La utiliza para debilitar movimientos sociales
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 23 nov 11 (CIMAC).- El Estado mexicano utiliza la tortura sexual para debilitar los movimientos sociales y generar miedo entre la población, y en los sexenios encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN) esa estrategia se ha recrudecido con la guerra contra el narcotráfico.
Bárbara Italia, Edith y Valentina, sobrevivientes de tortura sexual cometida por agentes del Estado en San Salvador Atenco y Texcoco en 2006, y en Guerrero en 2002, reafirmaron que lejos de amedrentarse siguen en la búsqueda de justicia para ellas y sus organizaciones sociales.
Durante el foro “Mujeres en resistencia. Alto a la tortura sexual” convocado por Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Prodh), que se llevó a cabo esta mañana en la Casa de las Humanidades de la UNAM, Bárbara Italia y Edith, dos de las once denunciantes de tortura sexual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hablaron sobre su experiencia y reiteraron que pese a la represión la lucha continúa.
En este contexto, la doctora en antropología, Rosalva Aída Hernández, criticó la impunidad y violencia contra las mujeres en México, país que se caracteriza por el “simulacro de democracia”, toda vez que, señaló, durante las administraciones panistas, se ha legitimado la criminalización de los movimientos sociales.
“Las mujeres indígenas y campesinas especialmente, están sufriendo de manera especifica las consecuencias de la militarización del país al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo, en aquellas regiones donde existen antecedentes de organización política por parte de los campesinos”, destacó.
Advirtió que el gobierno mexicano ha sido responsable en la utilización de la violencia física y sexual como estrategia represiva contra los movimientos sociales, una violencia que –sostuvo– siempre ha sido parte de las campañas contrainsurgentes del Estado mexicano, aunque en los últimos años se ha hecho visible.
Convencida de que el silencio y el olvido sólo sirven para perpetuar la impunidad, Rosalva Aída Hernández, quien realizó el peritaje antropológico para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sobre el impacto que tuvo para la comunidad y en especial para las mujeres, la violación sexual de Inés Fernández, hizo un llamado para recordar casos como los de las mujeres de Atenco o de las propias indígenas tlapanecas, pues insistió: “recordar es una herramienta de lucha, de denuncia y una forma de compartir la experiencia para evitar que la historia se repita”.
Edith, una de las mujeres violadas por policías en San Salvador Atenco, aseguró que la impunidad y la violencia fueron para todo el pueblo de Atenco. “No representamos a nadie más que a nosotras mismas pero sí queremos reflejar el coraje de muchas compañeras que sufrieron el encarcelamiento injusto o lo mismo que nosotras, pero que no denunciaron”.
Recientemente, el 18 de noviembre, la CIDH admitió el caso de las once mujeres denunciantes de tortura sexual, al considerar que han pasado cinco años desde que los hechos denunciados ocurrieron sin que el Estado haya presentado información concreta sobre las medidas dispuestas para el avance de las investigaciones.
“Hoy la Comisión Interamericana ha atraído el caso, es algo muy significativo, aunque sabemos que no es la solución pero seguiremos adelante desenmascarando al gobierno, denunciándolo”, sostuvo Edith.
Por su parte, Bárbara Italia, afirmó que aunque la tortura sexual fue una herramienta que el Estado utilizó para desarticular el movimiento a favor de la tierra de los comuneros de Atenco, no logró su propósito. “Ese dolor que estaba siendo mío, no sólo era mío, y no sólo me estaba afectando a mi, si no a mi familia, a mi compañero, a mi colectivo…”, explicó.
Al respecto, Valentina, también víctima de tortura sexual a manos de efectivos militares en 2002, dijo que aunque una agresión de esta naturaleza causa fuertes daños sociales, su caso ante la CoIDH pretende ser un referente para que el Estado mexicano no vuelva a solapar violaciones a Derechos Humanos como ésta.
“Hablar de esto a cada rato es un poco triste y doloroso para mi. (Desde) Hace nueve años sigo enfrentando al gobierno mexicano que no ha agarrado a los militares que nos hicieron daño. Inés y yo hemos enfrentado situaciones muy dramáticas en Guerrero”, señaló Valentina, quien junto con Inés buscan que sus casos no queden en la impunidad.
A decir de Samir Fajardo, funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los casos de tortura sexual, por su naturaleza, pueden llegar a la CoIDH y a la Corte Penal Internacional, quien ya ha sentado precedentes en los tribunales “ad hoc” de Rwanda y la Ex Yugoslavia.
En estos dos casos se evidenció que la tortura sexual además de ser una violación a los DH, también es un crimen de lesa humanidad, pues se demostró que militares o funcionarios de alto nivel permitieron o participaron activamente en violaciones sexuales que tuvieron como propósito someter a la población, vengarse u obtener un botín de guerra.
El funcionario dijo que la tortura sexual tiene un propósito implícito de orden político, jurídico o de otro tipo, donde participan agentes del Estado; mientras que en la violación sexual no hay una estrategia política de desmovilizar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario