OPINIÓN
Por Andrea Medina Rosas*
México, DF, 22 nov 11 (CIMAC).- La construcción del concepto de defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH) es reciente. En 1998 se aprobó la Declaración sobre defensores de Derechos Humanos, y a partir de entonces se han realizado de manera más sistemática campañas y procesos que visibilizan sus acciones y dan seguimiento al cumplimiento de los Estados respecto de sus obligaciones.
De manera particular en América Latina, el cambio del contexto político y social, donde la presencia militar y el autoritarismo de los Estados han provocado volver a represiones que creíamos superadas y a que sean suprimidos derechos que se habían conquistado, este cambio está afectando de manera directa y grave a defensoras y defensores.
Sin embargo, respecto de la condición de género de las defensoras, poco se ha documentado y su presencia sólo se hace al nombrarlas, pero sin conocer su situación, necesidades específicas y los recursos que pueden ser adecuados para ellas.
Ante este vacío, varias organizaciones decidieron convocar a una Reunión Mesoamericana de defensoras de DH para la cual se realizó un diagnóstico, y en sus resolutivos finales se acordaron reuniones nacionales que permitieran ampliar, tanto la información como la articulación que ahí se proponía.
En México, la reunión se realizó en octubre de 2010. Más de 60 defensoras de DH provenientes de 20 estados de la República Mexicana, de diversos ámbitos y movimientos sociales, se reunieron en la Ciudad de México.
Si bien en la última década se han realizado algunas reuniones para reflexionar y acercarse entre defensoras de diversos movimientos y temáticas de trabajo, en esta ocasión se buscó un encuentro que permitiera reflexionar sobre la violencia que se ejerce en contra de las defensoras, y pensar juntas si hay características particulares de lo que les sucede por el hecho de ser mujeres, así como si es necesario tomar medidas específicas para garantizar su seguridad.
Se comparten aquí algunas de las reflexiones de esa reunión. Identificarse como defensora de DH es reciente. La gran mayoría antes sólo se nombraban activistas, promotoras sociales, o se identificaban de acuerdo con el ámbito que enfatizaban por su condición o en su defensa: jóvenes, mujeres, indígenas, o también de acuerdo con su filiación política, ya fuera como feministas, integrantes de partidos, de organizaciones civiles, etcétera.
No obstante, la identificación como defensoras se ha asumido de manera rápida en los últimos años. Para varias es claramente una parte de la identidad que se integra con la reivindicación política y libertaria de sus condiciones y no es excluyente de otras identidades que también asumen.
En un sentido práctico, muchas afirman que socialmente les brinda una base de protección y reconocimiento que otras identificaciones no logran.
En México, ser defensora es al mismo tiempo un riesgo y una acción de empoderamiento y ciudadanía. Realizar acciones de defensa de los DH afecta la integridad y las relaciones de las defensoras a través del intenso estrés, malestares y severas restricciones en sus vínculos que provoca el trabajo que realizan.
Pero también ser defensoras les da un sentido de vida, un lugar político y social que las consolida como sujetos históricos, políticos y jurídicos, con deseos que enriquecen su experiencia y sus relaciones.
El trabajo que realizan y las condiciones en las que se encuentran son profundamente contradictorias y extremas. Las participantes en el encuentro de México identifican en el Estado y sus autoridades el principal agresor, y también el actor clave para garantizar su protección.
Terminar con la impunidad, sancionar a los responsables y garantizar medidas de protección desde el Estado de Derecho son las acciones prioritarias que las defensoras identifican para poder realizar su trabajo.
En segundo lugar, como responsables de las agresiones están los grupos sociales conservadores, que a través de medios de comunicación, de las jerarquías eclesiales y de otras instituciones sociales difaman y construyen un ambiente adverso y criminal en su contra.
En este sentido, cuando las respuestas de protección se buscan colocar sólo en lo individual, las defensoras son claras en señalar que los aspectos estratégicos para su protección están en lo estructural y social.
Respecto de los ataques que viven existen diferencias en reconocer si hay especificidades por género o no. Quienes las identifican de manera más clara son aquellas que realizan defensa de los DH de las mujeres, pero no exclusivamente.
Señalan que a los hombres se les agrede de manera principalmente física, pero contra las mujeres es muy clara la violencia sexual, tanto como amenaza y como actos. Esta violencia sexual va desde la violación hasta la discriminación por el hecho de ser mujeres, donde su dicho no tiene credibilidad y su denuncia de agresiones queda catalogada como irracional o exagerada, construyéndose así una desprotección basada en su género.
