ESCASEZ. Los legisladores sólo aprobaron 4 millones de pesos para prevención, protección y atención de trata de personas para el próximo año (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )
Los planes para realizar en 2012 una campaña especial de combate y prevención contra la trata de personas acorde con las reformas constitucionales en la materia, tendrán que esperar por insuficiencia de recursos.
A más tardar, en febrero próximo el Congreso deberá aprobar la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, en concordancia con las enmiendas a la Constitución, en vigor desde julio.
Pero la legislación podría nacer muerta por escasez presupuestal.
Los cambios a la Carta Magna establecieron que la trata de personas es un delito grave, por lo que los inculpados tendrán que enfrentar prisión preventiva, se garantiza el anonimato de las víctimas que hayan padecido o denunciado ese ilícito y se les generan condiciones de protección.
Pero en el Presupuesto 2012, los diputados no aprobaron partidas para reforzar la persecución, operar un sistema de búsqueda de personas, apoyar albergues, reparar el daño y adoptar medidas de protección de identidad para víctimas de ese delito durante los procesos penales.
Tampoco se financiarán estrategias contra el turismo sexual, ni se apoyará con recursos a las organizaciones civiles que trabajan en el tema.
Originalmente, la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara Baja propuso etiquetar 53 millones de pesos para esas tareas y, además, la creación de un banco de datos y capacitación con perspectiva de género a los servidores públicos, sobre todo de las procuradurías, para evitar la revictimización.
Al final, sólo se aprobaron 4 millones de pesos para “prevención, protección y atención en materia de trata de personas”, a través de un documental.
Reducen gasto a PGR
Además, se redujeron 80 millones a la Procuraduría General de la República “para ampliar el presupuesto” de la nueva Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (que atenderá también a afectados por secuestros, por ejemplo) y con “el fin de fortalecer” su capacidad de atender a las víctimas de la trata.
Consultadas al respecto, las diputadas Susana Hurtado Vallejo (PRI) y Leticia Quezada Contreras (PRD) consideraron que la responsabilidad de la insuficiencia de recursos es del Ejecutivo, por lo que se requerirán estrategias alternas para que, ante su escasez, se actúe.
Ambas diputadas, integrantes de la Comisión Especial, expusieron que destinar recursos a esa problemática quedará para 2013 y en una nueva Legislatura.
Hurtado expuso: “Le vamos a pedir al Presidente que nos diga por qué etiquetan recursos a gasto corriente y no a este tema… propondremos que la siguiente Legislatura proporcione recursos y no se pongan obstáculos”.
Mientras eso ocurre, indicó que en el estado de Quintana Roo, de donde es originaria Hurtado Vallejo, se trabajará en contra del turismo sexual junto con el Congreso estatal y con el gobierno de Roberto Borge.
Quesada Contreras reconoció que la trata es un tema “despreciado, en segundo plano” de las agendas partidistas y por eso no hay un compromiso real. La diputada del PRD expuso que por eso tendrá que demostrarse voluntad política por otras vías, como lo es homologar los códigos locales para establecer la misma penalidad a los mismos delitos y garantizar apoyo a las víctimas.
A los diputados les resta impulsar la nueva ley e instalar mientras en el Congreso federal y en los estados, “observatorios” para detectar esa problemática e incluso rescatar a las víctimas.
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