La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y grupos civiles deploraron la reducción presupuestal contra la trata de personas que decidió la Cámara de Diputados, al aprobar sólo 4 millones de los 53 millones de pesos que originalmente se habían propuesto
DEPLORABLE Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe, calificó la decisión de los legisladores de “lamentable”, porque imposibilitará la persecución de tratantes y no será posible atender a víctimas (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )
Destinar menos recursos a la prevención de delitos como la trata de personas resta capacidad al gobierno para enfrentar esta modalidad de delincuencia organizada transnacional y pone en riesgo al Estado mexicano de incumplir compromisos internacionales asumidos, advirtió Zamir Fajardo, funcionario de la Unidad Jurídica y Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU).
El experto afirmó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que esas serían algunas de las repercusiones de la reducción presupuestal en este rubro por parte de la Cámara de Diputados, que aprobó sólo 4 millones de los 53 millones de pesos que se habían propuesto.
“En mi opinión personal, creo que el alcance y las obligaciones del Estado, sobre todo en el tema de prevención de este flagelo, se ven gravemente afectados”, dijo el funcionario, quien reiteró que “cuando el Estado deja de invertir en temas sensibles como este, está generando un riesgo y un incumplimiento de su obligación de prevenir graves violaciones a los derechos humanos”.
La secretaria técnica de ONU-Mujeres, María de la Paz López Barajas, también lamentó que la voluntad de combate a la trata no se exprese con recursos que hagan viable la aplicación de las reformas constitucionales.
“Los recursos nunca son suficientes, pero creemos que la voluntad, esa voluntad se demuestra, como decimos en Naciones Unidas, poniéndole recursos a las cosas. La voluntad no es un buen deseo: significa tomar acciones y decisiones y tiene que hacerse con recursos”, dijo la funcionaria.
Estas posturas fueron secundadas por organizaciones civiles que trabajan con víctimas de trata.
Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (Catwlac, por siglas en inglés), calificó la decisión de “lamentable”, porque imposibilitará mejorar las técnicas para la persecución de tratantes y no será posible atender de forma adecuada a víctimas.
Adelantó que al no haber apoyo mexicano van a recurrir a la cooperación internacional para solventar las acciones de las distintas organizaciones.
Germán Villar, quien está al frente de un albergue de víctimas de trata, consideró “trágica” la decisión del Congreso mexicano y dijo que esa medida contraviene las normas internacionales que el país se comprometió a cumplir.
En tanto, la presidenta la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, Rosi Orozco, lamentó no haber sacado la ley general antes de que se aprobará el presupuesto, aunque dijo que hay un compromiso del gobierno federal para redireccionar parte del gasto para atender a las víctimas de este delito.
Luego de las demandas expresadas en México, en la reunión interparlamentaria Canadá-México se acordó legislar de manera urgente entre ambos países para combatir delitos cibernéticos y frenar prácticas como la pornografía infantil y la trata de personas.
Exponen organizaciones casos y vivencias en un foro realizado por atenquenses
Generar miedo y desmovilización es la estrategia de autoridades, señalan los participantes
Jueves 24 de noviembre de 2011, p. 23
El cuerpo de las mujeres ha sido tomado como un territorio simbólico de guerra en donde las autoridades ejercen un castigo colectivo, en el contexto de una estrategia oficial para generar miedo y desmovilización, señalaron las participantes en el foro académico-vivencial Atenco. Mujeres en resistencia, organizado ayer por diversos colectivos de derechos humanos.
El representante en México de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, señaló que los abusos sexuales son apenas la punta del iceberg
de un fenómeno más amplio de violencia, por lo que confirmó la admisión de la queja contra el Estado mexicano a cargo de un grupo de mujeres agredidas, interpuesta ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, indicó que la represión policiaca contra la comunidad de San Salvador Atenco, ocurrida los días 3 y 4 de mayo de 2006, es un ejemplo de la manera en que funciona la impunidad en el país, y de cómo el cuerpo de las mujeres es tomado como un territorio de guerra política y jurídica, sin que ninguna reforma legal pueda impedirlo.
Con este caso, dijo, se demuestra que el Estado mexicano no aprendió la lección
de lo ocurrido con las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron agredidas sexualmente por soldados en 2002, por lo cual interpusieron una demanda ante la justicia interamericana que derivó en una sentencia contra el gobierno del país.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó que lo ocurrido en Atenco no fue un hecho aislado, sino parte de un modelo institucional de violaciones a las garantías individuales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La constante es la creación de miedo, para hacernos volver a la etapa en que las personas no exigían sus derechos.
Las académicas universitarias Rosalva Hernández y Clemencia Correa subrayaron que la violencia de género forma parte de las campañas contrainsurgentes del gobierno mexicano, en donde el cuerpo de las mujeres es tomado como una especie de botín de guerra
que contiene el honor de toda una comunidad, y en esa medida se trata de un castigo no sólo individual, sino colectivo.
El foro concluyó con las intervenciones de Edith Rosales e Italia Méndez, quienes sufrieron ataques sexuales por policías en San Salvador Atenco, y recordaron los tratos degradantes a los que fueron sometidas. Sin embargo, dijeron, el miedo y la inmovilidad que buscaban generar los abusos, terminaron convirtiéndose en motivos para indignarse y seguir luchando.
Valentina Rosendo Cantú también ofreció su testimonio del ataque que sufrió hace nueve años, y dijo que aunque padeció el rechazo de su comunidad e incluso de su esposo, finalmente logró hacer que la CIDH la escuchara y emitiera una sentencia a su favor, que el Estado mexicano se ha rehusado a cumplir.
Hay una Valentina que fue maltratada y violada, y otra que está sacando adelante a su hija y a su hermana. El día en que el gobierno reconozca su culpabilidad, sabrá que no pudo apachurrarme y entonces las dos Valentinas se van a rencontrar
, afirmó.
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