Incluye la estigmatización en sus comunidades por falsas acusaciones basadas en criterios morales de escrutinio a su vida privada, o expresamente por su defensa de los derechos de las mujeres. Llega hasta la sobrecarga de trabajo y la falta de reconocimiento de sus aportes debido a la división sexual del trabajo discriminatoria y se amplía en amenazas contra su familia, hijos e hijas.
La definición del Comité para Erradicar Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres señala que no sólo hay discriminación en las acciones claramente dirigidas por el hecho de ser mujeres, sino que también en aquellas comunes entre hombres y mujeres es posible identificar un impacto desproporcionadamente mayor por el hecho de ser mujeres.
En este sentido, las defensoras señalan que a los hombres se les brinda mayor protección y credibilidad, quedando como héroes o mártires, y a las mujeres no se les cree, no se les brinda la protección adecuada y las consecuencias en su vida laboral y privada se agravan.
Traducir estos ataques y daños diferenciados en medidas de protección específicas y adecuadas no ha sido un proceso claro.
Para la mayoría es difícil pensar en requerimientos diferenciados para garantizar en igualdad la protección. Sin embargo, sí están concientes de la necesidad de tomar en cuenta las especificidades de la agresión, por ejemplo, al reconocer que se deben crear medidas para protegerse de mejor manera ante la violencia sexual, ante la falta de credibilidad de sus denuncias y la mayor soledad en la que se deja a las defensoras.
Se señala también la necesidad de que los procesos de protección no sostengan la idea tradicional de indefensión de las mujeres, y se diseñen sobre la base de llevar el proceso de protección a través de construir su empoderamiento.
Con mayor facilidad identifican aquello que les permite recuperarse de mejor manera: saber que los responsables han sido sancionados y que pueden contar con una reparación de los daños producidos; la denuncia, acompañamiento y seguimiento de sus casos por parte de otras organizaciones locales, nacionales e internacionales, les es muy importante, al igual que tener espacios de refugio inmediato y seguro.
Contar con los apoyos y recursos suficientes para tener asistencia profesional jurídica, médica y psicológica es estratégico para su recuperación, al igual que contar con espacios de descanso y de reflexión —incluido el estudio— fuera del lugar y las relaciones en las que se genera la agresión y el riesgo.
Las defensoras consideran importante fortalecer sus organizaciones para sustentar de mejor manera su trabajo. Apoyos de mediano y largo plazo para desarrollar sus proyectos les permitirá no quedarse en la coyuntura y sustentar de manera más estratégica sus acciones.
No dejar en el silencio lo que les sucede es crucial, y ahí los medios de comunicación tienen un papel central para reconocer sus aportes y trabajo, de manera que se construya una presencia pública sólida y también al denunciar las agresiones que viven.
En la medida en que los responsables principales de las agresiones que sufren son el Estado con sus autoridades, los grupos conservadores y los medios de comunicación, las estrategias de protección para las defensoras son complejas.
Al mismo tiempo que se debe garantizar su seguridad inmediata a través de sus propias redes sociales y civiles —pues no es posible confiar para ello en las instancias públicas y del Estado—, también es necesario exigir y fortalecer el Estado democrático y de Derecho para que cumpla con sus obligaciones de garantizar la integridad y la seguridad de las y los defensores.
Para algunas personas, el trabajo de las defensoras de DH parecería parcial y sólo para sus círculos de atención directa. Sin embargo, los aportes que realizan son de una amplitud que alcanza aún a quienes no las conocen.
Su trabajo comunitario, nacional o internacional, tiene un impacto en toda la sociedad. Ellas impulsan nuevas leyes, instituciones y servicios que buscan satisfacer necesidades básicas de toda la población.
También levantan su voz y destinan su tiempo para defender los derechos que ya hemos conseguido y que corrientes autoritarias buscan eliminar.
En este sentido y en el actual contexto de intensas contradicciones para garantizar la seguridad y el desarrollo en México y la región, es urgente reconocer los aportes sociales y políticos que realizan las defensoras a toda la sociedad y, como una forma concreta de reconocimiento, mejorar sus garantías de seguridad y sus condiciones de trabajo de acuerdo con sus necesidades específicas.
*Abogada, feminista, enlace en la Ciudad de México de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, e integrante del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (Prodesc).
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