La alianza entre el Estado español y el pontificado unió los asuntos políticos y los religiosos. Consumada la independencia de México, la intolerancia y el Estado confesional prevalecieron hasta que a mediados del siglo XIX los liberales quisieron limitar sus fueros y la Iglesia patrocinó un movimiento armado para derrocar al gobierno. Estallaron la guerra civil y todos los enfrentamientos que hemos mencionado, hasta que años después se concluyó la guerra cristera mediante una entente cordial, en la que sin derogarse las leyes que inconformaban a la Iglesia tampoco se respetaban.
En realidad las leyes de Reforma se aplicaron con todo rigor sólo en el gobierno de Sebastián Lerdo, ya que durante la dictadura porfirista la Iglesia retomó su poder político. Al apoyar la jerarquía católica la usurpación de Victoriano Huerta, los constituyentes de 1917 consideraron que no era suficiente la separación entre el Estado y la Iglesia, sino que había que establecer la supremacía del Estado. En los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles la jerarquía religiosa se enfrentó al Estado, y éste respondió con toda su fuerza. Después, la laxitud dependió del gobernante en turno.
La institución eclesiástica ha presionado al Estado mexicano para que se deroguen las leyes que la incomodan, o para que haga las que considera acordes a sus posiciones. La institución clerical tiene el derecho de hacerlo; lo que es inadmisible es que en un Estado constitucionalmente laico se adopten políticas confesionales. Es el caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El presidente Felipe Calderón intentó frenar la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación, que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante la acción de inconstitucionalidad que promovió su procurador. Afortunadamente la Corte falló la constitucionalidad de la interrupción legal del embarazo. Después, el Presidente se encargó de que algunos ministros que ingresaron al máximo tribunal de la nación fueran afines a sus ideas confesionales. El hecho quedó de manifiesto en los dos casos más recientes que se han presentado sobre el tema, correspondientes a Baja California y San Luis Potosí, donde no se alcanzó la votación necesaria para declarar la inconstitucionalidad de las leyes contrarias a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Por intereses políticos, no sólo el PAN, cuya ideología es afín a las ideas confesionales, sino el PRI, y aun los partidos de izquierda, como el PRD, PT y Convergencia, en busca del apoyo político de la Iglesia mayoritaria del país votaron las reformas que criminalizan a las mujeres en 18 estados del país.
Para solucionar la situación se ha propuesto modificar el código penal federal, adoptando exactamente la misma forma que ya tiene el código penal del Distrito Federal, en cuanto a que la interrupción del embarazo sólo sería penada después de las primeras 12 semanas de gestación, con lo que se podría aplicar en los hospitales federales en todo el país. Sin embargo, dada la división prevaleciente entre las cámaras y el proceso de sucesión presidencial, no se ha tomado en cuenta la propuesta.
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no están contemplados en la agenda política de ninguno de los partidos. Los que quieran congraciarse con la Iglesia, seguirán promoviendo que el óvulo fecundado sea considerado igual que una persona.
Las organizaciones feministas y de derechos humanos tenemos que concientizar a las mujeres del valor de su voto y presionar a los candidatos para que tengan que pronunciarse respecto de este tema fundamental de derechos humanos, salud pública y justicia social.
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