El
fenómeno de la guerra y las víctimas en México ha dejado de ser
noticia. Los “líderes de opinión” ya no lo consideran “tema de
coyuntura”. Durante 2012, los medios de comunicación –salvo algunas
excepciones- nos inundaron con propaganda electoral, y como antes de
2011, guardaron silencio sobre la violencia.
Algunas
pinceladas sobre este tema se hicieron presentes a principios de 2013
con el surgimiento de “autodefensas” en varios estados de la República.
Sin embargo, no se profundizó sobre las causas estructurales de la
violencia. El debate se limitó a discernir si estos grupos eran
legítimos o no.
Pero que la guerra no aparezca en las
primeras planas de los periódicos o en los principales noticiarios, no
significa que ha cesado. Mucho menos que ha bajado su intensidad. El
número de víctimas sigue en aumento: 21 mil crímenes dolosos de
diciembre de 2012 a enero de 2014, reportó el Sistema Nacional de
Seguridad Pública. Las desapariciones forzadas están a la orden del
día. A diario escuchamos sobre nuevos casos de feminicidios. Los
migrantes siguen siendo secuestrados y asesinados en su tránsito por
México en búsqueda de un sueño que se convierte en pesadilla. Las
agresiones contra reporteros, defensores de derechos humanos y
activistas sociales que denuncian la complicidad entre crimen
organizado y órganos de gobierno, continúan.
Al respecto, algunos intelectuales y periodistas han llegado a la conclusión de que lo que existe en México es un Estado fallido.
Argumentan que el Estado en México ha fallado en garantizar seguridad.
Una lectura hobbsiana y contractualista se esconde detrás de este
argumento: el Leviatán, ese mal necesario encargado de controlar al lobo que habita en los seres humanos, ha dejado de funcionar. El contrato social, en el que los seres humanos cedieron libertades para garantizar la propia vida, estaría roto.
Vale preguntarnos si realmente el Estado ha fallado, o si la guerra
misma ha sido adoptada como una política de Estado para continuar con
el despojo de territorios y facilitar la concentración de capital en
pocas manos. Veamos algunas experiencias para luego retomar esta
pregunta.
Durante 2011 tuve la oportunidad de recorrer varios estados del país en las caravanas que organizó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
En aquellos viajes conversé con víctimas e integrantes de
organizaciones sociales. Conocí la muerte en su forma más atroz, en esa
modalidad en que también la memoria es asesinada. Aquellas pláticas me
hicieron entender que la palabra muerte ha dejado de tener el
significado que tradicionalmente se le asigna.
La mayor parte
de las personas con las que platiqué denunciaban la complicidad de
policías y gobiernos locales y federal con el crimen organizado. En
algunos casos señalaban que presidentes municipales, diputados e
integrantes de partidos políticos tenían vínculos directos con grupos
delictivos.
Uno de los casos que pude conocer de cerca fue el
de Melchor Flores Hernández, un joven de 26 años que trabajaba como
estatua humana. El “Vaquero galáctico”, personaje que representaba
Melchor, fue detenido por policías de Monterrey, quienes luego lo
entregaron a un grupo mafioso. Desde entonces no se sabe nada de él.
El caso de Melchor no es el único, existen cientos más con
características parecidas. Gracias a las investigaciones de los propios
familiares de personas desaparecidas, se ha documentado que algunas de
las víctimas fueron explotadas en negocios del crimen organizado:
cultivos, tráfico, seguridad, prostitución, etc. Incluso se ha llegado
a evidenciar la desaparición selectiva de personas con determinadas
profesiones: albañiles y arquitectos estarían siendo “levantados” para
construir residencias y casas de seguridad de los cárteles;
especialistas en comunicación para construir sistemas de comunicación
no rastreables.
Durante 2013 el caso del municipio de Aquila,
Michoacán, cobró gran relevancia. Había surgido ahí una organización de
autodefensa comunitaria. Dicha organización denunciaba una red de
complicidad entre la Minera Ternium, las autoridades locales y los
Caballeros Templarios. Cuando la Policía Federal y el Ejército
acudieron a la zona, detuvieron a 45 de los pobladores que se habían
coordinado. Por el contrario, de Ternium y de los Caballeros
Templarios, no se investigó nada. Tanto la minera como el cártel
siguieron operando a sus anchas. Nuevamente, el fenómeno tampoco se
reduce al caso de Aquila, también en Guerrero y otras partes de
Michoacán se han documentado complicidades de negocios –que implican
despojo territorial-, crimen organizado y gobiernos de todos los
niveles.
Ahora bien, es sabido que alrededor del mundo, el
crimen organizado ha adoptado las dinámicas empresariales actuales. El
dinero que se obtiene de negocios ilícitos además de llegar a tener
gran influencia en las economías nacionales, circula en bancos de todo
el mundo y se extiende a toda clase de inversiones. Cabe resaltar que
para los grupos criminales una de las tranformaciones fundamentales ha
sido su globalización.
Negocios considerados lícitos también
se benefician de la guerra. Nos referimos a las empresas armamentistas,
que durante siglos se han enriquecido a través de conflictos armados.
Basta recordar que los Estados Unidos de América (EUA) consolidaron su
hegemonía mundial precisamente con el negocio de la guerra: las
empresas norteamericanas vendieron muchas de las armas utilizadas
durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hoy son también empresas
armamentistas norteamericanas las que surten armas, sin distinción, a
criminales y gobierno en México.
En La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre,
Naomy Klein hace una excelente descripción de cómo los grupos en el
poder fabrican o utilizan “estados de shock” para implementar
importantes reformas económicas o sociales para eventualmente
fortalecer las dinámicas del libre mercado. En nuestro país sucede así:
todavía nos encontramos en el shock de la guerra cuando la clase
política ha impuesto las llamadas “reformas estructurales”: la reforma
educativa, la reforma energética y la reforma hacendaria.
El
Estado mexicano ha utilizado la guerra para seguir beneficiando a las
clases dominantes; concentrando las riquezas en unas cuantas manos y de
paso, so pretexto de la seguridad, cooptar y criminalizar el
descontento social organizado. Regresando a la pregunta planteada
párrafos atrás, pienso que la guerra en México está siendo utilizada
por el Estado como un medio y como un fin; como medio para generar
“shock” e implementar las reformas estructurales y como fin para
facilitar más la concentración de capital. A final de cuentas los de
arriba son los que siguen dictando las reglas y los únicos que salen
ganando.
Hay que decirlo claro y sin eufemismos: en México
hay una guerra con la que el Estado, el crimen organizado y las
corporaciones se siguen enriqueciendo. En esta guerra el único que sale
perdiendo es el pueblo. Por eso es necesario volver a mirarla y
denunciar a los responsables. También es vital seguir exigiendo
justicia para las víctimas. Parar la guerra en México es tarea de
todos. Nos jugamos mucho en ello.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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