A jugarse la vida por la justicia

Por: Lydia Cacho

¿Deberían las y los procuradores jugarse la vida por la justicia? Es decir, arriesgarse cada día para asegurarse de que toda la sociedad tenga acceso adecuado a la protección de sus derechos, al resarcimiento del daño a través de la procuración de justicia. La respuesta obvia es que sí, que en el contexto en que el país se encuentra es la única salida para debilitar los altísimos índices de impunidad que se generan en todas las procuradurías del país, desde que una persona se acerca por primera vez a la mesa del ministerio público hasta que llega al vía crucis, años después, ante un juez que asegura que el expediente fue mal consignado y no hay nada que hacer.

De cara a los medios, los gobernadores dan una orden clara para limpiar sus agencias ministeriales y policías investigadoras, mientras por el teléfono rojo giran a sus procuradores, una tras otra, cientos de órdenes cada año para ocultar, desaparecer, fabricar, rasurar o crear expedientes judiciales sobre los cuales tienen intereses políticos, de amigos, empresarios o que resultan de deudas de honor con algún mafioso que en su momento hizo importantes aportaciones a su campaña política. En todo el país, y cada vez con mayor frecuencia, se fabrican expedientes en contra de periodistas que resultan de gran incomodidad para el Sistema, y se “facilita” y hace expedita la recepción de expedientes absurdos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que evidencian con su trabajo y datos duros, la verdadera situación en que se encuentra una comunidad y sus instituciones oficiales.

Resulta curioso que un procurador estatal llamado Gaspar Armando García Torres, se atreva por primera vez en la historia de Quintana Roo a romper las inercias de la estructura de impunidad creada por gobernadores y alcaldes desde 1974 y fortalecida por los procuradores amafiados que han estado al servicio de los mandatarios estatales. Esta semana, el joven García Torres (que otrora fuera presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos) informó que 80 trabajadores de la PGJE enfrentan procedimientos por la vía legal con órdenes de aprehensión por la comisión de delitos. Explicó que al hacer un recuento de 2011, encontró que en las agencias del Ministerio Público de Playa del Carmen, Cancún y Chetumal existe un rezago de 50 mil a 60 mil expedientes.

Además, advirtió ante los medios que para este año se prevé un programa amplio para el mejoramiento operativo y administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para equilibrar el desfase de varios años reflejado en el “enorme” porcentaje de averiguaciones “rezagadas”. Entre ellas, se encontraron cientos de expedientes en los “cajones secretos” creados para proteger actos delictivos, para amedrentar a personas falsamente acusadas, que desconocen por completo las acusaciones hasta que de la noche a la mañana aparecen ordenes de aprehensión fabricadas para un abogado que pagó por ellas para dañar a alguien, o para algún político harto de una o un periodista que le sigue la pista a sus desmanes. El procurador de Quintana Roo anunció que tuvo que crear tres grupos de trabajo de personas de su absoluta confianza, y que han logrado avanzar con cerca de 10 mil expedientes.

Efectivamente en todo el país se están haciendo exámenes de confianza a policías judiciales, peritas y peritos, así como a ministerios públicos, incluso al Subprocurador de Justicia del DF, quien no pasó la prueba de confianza del polígrafo y tuvo que renunciar. Desde hace años existe ya un debate internacional sobre la validez de las pruebas de polígrafo. Hay expertos en Scotland Yard (una de las policías más confiables y profesionales del mundo) que lo descalifican por completo y aseguran que es un instrumento obsoleto para saber si alguien puede o debe trabajar en una corporación policiaca. Las famosas pruebas de polígrafo y algunos exámenes que encabezan las oficinas del secretario Genaro García Luna, son, para criminalistas, un verdadero despropósito que hace de elemento publicitario para que la sociedad perciba que efectivamente se está haciendo algo al despedir a personal capaz de mentir hasta en una nimiedad. Por ello, el foco del análisis sobre la transformación de las procuradurías debe centrarse eminentemente en sus líderes y en la transparencia u opacidad con la que operan bajo el mando del gobernador que les designa.

Es decir, hay que saber si los procuradores en realidad saben que se juegan la vida al descubrir que casi la tercera parte de sus policías judiciales y Ministerios Públicos operan directamente para determinados cárteles, y que por lo tanto no deben aplicarles el polígrafo y despedirlos, sino llevarlos a juicio y buscar una sentencia condenatoria ejemplar. Son muchos los mecanismos que deben desactivarse para que esto suceda, pero son factibles y posibles. El problema es que dependen de dos factores: la verdadera división de poderes (que el gobernador saque totalmente las manos de las procuradurías) y la valentía de quienes descubren delitos graves como el ocultamiento, rasurado, o fabricación de miles de expedientes “a modo”. La valentía no consiste en declarar a la prensa el descubrimiento, eso cualquiera lo hace, sino en atreverse a desaparecer los pequeños actos de corrupción, las cadenas de favores y los “cajones secretos” que tanto daño le han hecho a este país. Para lograrlo, este procurador, y cualquiera otro que en verdad intente hacer un trabajo limpio, debe enfrentarse al propio sistema que le dio el puesto, negarse a los favores de poderosos abogados, diputados o alcaldes y del propio gobernador. Ese es el verdadero triple salto mortal: investigar, denunciar, desarticular y mantenerse vivo para ver los resultados. Sólo así podremos creer en los cambios de fondo. Ver para creer.

@lydiacachosi