora el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres y Niñas. En esta fecha funcionarios y organizaciones suelen dar elocuentes discursos. El problema es que, año con año, la situación no parece cambiar de manera sustantiva. La mitad de la población sigue siendo, sólo por su género, más vulnerable a la violencia. Sería injusto decir que nada ha mejorado.
Es cierto que las mujeres están en una posición de riesgo mucho mayor que los hombres, como hace una década o un siglo. Sin embargo, hoy existen instituciones dedicadas a atender el problema, leyes específicas al respecto, organizaciones civiles empeñadas en cambiar la situación, así como nuevas generaciones que han crecido en medio de mensajes y políticas públicas de igualdad que no existían en el pasado.
Por desgracia, la existencia de avances en la materia no puede tener conforme a nadie. De 2005 hasta el año pasado hubo un incremento de feminicidios de 2.45 a 3.52 por cada 100 mil mujeres. Una de cada cuatro ha sufrido violencia física y/o sexual a manos de su pareja. El 82% de aquellas que han sido víctimas de violencia no denunció el crimen. Hace más de cuatro años entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El objetivo era que la Federación, entidades y municipios se coordinaran para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia de género. Todos debían compartir los mismos principios rectores para elaborar legislaciones locales y reglamentos, así como políticas públicas. Lamentablemente, a un lustro de distancia, las acciones no se ven.
El gobierno federal publicó con nueve meses de retraso el reglamento de la ley, y no ha elaborado el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, justo el instrumento que serviría de base para elaborar políticas públicas en esa materia. Tampoco ha puesto en marcha el Fondo Nacional para la Alerta de Género, aunque sí ha habido presupuesto tanto para ese fondo como para el inexistente banco de datos.
En los gobiernos estatales, apenas el año pasado se logró que todos tuvieran legislaciones en la materia. El problema es que varios de ellos todavía no elaboran los reglamentos correspondientes. Si los feminicidios, los abusos sexuales, los acosos no han dejado de crecer es por falta de voluntad política para aplicar normas que se consideraron muy ambiciosas en su momento pero que sólo han quedado en el papel, ¿de qué ha servido el listado de modelos de atención, prevención y sanción frente a agresiones familiares, laborales, incluso comunitarias que siguen sucediendo todos los días?
La ley define desde violencia física y económica hasta la sicológica, sexual y patrimonial. ¿Ministerios públicos y jueces están entrenados al respecto? ¿Han aplicado los criterios? Estas son las preguntas que gobiernos, legisladores y jueces deben responder, en lugar de emitir discursos de indignación que contrastan con sus acciones.
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