Erradicar la violencia contra la mujer

Raúl Plascencia Villanueva

En las últimas dos décadas se han presentado avances significativos en la protección a la mujer, sin embargo, no ha sido posible establecer mecanismos eficaces para tutelar todos y cada uno de los derechos reconocidos en el sistema jurídico mexicano.

Actualmente existen importantes retos en la materia como es terminar con la violencia basada en el género, la discriminación en el campo laboral, dentro del núcleo familiar, en la comunidad y en las escuelas. La mayoría de los casos permanecen impunes.

Pese a los esfuerzos legislativos realizados a nivel nacional e internacional para combatir dicho fenómeno, no ha podido ser erradicado. Algunos de los avances en este ámbito son: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Aunado a lo anterior, es preciso destacar que el total de las entidades federativas de nuestro país expidieron leyes específicas que pugnan por garantizar a las mujeres una vida sin violencia. Veintisiete de ellas han expedido los reglamentos respectivos y en todas existen instancias en su favor.

La transformación de la normatividad jurídica mexicana en la regulación de la problemática no basta para acabar con esta violencia, es necesario seguir trabajando para lograr la concientización y sensibilización por parte de las autoridades competentes y de la sociedad en general.

Eliminar la violencia en contra de las mujeres requiere la elaboración y aplicación de efectivas políticas públicas, así como programas preventivos de acción social. Impera la necesidad de continuar medidas legales, brindar respuestas institucionales y sociales debidamente orientadas a prevenir y suprimir conductas contrarias al Estado de derecho.

Dentro de los grandes pendientes se encuentra el fortalecimiento de los sistemas de impartición de justicia con la finalidad de facilitar la denuncia, prevenir actos que violen sus derechos, reducir la impunidad y los abusos cometidos en su contra. Sobre todo se requiere un importante cambio cultural, ya que informes y estadísticas oficiales estiman que el mayor índice de violencia en contra de las mujeres se registra en el hogar.

Por lo tanto, es indispensable la participación de los organismos defensores de los derechos humanos, que mediante la implementación de programas de capacitación en coordinación con las instituciones públicas de los tres ámbitos de gobierno busquen erradicar las prácticas discriminatorias que afectan gravemente la condición paritaria de la mujer en la sociedad. Implica modificar los patrones culturales para ofrecerles protección eficaz y defensa oportuna.

La participación social y la suma de esfuerzos es la mejor fórmula para acabar con este flagelo que afecta a los diversos sectores de la población y que permitan alcanzar las metas que como país nos hemos trazado.

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos