Edgardo Buscaglia: “Hasta que la clase política no sea golpeada no tendrás el principio del fin”

Edgardo Buscaglia. Foto Mauro Arias

Los empresarios deben pagar más impuestos, los políticos deben ser depurados, Centroamérica o se une o pierde. Son solo algunas de las conclusiones de uno de los más reconocidos expertos mundiales sobre el combate al crimen organizado cuando analiza la situación en la región.

Quizá lo único esperanzador de la radiografía sobre Centroamérica que hace Edgardo Buscaglia es que cree que “una crisis es una oportunidad para el progreso”. Buscaglia es una de las voces más atendidas por gobiernos y por la Organización de Naciones Unidas en el tema del combate al crimen organizado. Ha escrutado hasta la saciedad realidades tan distintas como la de Afganistán y la de México.

El currículo de Buscaglia es vasto, sus estudios en leyes y economía van desde doctorados hasta postdoctorados, y pasan por universidades como Harvard, Berkeley Law School e Illinois. Pero es su discurso directo e insistente lo que lo ha convertido en un referente indispensable en el tema. Un discurso sin atajos, que solo propone el camino largo, de reformas en la institucionalidad de los países, reformas duraderas para enfrentar lo que él llama "el monstruo del crimen organizado". Nada de legalización de drogas, nada de pactos con los cárteles, nada de atajos.

Buscaglia no habla de caricaturas de narcos, no se detiene a pensar acerca de viejos gordos en pueblos polvorientos, no se desvive por contar los muertos de la guerra de cárteles en el México actual que se desangra, porque le parece que eso "es tan absurdo como el debate de los concilios cristianos de la edad media, que se desvivían por calcular cuántos ángeles podían bailar en la punta de una aguja". Buscaglia compara la organización de los grupos del crimen organizado con la que puede tener una transnacional como Microsoft, habla de la necesidad de la empresa privada para que el narco prospere en un país. No propone militares en las calles, sino clases políticas que se autopurguen, porque parte del hecho de que en lugares como Centroamérica, el crimen organizado las ha infectado. Porque él asegura que no se trata de pistoleros y militares, sino que "estos grupos se forman de políticos, empresarios, sicarios, acuerpados por una base social de protección". A partir de la experiencia de Colombia, de Italia, pero sobre todo del referente que más se nos acerca, México, Buscaglia analiza la Centroamérica que tenemos de cara al reforzado interés del crimen organizado internacional por estas tierras. Sus conclusiones no son alegres ni sencillas de asumir, pero las pronuncia con la claridad de la frase que da el titular a esta entrevista, convencido de que mientras la clase pudiente, la clase política, la que decide, no sufra ni un ápice de lo que sufre el ciudadano que va en bus, no habrá cambios en el horizonte. Durante seis horas de conversación, El Faro entrevistó a Buscaglia en febrero de este año, en el marco del II Foro Centroamericano de Periodismo. Hoy que se inicia este proyecto de Políticas Públicas, que pretende recoger voces que echen luz sobre posibles soluciones a la violenta situación centroamericana, abrimos con esta voz, una indispensable.

En 2007 usted pronosticó en México una violencia que ese país jamás había visto. Acertó. Hace poco comentó que México aún puede ver una violencia mayor. ¿A qué se refiere?
Los límites de la violencia organizada y la violencia humana son ilimitados. Puedes llegar a situaciones como las que vive Somalia, Afganistán y otros países en donde el Estado ha colapsado. O sea que todavía potencialmente –y espero que no sea así–, a México le queda muchísima violencia por delante si no se toman las medidas que los 17 países del mundo que han aplicado mejores prácticas para contener a grupos organizados han implementado, y que México aún no implementa. Esa violencia equivale a que los niveles y la escala de violencia organizada –los coches-bomba, los secuestros– sean mucho más frecuentes que ahora. Ese tipo de situación te conduce a que los ciudadanos comiencen a tomarse la justicia en sus propias manos, generando mecanismos de autodefensa, y acá ya no me refiero solamente a las familias ricas que pueden tener ejércitos de guardaespaldas, sino que me refiero a los ciudadanos comunes y corrientes que se organizan en comunas. México solamente puede frenar este proceso de descomposición social si comienza a tomar los cuatro tipos de medida que todavía ni siquiera ha comenzado a tomar.

Su teoría de las cuatro ruedas…
Los cuatro tipos de medida sobre las cuales vengo insistiendo desde 2007 son medidas que no han sido caprichosamente seleccionadas por mí, sino que están contenidas en instrumentos jurídicos internacionales que El Salvador, México y otros 145 países han ratificado soberanamente. Por lo tanto, todos los países, incluyendo El Salvador, están obligados a implementar. La convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, o Convención de Palermo, tiene cuatro tipos de medidas: las medidas punitivas, basadas en reformas al sistema de justicia penal, que incluye a jueces, fiscales, policías y sistemas de inteligencia. No es cuestión solamente de sentenciar más rápido y con mayores penas, eso es populismo penal. Es muy importante que se acelere la justicia, pero en un marco de respeto a los derechos de las víctimas y de los imputados. México viola en un 94% las convenciones de derechos humanos que ha firmado. No hay respeto a los derechos humanos, ni tampoco se está generando un mecanismo efectivo para generar decisiones judiciales de no culpabilidad. El sistema judicial no funciona. Por lo cual los ciudadanos mexicanos están empezando a tomar la justicia por sus propias manos. Linchamientos, casos donde los pueblos en el interior se están atrincherando y se están generando mecanismos de autodefensa parecidos a los que vivió Colombia en su momento.

Esas características son comunes en Guatemala.
En Guatemala también. Esta es una de las cuatro ruedas de políticas para contener a estos grupos criminales. La delincuencia organizada no es solamente un fenómeno criminológico, en el sentido puro, es un fenómeno social, patrimonial y político. La delincuencia organizada emana de una realidad política de corrupción al más alto nivel, de una realidad social de enorme pobreza, y de una realidad patrimonial en donde el sector privado empresarial se beneficia enormemente de un lavado de activos criminales, a través de sus balances y sus estados de cuenta. O sea que la empresa privada legal en todos nuestros países es uno de los pilares fundamentales para la expansión de la delincuencia organizada. Y no es solamente el lavado de dinero, los sistemas de transporte que utiliza la delincuencia organizada, los galpones de almacenamiento de personas, drogas y las armas, los centros de producción de efedrina, y con ello drogas de diseño, son provistos por la empresa legalmente constituida. Por lo tanto, la Convención de Palermo tiene un ángulo de contención patrimonial empresarial en donde el sector privado tiene que formar parte de la solución a través de medidas preventivas para que sus activos no sean utilizados como andamiaje logístico operativo para el Cártel de Sinaloa o Los Zetas. Medidas para que la misma clase política se autopurgue y expulse de su seno a quienes activamente apoyan a la delincuencia organizada o les actúan de idiotas útiles.

Ha descrito una segunda rueda, el control fiscal. Faltan dos.
El control fiscal es muy importante de destacar. Esos instrumentos hoy en El Salvador no están presentes. Esa segunda rueda es clave porque está rompiendo la esencia del mismo ser a los grupos criminales, que es la capacidad patrimonial de producir bienes y servicios ilícitos que van mucho más allá de la droga, y de producir violencia y corrupción. Se está rompiendo el ángulo patrimonial con el cual compran armas, funcionarios, y con ello expanden los mercados de bienes y servicios ilícitos. A la vez, hay que romperles la dimensión política, que es la tercera rueda, con la cual estos grupos criminales tienen una amplia protección y pueden ellos mismos, inclusive, diseñar leyes que son promovidas por personeros de las mafias en los congresos. No tenemos que sacarnos de la cabeza que la dimensión política no es solamente la compra de diputados. Es un factor de sobrevivencia institucional. La tercera rueda exige que las autoridades establezcan mecanismos preventivos para evitar que activos patrimoniales infiltren las campañas y precampañas políticas, medidas preventivas para evitar que los procesos de privatización y de licitación sean utilizados, como en México, por la delincuencia organizada para construir caminos públicos. Estas son las medidas que a los funcionarios públicos y a los personeros que actúan como órganos mediáticos de los grupos mafiosos no les gusta tocar. También hay todo un ámbito de personas que sirven a los grupos criminales, quizás no a sabiendas, pero sí de alguna manera, proponiendo la legalización de las drogas o el negociar con grupos criminales como panaceas, cuando se sabe perfectamente que en ningún país del mundo se combate a grupos criminales tan diversificados en sus actividades ilícitas de esa manera, como para que simplemente con legalizar una droga se va a desaparecer todo. Hoy en día en México se están cometiendo 22 tipos de delitos organizados con una frecuencia que es entre siete y 12 veces mayor que los que cometían hace 10 años. Delitos que van desde tráfico de seres humanos hasta tráfico de automóviles, contrabando y demás. La cuarta rueda es muy simple, porque de alguna manera equivale a entender por qué se involucran jóvenes como el que era Joaquín “El Chapo” Guzmán hace 30 o 40 años. El Chapo Guzmán nació en un ámbito disfuncional, familias dedicadas al delito. Mucha de esta gente se desenvuelve en un ámbito donde los factores de riesgo social claramente llevan a un jovencito hacia actividades delictivas. Ahí se necesita una cooperación interinstitucional que va mucho más allá de la policía, los fiscales y los jueces, para que los ámbitos sociales, vecinales y familiares caracterizados por violencia, ausencia de trabajo, adicciones, sean atendidos por un ejército de trabajadores sociales y no por un ejército de soldados. Es ahí donde en Latinoamérica tenemos una enorme materia pendiente. Nadie pretende que, por ejemplo, Colombia se transforme en Suiza en cuestión de cinco a 10 años, pero si tú ves a Colombia en el 2000 y luego en el 2011 claramente hay una mejora en los saldos de seguridad, a pesar de que a Colombia le quedan muchísimas materias pendientes. Y eso no es crédito del presidente Uribe, nada más, es crédito de muchos esfuerzos a nivel local y a nivel central que abarcaron a todos los partidos.

¿A qué adjudica usted ese avance colombiano?
Fue producto de que Colombia llegara a un umbral del dolor, a un nivel de hartazgo social que no solamente abarcó al promedio de los ciudadanos colombianos, sino que tocó directamente a la misma élite político-empresarial que había generado este monstruo de delincuencia organizada, que lo había alimentado y que se vio a sí misma siendo devorada por esa delincuencia organizada que ya competía para controlar al poder político a través de asesinatos de jueces, candidatos presidenciales. Y cuando la élite que había favorecido el crecimiento de estos grupos criminales vio que se estaban devorando a su mismo seno, a su misma élite, pasaron a formar parte del problema a formar parte de la solución.

Para poner en dimensión sus palabras, ¿para usted México no ha tocado ese umbral del dolor?
No, no. De ninguna manera. Mientras tú sigas leyendo personeros de la delincuencia organizada o idiotas útiles que hablen de grandes soluciones como la legalización de la droga como gran panacea, o negociar con grupos criminales, da claramente la pauta de que no se ha llegado a ese nivel.

Es paradójico que un país no haya alcanzado ese nivel después de 37 mil muertos resultado de una guerra entre grupos del crimen organizado.
Pues fíjese que la sangre en México la paga el pueblo, no la está pagando con su propia sangre el señor Calderón. En Colombia, por ejemplo, el umbral había llegado a la mitad de la Suprema Corte que había sido masacrada, a una gran porción de la élite empresarial, al Club El Nogal, adonde iba lo más selecto de la élite empresarial, y ese club fue demolido por coches-bomba. Ya cuando les llegó a ellos colectivamente, ahí la élite se despertó en su pesadilla, abrieron los ojos ante el desquicio con el que estaban alimentando a los grupos criminales en su afán de controlar el poder. Y esa misma élite que formaba parte del problema comenzó a proponer las medidas que hoy implementan Colombia, Italia, la Unión Europea en general, Japón, Canadá, Estados Unidos en mayor o menor medida. Es un sinsentido. La pregunta que se hacen mis colegas es: ¿por qué México no implementa esas cuatro ruedas cuando muy bien sabe que ha ratificado una convención para ello? Bueno, porque implementar estas cuatro ruedas le impone a la élite político-empresarial de todos los colores políticos un dolor patrimonial que hoy no están dispuestos a tolerar, y solamente estarán dispuestos a tolerarlo cuando sus familias, sus hijas, sus hijos y su patrimonio se desvanezcan de la noche a la mañana. Y todavía no ha ocurrido. Es lamentable porque la experiencia internacional nos indica que el dolor tiene que llegar mucho más allá, a esa élite de la capital que todavía sigue cantando como sirenas sobre supuestas soluciones a este problema.

¿Usted cree que en países como México o Guatemala la clase política se tiene que dar en la cara o el problema no se va a solucionar?
Es un punto de inflexión necesario. La clase política tiene que caer como cayó en Italia. El senador Lima era unos de los más encumbrados al senado italiano y fue asesinado por las mafias, se le alegaba que trabajaba para uno de los grupos criminales. Esto se puede hacer con un puntilloso respeto a los derechos humanos y no tratar de hacerlo como lo hizo Putin en Rusia, que trató de limpiar al Estado de las mafias fuera de un Estado de derecho. Pero ya sea fuera o dentro de un Estado de derecho, que es lo más deseable, se tiene que limpiar la clase política que ha sido fragmentada por la delincuencia organizada, para que esa clase política responda a sus intereses patrimoniales, para que le permita expandir sus mercados en 22 tipos de delitos en bienes y servicios. Hasta que la clase política no sea golpeada no tendrás el principio del fin.

Parece que hay una disociación, porque cuando en Centroamérica hablamos de crimen organizado parece que hablamos de señores gordos e incultos que llevan cocaína en sus pick ups, y que la solución que se discute habla de si más militares o menos militares. Parece que el debate complejo no le ha llegado a las clases políticas.
Es un señuelo para distraer a la población. Es verdad que es condición necesaria que cualquiera que cometa un acto antisocial tiene que ser procesado y sentenciado. No hay duda de que la gente que anda por la calle asesinando tiene que ser detenida, pero, ¿eso va a desmantelar a los grupos criminales? De ninguna manera. Los grupos criminales están formados por políticos, empresarios, sicarios, acuerpados por una base social de protección. Los grupos criminales capturan porciones de iglesias para obtener protección social de la población. Ahora estoy llegando de Argentina, donde se observa que en El Chaco, una provincia del norte, grupos criminales mexicanos, a través de grupos locales andinos, están construyendo iglesias evangelistas con dinero criminal. ¿Por qué lo hacen? Tienen que legitimar la presencia de sus células en algunos ámbitos sociales para ser protegidos. La delincuencia organizada es mucho más que pistoleros, sicarios y El Chapo Guzmán. Solamente ver eso es un espejismo. La delincuencia organizada es todo eso más los empresarios más jerarquizados de los países, los que salen en revistas. Muchos de ellos, no todos, obviamente.

Muchos hablan de negociar con el gran crimen, de experiencias como la mexicana, durante el siglo pasado, cuando el Estado fungió como árbitro entre los cárteles.
El Estado tenía mucho poder, podía dirigir a los grupos criminales para que los grupos criminales atendieran los intereses del partido único, podía determinar quién traficaba drogas, dónde podía traficar, cómo podía traficar. El Estado gerenciaba. Eso significaba que la delincuencia organizada no podía crecer más allá del poder del Estado. Cuando México entra en una etapa de transición política, a partir de los años ochenta, México comienza a ver que su Estado, esa pirámide de comando y control que era el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se desmantela, ya no controla de manera reticular todos los resortes del poder local, del poder federal, por lo tanto el Estado se desmantela de la manera en que estaba establecido bajo el partido único del Estado, y se reemplaza con un vacío enorme en muchas áreas de poder público. Y en esa fragmentación, que es como un rompecabezas, la mano derecha del Estado no sabe lo que está haciendo la mano izquierda, allí comienza el germen del Estado fallido, cuando el Estado ya no puede implementar políticas públicas por más que el presidente quiera, porque a nivel local esos grupos criminales controlan diferentes áreas del mismo Estado.

Una de sus teorías habla de esa fragmentación, de que los grupos criminales prefieren los partidos pequeños, y no partidos fuertes con maquinarias institucionalmente sólidas.
Toda debilidad del Estado es el caldo de cultivo para que los grupos criminales utilicen a ese Estado débil, a veces incipiente en algunos países, para poder controlarlo a su imagen y semejanza. El problema es que cuando varios grupos criminales están compitiendo para poder ejercer su poder patrimonial, el Estado es víctima de esa competencia. Porciones del Estado trabajan para un grupo, otras porciones para otro, y hoy eso es México, es Guatemala, es Nigeria, hoy eso es muchos países del mundo.

Evitemos confusiones: ¿De ninguna manera está planteando que para luchar contra el crimen organizado le conviene más a un Estado la existencia de un partido único?
De ninguna manera. Como dije antes, el Estado antes en México era autoritario, y hoy en día no cumple con los más mínimos estándares de respeto a los derechos humanos y a los derechos políticos de la población, o sea que nadie propone un partido único. Lo que propongo es que se siga el ejemplo de los países de mejor práctica, que cuando decidieron en serio, y no como en México, sino en serio, combatir la esencia misma de los grupos criminales, que es la esencia política, la esencia social, la esencia patrimonial y la esencia delictiva, lo que hizo el Estado fue primero limpiarse a sí mismo. Eso quiere decir purgar a su clase política para que la cuota política pueda ser agotada y desde un Estado más limpio, no perfecto, comenzar a implementar las cuatro dimensiones de las que estoy hablando. Eso requiere de un acuerdo político a nivel nacional entre todos los partidos, pero ese acuerdo que es muy doloroso para la élite corrupta y solamente se llega cuando esa élite ha sufrido ese umbral de dolor. Los estados democráticos y que han respaldado los derechos humanos son los que con más efectividad combaten a la delincuencia organizada, y eso lo digo para aquellos que dicen que tiene que regresar una dictadura. No, no es así. Los estados que más puntillosamente respetan los derechos humanos son los estados que combaten con más efectividad, porque cuando la población ve que el Estado está de su lado, que el Estado no está formado por soldados que violan, por policías que piden soborno, por policías que abusan de su poder, cuando la sociedad ve eso, la sociedad misma que quiere orden, se pone del lado del Estado y comienza a denunciar delitos que antes no denunciaba, comienza a colaborar con los fiscales. Cuando el ciudadano comienza a colaborar con el Estado para combatir a estos grupos criminales, ya tienes la mitad de la batalla ganada. Pero primero se debe autolimpiar el Estado de alguna manera.

Usted habla de que en México o Guatemala existen lugares donde el Estado ha sido sustituido por el poder de los narcos. ¿Cómo luce un lugar así? ¿Qué ocurre ahí?
O hay una ausencia física de la autoridad, que es posible, o la autoridad trabaja como apéndice de grupos criminales trasnacionales de manera operativa. Hoy, tú vas a algunas provincias afganas, vas a algunas provincias en Argelia, en el norte de África, y son los grupos criminales los que le pagan a la policía, o sea que el salario de los policías es pagado por grupos criminales, lo mismo se puede decir de algunas regiones mexicanas. El Estado no es capaz de proveer protección básica a la vida y a la propiedad, con lo cual si a ti te matan a un miembro de tu familia, violan a una persona o roban, tú acudes a la policía y no te responden, la policía responde al grupo criminal. En México, la última vez que contamos, eran casi 900 áreas donde se da una condición como la que describo. Estamos volviendo a situaciones que los seres humanos conocimos miles y miles de años atrás. Es una especie de regresión a un estado de la naturaleza, y eso está sucediendo en muchas regiones de México. En cuanto más sucedan, más se va a calificar a México como un Estado fallido. El gobierno ha venido apostándole a una situación en donde un solo grupo criminal se consolide nacionalmente, el Cártel de Sinaloa, y con ello argumenta que la violencia baja. Eso nunca sucede, esas situaciones de consolidación son muy temporales, muy inestables, siempre hay grupos criminales que compiten. Y, segunda razón, ese grupo criminal consolidado continúa extorsionando, continúa traficando seres humanos, continúa prostituyendo a la población, o sea que no es ninguna garantía que el ámbito de seguridad humana va a mejorar. El gobierno mexicano cuenta homicidios, y con eso dice: “Vamos ganando, vamos perdiendo”. Es tan increíblemente cómico como esas discusiones que tenían los concilios cristianos de la edad media donde contaban cuántos ángeles podían bailar en la punta de una aguja. El gobierno mexicano está observando si la tasa de crecimiento de los homicidios sube o baja y canta victoria cuando la tasa de crecimiento disminuye, o sea que en vez de aumentar un 9%, aumenta un 5%, y te dicen: “Estamos ganando”. Primero, eso es una mala noticia, porque la delincuencia organizada sigue matando gente, pero aun si los homicidios bajasen no sería razón de alegría.

Claro, hay un orden ficticio.
Correcto, porque se sigue extorsionando, se sigue secuestrando gente, se sigue traficando humanos, se sigue traficando droga. Y a la población no le reditúa lo que ellos llaman orden, aún cuando bajen los homicidios. A la delincuencia organizada, bajo condiciones ideales, no le conviene un ámbito rodeado de homicidios. En muchos países capturados por grupos criminales que logran un entendimiento entre ellos, es una especie de pax mafiosa, en muchos países donde hay un entendimiento entre grupos regionales, no hay homicidios. Eso no quiere decir que la gente esté mejor. La gente está supeditada a impuestos extorsivos, está supeditada a que secuestren a sus hijas en cualquier momento y que las violen y se las lleven, se las trafiquen. Hay que comprender la naturaleza de este monstruo para poder evaluar si lo que está haciendo el Estado, ya sea mexicano, guatemalteco o salvadoreño, está causando un buen impacto. Hay que monitorear 22 tipos de delitos en Latinoamérica, y monitorearlos mes a mes, para determinar si las políticas que se están implementando están teniendo un efecto positivo. Hay que monitorear los delitos patrimoniales, hay que monitorear a través de encuestas victimológicas, no solamente a través de datos oficiales que son muy dudosos.

Me recuerda a zonas de Guatemala, donde las familias del narco han expulsado a los pandilleros.
Claro, a la delincuencia organizada no le conviene estar inmersa en un ambiente de altos niveles de violencia, porque si lo está, lo que sucede es que atraen la atención de autoridades ya sea corruptas o autoridades honestas. Ellos tratan de minimizar costos como cualquier empresario. Yo creo que la visión del presidente Calderón y la visión de muchos gobiernos de esta región es una visión desquiciada. O sea, lo que tienen que hacer es desarrollar al país socialmente, para que los cientos de miles de jóvenes que se deslizan como hormigas hacia grupos criminales, dejen de tener ese incentivo de ver la pertenencia a una pandilla como la única salida. En vez de tener como modelo al jefe de un grupo criminal, tengan como modelo a un intelectual o que tengan como modelo a un empresario honesto. En Rusia, por ejemplo, han bajado los homicidios, pero las mafias del crimen organizado son mucho más poderosas que antes.

Hablemos de Centroamérica. Hace poco el exvicepresidente guatemalteco Eduardo Stein publicó un estudio donde dice que de la Centroamérica-bodega, de la Centroamérica-puente, se ha pasado a ser una estación de servicios. ¿Qué opina usted de este término?
Centroamérica fue en su momento un área de tránsito muy importante y lo sigue siendo en el tráfico de muchos tipos de bienes y servicios ilegales, de eso no hay duda. Centroamérica no tiende a convertirse, como está sucediendo en México, en un centro de consumo importante. Normalmente, a medida que la delincuencia organizada tiene una presencia más estable en un país, y que captura el ámbito político y empresarial, deja de ser solamente un país de tránsito y va convirtiéndose en un país de producción, en un país de exportación, en un país de consumo importante y en un país de exportación de inseguridad regional a otros países. Centroamérica pasará a ser un mayor centro de consumo, y se va a transformar cada vez más en un centro de exportación de inseguridad regional. Y cuando digo inseguridad regional estoy hablándote de captura de sus estados, captura de sus presidencias, captura de sus legislaturas, en donde ya los grupos criminales se apoderan del Estado y comienzan a generar conflictos. Cuando un grupo criminal se apodera de un Estado, normalmente eso genera conflictos regionales. Un país como Guatemala está proyectando inseguridad a toda la región. Se está transformando en un centro de exportación de armas, un centro de exportación de seres humanos, está siendo una gran porción de su Estado capturado y eso te genera inseguridad regional. Hoy, Centroamérica se está transformando en un generador de amenazas transnacionales al resto del mundo y eso es un factor de riesgo que debe ser ponderado por los hacedores de políticas públicas. Ya no es más un problema interno, con lo cual México, por ejemplo, pueda decir: “No quiero que se nos critique, porque somos soberanos”. Ese concepto de soberanía está supeditado a que tú, como país, estés generando amenazas transnacionales. México no es soberano para generar una amenaza transnacional a Estados Unidos y Centroamérica. Me refiero a que Centroamérica como región tiene todo el derecho de exigirle a México regionalmente que tome las medidas contenidas en la Convención de Palermo, porque está siendo víctima de la expansión de grupos criminales transnacionales mexicanos a su territorio, que es como una invasión, es como dejar que los talibanes afganos invadan la India. México debe ser sancionado si no cumple con sus compromisos internacionales contenidos en las convenciones que ha ratificado soberanamente.

En El Salvador, ahora mismo se está debatiendo la propuesta del presidente Mauricio Funes, que pretende crear un impuesto de seguridad que, en gran medida, pagarían los empresarios. Castigo a los prósperos, dicen algunos. Responsabilidad empresarial, dicen otros. Usted, ¿qué dice?
Las empresas, como cualquier actor social, deben asumir su responsabilidad social. Una persona moral no puede decir: “Yo me desvinculo de mi responsabilidad social en una sociedad y solo quiero privatizar los beneficios y socializar las pérdidas”. No, eso no es una empresa, eso es piratería empresarial. Entonces, yo asumo que las empresas salvadoreñas están compuestas, en su mayoría, por gente honesta. Siendo honestos, tenemos que admitir que hay una responsabilidad social. En esa responsabilidad social debemos admitir que la delincuencia organizada, por definición, lava sus patrimonios y necesita el nicho empresarial para poder operar. No quiere decir que todos los empresarios sean mafiosos, pero sí que hay una proporción de los empresarios salvadoreños que le actúan de base patrimonial a los grupos criminales. Por lo tanto, para que se puedan purgar esas empresas y sacarlas del sistema empresarial salvadoreño, las empresas deben contribuir a través de un impuesto. El impuesto debe contribuir no solamente para combatir, sino que para prevenir que esto se ponga peor en El Salvador. La empresa no se puede desvincular de la pesadilla de delincuencia que está viviendo hoy el pueblo salvadoreño y la región en general, si es que pretende sacar beneficios futuros de esa misma población. La empresa tiene que formar parte de la solución y no solamente parte del problema.

Parece que el debate en Centroamérica tiene tantos pendientes.
El debate está atrasado en Centroamérica dependiendo del país. En Costa Rica está muy al nivel que debe estar. En otros países como Guatemala, ha estado más focalizado en casos específicos de corrupción o de grupos criminales, pero no analíticamente. En El Salvador, es buena hora para que la masa crítica de personas esté promoviendo este tipo de discusión de políticas públicas. Siempre tenemos que partir de la base de que una crisis es una oportunidad para el progreso.

Países como Guatemala, de hecho, se enfrentan a una crisis mayor. Grupos transnacionales como Los Zetas luchan por despojar del poder a las familias nacionales del crimen organizado, los llamados “narcos buenos”. No se ha podido con los criminales de casa y ya llegaron los de fuera.
Los Zetas se han caracterizado por atender a la necesidad de ejercer un control más reticular de la actividad criminal que los otros grupos que estaban más dispuestos a trabajar a través de franquicias, a través de grupos locales, como los que usted ha mencionado. Los Zetas, cuando toman un territorio o pretenden tomarlo, quieren adueñarse y controlar reticularmente todo lo que va desde la distribución, producción, hasta la venta minorista del producto. Para eso tienen que ejercer mucha violencia, e incluso controlar los centros informales de compra-venta minorista, por ejemplo, de vídeos piratas. Tienen que tener un ejercicio de la violencia mucho más allá del que se tenía antes con los grupos. Obviamente conlleva un mayor ejercicio del control territorial, de mayor violencia y corrupción. Por eso se considera que Los Zetas han sido más visibles en este proceso.

Más violencia y más corrupción frente a estados débiles, con sistemas de justicia corruptos. Mal panorama.
Mira, no había país que tuviera mayor nivel de violencia organizada que Colombia en su momento. Sin embargo, ellos, en medio de esa violencia sin precedentes, encararon una reforma judicial de amplio alcance y la lograron implementar con relativo éxito. Puedes hacerle muchas críticas a Colombia por su falta de sistemas de control del ejército, o por abusos de derechos humanos incontrovertibles, pero el hecho de que su reforma judicial ha sido de mejor práctica, nadie lo niega. Colombia demuestra que un país puede encarar formas judiciales del primer mundo au en la situación en que se encuentran El Salvador o Guatemala. Lo que se necesita, como dije antes, es un amplio acuerdo político donde la clase política se ponga de acuerdo, donde los jefes fiscales y policías no puedan ser la carne de cañón. El sistema político se debe poner de acuerdo en que se tiene que atar al mástil, como Ulises en la famosa obra de los griegos, al mástil de la clase política y entender, normalmente bajo el umbral del dolor, que todo irá a peor si no aplican estas reglas para limpiar el sistema político y permitir que se aplique una reforma judicial de primer mundo, donde jueces independientes, fiscales autónomos y una policía técnica investigue, procese y acuse sin intervención de ellos. Si no se ejecuta una reforma judicial de esa manera, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o quien sea, jamás va a lograr contener este tsunami. Hoy por hoy, en esta región, el sistema judicial es un motor de la delincuencia organizada directamente o indirectamente. Directamente porque generan impunidad. Indirectamente, porque cuando la gente ve que el poder judicial abusa, sea la policía, el juez o el fiscal, pues no denuncia, la gente busca protección en grupos criminales, como en el caso de Guatemala, y el Estado termina divorciándose más de la sociedad a la que debe servir. Esto requiere, claro, un acuerdo político previo. El Salvador no tiene un acuerdo político que permita hacer entender a la clase política de este país que los jueces, fiscales y policías no están aquí para servirles a ellos.

Pongámonos en el caso de que a los países centroamericanos les interesara adquirir estas cuatro ruedas de las que usted habla. ¿Tiene alguna lógica que lo hagan por separado?
Deberían de hacerlo juntos si realmente quieren, porque los mecanismos de contención de los grupos criminales deberían ser transnacionales por la misma naturaleza del monstruo. La delincuencia organizada es transnacional. Somos prisioneros de nuestro pasado y siempre tratamos de definir la solución con base en los instrumentos tradicionales que nos da el Estado concebido como Estado nacional. Sin embargo, debemos empezar a pensar en un mecanismo supraestatal tipo la Unión Europea, pero adaptado a la región centroamericana. Por ejemplo, hoy en día no es posible realizar una investigación mínimamente efectiva contra un grupo criminal si los órganos patrimoniales de Centroamérica no están actuando de manera coordinada. El mismo grupo criminal tiene fábricas en un territorio, tierras en otro, fideicomisos en un tercer territorio y, obviamente, eso requiere de una investigación conjunta, coordinada. Lo que ha hecho la policía europea, por ejemplo, es generar mecanismos conjuntos de investigación y procesamiento, cosa que le ha dado mucha efectividad a Europa comparado con hace 20 o 30 años. Centroamérica no requeriría gran cantidad de recursos para hacer esto. El gobierno alemán actual ha sido muy elocuente en manifestar su capacidad de apoyo a los gobiernos de la región para desarrollar este tipo de mecanismos policiales suprarregionales. En áreas de prevención social, también Europa tiene más tradición que Estados Unidos. Por lo tanto, es importante que Centroamérica mire a Europa para comenzar a delinear por lo menos a través de sus mecanismos supranacionales, que ya existen políticamente hablando, mecanismos de prevención conjuntos. Sus juventudes se desplazan de un territorio a otro. Por lo tanto, esos flujos deben ser atendidos de manera conjunta. Por ejemplo, un instituto centroamericano para la prevención social del delito sería algo magistral para formar, y no requiere de grandes inversiones, requiere de más imaginación y liderazgo que de grandes cantidades de dinero. Un instituto centroamericano para la prevención social de la delincuencia juvenil, que debería tender a los factores de riesgo familiar, vecinal, social, laboral, educativo... Una policía de prevención social, pensemos a lo grande, como pensaron los fundadores de estos países cuando se estaban fundando. No piensen en una cajita limitada por las ideas de hoy y las instituciones de hoy, piensen a lo grande como lo hacían sus antepasados.

Es difícil hacer todo eso en este momento, justo cuando gracias al llamado efecto cucaracha, se supone que Centroamérica se hace más apetecible para las organizaciones delictivas mexicanas y suramericanas. Aprietan allá, huyen hacia acá.
Esa es la hipótesis que el presidente Calderón ha venido propagando a través de los medios que él controla: Televisa y TV Azteca. Pero la hipótesis que los que estudiamos esto seriamente queremos transmitir a los lectores es que la razón por la cual los grupos mexicanos se han expandido por la región y a otros países del mundo es porque la base patrimonial de ellos en México se ha incrementado más de 20 veces. O sea, la base de lana de patrimonios criminales que han crecido de manera increíble para cualquier persona normal, se han elevado no a cientos de millones de dólares, sino a miles de millones de dólares en los últimos 10 años. Le ha permitido a los grupos criminales mexicanos, primero, expandirse geográficamente a otros países, y a la vez expandir el rango de actividades delictivas económicamente hablando que ellos desarrollan. Por ejemplo, los grupos criminales mexicanos, hasta hace 10 años no se dedicaban en gran medida al tráfico de seres humanos, ni al fraude electrónico, ni al tráfico de armas. Hoy lo hacen de manera frecuente. Se han expandido geográficamente y han expandido el rango de actividades delictivas. Eso no se debe a un efecto cucaracha en donde los mexicanos están haciendo las cosas bien, y por eso se vienen para acá. Los mexicanos están haciendo las cosas mal por eso se expandieron tanto los grupos mexicanos que ahora, en vez de cubrir 14 países como en el año 2000 con su presencia patrimonial, cubren 52 países del mundo.

Son una empresa que creció mucho y ahora está abriendo sucursales por todo el mundo, dice.
De la misma manera que Microsoft, desde el punto de vista legal, mejoró su desempeño y debido a eso comenzó a expandirse por todo el planeta en los años 80 y 90. Lo mismo sucede, desde el punto de vista ilegal, con el Cártel de Sinaloa, que debido al éxito de corromper mejor y de expandir sus actividades delictivas hoy están haciendo presencia en El Salvador mucho más frecuentemente que hace 10 años. La presencia de esos grupos en estos países no se debe al éxito de México, sino al fracaso de México.

EL FARO. Óscar Martínez
Publicado el 19 de Diciembre de 2011