Por Emilio Godoy
 |  Grafiti en la ciuidad de Mexico: No más feminicidios Crédito: Dennis Bocquet/CC BY 2.0 |
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MÉXICO, 24 nov (IPS) - La violencia sexual contra las mujeres crece de modo exponencial en México, a la par de la intensificación del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y las mafias de narcotraficantes, alertan organizaciones defensoras de los derechos de género."Hemos visto un incremento en la violación tumultuaria, hostigamiento sexual, tocamientos y violación de niñas", dijo a IPS la activista Imelda Marrufo, fundadora y coordinadora de la Red Mesa de Mujeres en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que aglutina a 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres, registró unas 7.000 violaciones en 10 de los 32 estados de México en 2010, dato que podría ser mayor tomando en cuenta que las víctimas no denuncian todos los actos de violencia.
La edad promedio de las víctimas es 26 años, añade el informe.
La agresión sexual es la tercera forma más grave de violencia contra de las mujeres, detrás del asesinato y la desaparición. En sitios como Ciudad Juárez, invadida de policías, militares y narcotraficantes, grupos de hombres "levantan" (secuestro sin pedido de rescate) a niñas y mujeres, las ultrajan y luego las liberan.
"Es muy grave la situación. Los casos no se investigan y hay mucha impunidad. Las organizaciones nos han pedido que documentemos los casos", indicó a IPS la coordinadora ejecutiva del OCNF, María Estrada, también a cargo del programa de Violencia de Género y Derechos Humanos de la red Católicas por el Derecho a Decidir.
La represión gubernamental aplicada en la localidad de San Salvador Atenco, a unos 45 kilómetros al oriente de la ciudad de México, es una muestra paradigmática de las vejaciones sexuales. El 3 y 4 de mayo de 2006, policías desalojaron violentamente a un grupo de pobladores y detuvieron a 47 mujeres, al menos 26 de las cuales sufrieron abusos sexuales, según la organización "Atenco, mujeres en resistencia".
Ante la virtual impunidad de esos hechos, 11 víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que aceptó el caso para su análisis.
La represión de Atenco "se ha vuelto un patrón, se repite en otros sitios", aseguró Edith Rosales, de 53 años de edad y una de las peticionarias ante la comisión especializada del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
"Se ha dado una utilización de la mujer, son obligadas a participar en el narcotráfico y son utilizadas sexualmente. Les quitan su vida normal", detalló Rosales a IPS.
"La violencia contra la mujer está enraizada en la sociedad. Se permite torturarlas, violarlas y asesinarlas, considerándolas lo más bajo de la sociedad, y luego se las tira como a despojos", señaló a IPS la representante del Consejo General de Abogacía Española, Isabel Valriveras.
Valriveras integra la misión internacional "Por el acceso a la justicia para las mujeres", que recorre México, Guatemala y El Salvador desde el 17 de este mes para inspeccionar la situación de la violencia de género y analizar las medidas tomadas al respecto. Su trabajo finalizó este jueves 24, víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El Estado mexicano fue condenado tres veces entre 2009 y 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal en el marco de la OEA, por violaciones a los derechos de las mujeres.
En noviembre de 2009 fue hallado culpable por el asesinato de las jóvenes Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, en lo que se conoce como el caso del "Campo Algodonero", por el sitio cercano a Ciudad Juárez donde el 6 de noviembre de 2001 fueron encontrados los cadáveres.
En agosto del año pasado, la Corte dictó dos resoluciones condenatorias más, por las violaciones de que fueron víctimas a manos de militares en 2002 las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, en el sureño estado de Guerrero.
Luego de asumir el gobierno de México en diciembre de 2006, el conservador Felipe Calderón dispuso que las Fuerzas Armadas colaboraran con la policía en una lucha frontal contra las bandas de narcotraficantes, en una campaña que ya causó la muerte de por lo menos 50.000 personas, según recuentos periodísticos.
La Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional informó que al menos 159 militares están bajo investigación por denuncias de abusos de autoridad, tortura y homicidios, otros 57 están bajo proceso y siete más fueron sentenciados, procesados bajo el fuero castrense.
La organización humanitaria Amnistía Internacional dio cuenta, a su vez, que al menos 60 indígenas y campesinas han sido violadas por soldados entre 1994 y 2011.
"No es sólo la invasión del cuerpo, sino que la violación se ejerce desde aspectos culturales, por ser madres y parejas de quienes están dentro del crimen organizado. Y no se ven mensajes claros del Estado de que no se va a permitir la violencia de género", analizó para IPS la académica Julia Monárrez, del estatal El Colegio de la Frontera Norte y quien fue perito de la acusación en el caso del "Campo Algodonero".
"No hemos encontrado justicia en México, aquí domina la impunidad", lamentó Rosales.
Entre enero de 2010 y junio pasado, 1.235 mujeres fueron asesinadas en ocho estados, mientras otras 3.282 desaparecieron en nueve demarcaciones territoriales, según el Observatorio Ciudadano.
La agresión sexual es la tercera forma más grave de violencia contra de las mujeres, detrás del asesinato y la desaparición. En sitios como Ciudad Juárez, invadida de policías, militares y narcotraficantes, grupos de hombres "levantan" (secuestro sin pedido de rescate) a niñas y mujeres, las ultrajan y luego las liberan.
"Es muy grave la situación. Los casos no se investigan y hay mucha impunidad. Las organizaciones nos han pedido que documentemos los casos", indicó a IPS la coordinadora ejecutiva del OCNF, María Estrada, también a cargo del programa de Violencia de Género y Derechos Humanos de la red Católicas por el Derecho a Decidir.
La represión gubernamental aplicada en la localidad de San Salvador Atenco, a unos 45 kilómetros al oriente de la ciudad de México, es una muestra paradigmática de las vejaciones sexuales. El 3 y 4 de mayo de 2006, policías desalojaron violentamente a un grupo de pobladores y detuvieron a 47 mujeres, al menos 26 de las cuales sufrieron abusos sexuales, según la organización "Atenco, mujeres en resistencia".
Ante la virtual impunidad de esos hechos, 11 víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que aceptó el caso para su análisis.
La represión de Atenco "se ha vuelto un patrón, se repite en otros sitios", aseguró Edith Rosales, de 53 años de edad y una de las peticionarias ante la comisión especializada del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
"Se ha dado una utilización de la mujer, son obligadas a participar en el narcotráfico y son utilizadas sexualmente. Les quitan su vida normal", detalló Rosales a IPS.
"La violencia contra la mujer está enraizada en la sociedad. Se permite torturarlas, violarlas y asesinarlas, considerándolas lo más bajo de la sociedad, y luego se las tira como a despojos", señaló a IPS la representante del Consejo General de Abogacía Española, Isabel Valriveras.
Valriveras integra la misión internacional "Por el acceso a la justicia para las mujeres", que recorre México, Guatemala y El Salvador desde el 17 de este mes para inspeccionar la situación de la violencia de género y analizar las medidas tomadas al respecto. Su trabajo finalizó este jueves 24, víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El Estado mexicano fue condenado tres veces entre 2009 y 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal en el marco de la OEA, por violaciones a los derechos de las mujeres.
En noviembre de 2009 fue hallado culpable por el asesinato de las jóvenes Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, en lo que se conoce como el caso del "Campo Algodonero", por el sitio cercano a Ciudad Juárez donde el 6 de noviembre de 2001 fueron encontrados los cadáveres.
En agosto del año pasado, la Corte dictó dos resoluciones condenatorias más, por las violaciones de que fueron víctimas a manos de militares en 2002 las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, en el sureño estado de Guerrero.
Luego de asumir el gobierno de México en diciembre de 2006, el conservador Felipe Calderón dispuso que las Fuerzas Armadas colaboraran con la policía en una lucha frontal contra las bandas de narcotraficantes, en una campaña que ya causó la muerte de por lo menos 50.000 personas, según recuentos periodísticos.
La Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional informó que al menos 159 militares están bajo investigación por denuncias de abusos de autoridad, tortura y homicidios, otros 57 están bajo proceso y siete más fueron sentenciados, procesados bajo el fuero castrense.
La organización humanitaria Amnistía Internacional dio cuenta, a su vez, que al menos 60 indígenas y campesinas han sido violadas por soldados entre 1994 y 2011.
"No es sólo la invasión del cuerpo, sino que la violación se ejerce desde aspectos culturales, por ser madres y parejas de quienes están dentro del crimen organizado. Y no se ven mensajes claros del Estado de que no se va a permitir la violencia de género", analizó para IPS la académica Julia Monárrez, del estatal El Colegio de la Frontera Norte y quien fue perito de la acusación en el caso del "Campo Algodonero".
"No hemos encontrado justicia en México, aquí domina la impunidad", lamentó Rosales.
Entre enero de 2010 y junio pasado, 1.235 mujeres fueron asesinadas en ocho estados, mientras otras 3.282 desaparecieron en nueve demarcaciones territoriales, según el Observatorio Ciudadano.
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