Nuevas castas mexicanas

Plan B

Lydia Cacho 

¿A qué clase social pertenecen usted y sus familiares? ¿acaso sabe si bajo los nuevos esquemas tiene algún familiar desechable? La sociedad mexicana se ha estratificado de formas muy distintas a las que conocíamos hace diez años.

A partir de que los grupos de delincuencia organizada comenzaron a crear una economía paralela, y a tomar territorios, fomentaron sus propios esquemas en que estratificaron a la sociedad mexicana en “castas”.

Este esquema empresarial dividido en rangos es aceptado por los cárteles y autoridades.

Va desde los diferentes tipos de vigías, vendedores, distribuidores, jefes de zona, infiltrados (en las procuradurías y policías, en el ejército y la Secretaría de la Marina), hasta los políticos A que desde los cárteles buscaron puestos de elección popular, y los B, que recibieron recursos electorales del narco y fueron negociando hasta convertirse en aliados (convencidos de que así mantienen la paz social).

Luego están los productores de drogas tanto en la agricultura como en las fábricas químicas, también divididos en puestos esquematizados.

La supervivencia y el poder de cada cártel precisa de cientos de miles de personas que hacen posible su funcionamiento; detrás de esa potente maquinaria están los millones de personas que consumen drogas y ayudan al crecimiento sostenido de la economía delincuencial.

En este esquema la vida es absolutamente desechable.

En una empresa legal despiden a quien roba, incumple o miente.

En la ilegal simplemente les matan y ocultan.

Una familia busca con desesperación a su hermano T; lo que saben es que el hombre de 27 años estaba en casa de su madre cuando recibió la llamada de un “amigo”.

Minutos más tarde tocaron a la puerta y aparecieron tres sujetos armados vestidos de verde militar, uno de ellos con pasamontañas.

La familia pidió ayuda a una asociación civil que denuncia desapariciones forzadas.

Cuando una activista logró que las autoridades investigaran, salieron a relucir varios aspectos importantes que determinan a qué “casta” pertenece la víctima.

El joven “levantado” estaba desempleado, su familia admitió que fumaba mariguana.

El “amigo” que le llamó antes de que llegaran los hombres armados era su vecino dedicado al narcomenudeo.

Él supuestamente le pidió al desaparecido que le guardara un paquete; ambos hacían apuestas.

La familia en realidad conocía sólo una tercera parte de la historia y conforme la autoridad descubrió el contexto, muy pronto determinó que lo más seguro es que el joven no estuviera desaparecido vivo, sino muerto.

Dejaron entonces de buscarle.

Pertenecía a la casta de los “culpables naturales” por tener malas amistades o deudas de juego.

En un país en que la discriminación racial, económica y sexual domina las interacciones sociales, esta nueva estratificación por castas, creada a partir del empoderamiento del narco, profundiza aún más la segregación social.

Las autoridades son incapaces de hablar de este evidente nuevo mapa social que está cambiando la forma en que se investigan los casos de violencia, desaparición y homicidio, así como admitiendo que hay una valía diferente de la vida de las personas desaparecidas y muertas.

Este es un tema vital para México, porque no son sólo la policía, los Ministerios Públicos y las propias autoridades judiciales quien piensa así, también una parte de la sociedad está convencida de que hay cientos de miles de personas que pertenecen a una casta desechable y que es mejor que estén muertos, o que no merecen que el Estado invierta en su búsqueda.

El desgaste social e institucional causado por la violencia creada por la batalla entre los cárteles y por la guerra federal contra el narcotráfico, nos impide valorar adecuadamente esta peligrosa normalización de la división social que las propias autoridades llevan a cabo cuando existe la mínima sospecha de que una víctima de violencia forma parte del entramado social de la economía narca.

Nos enfrentamos a un fenómeno sumamente complejo que profundiza la debilidad del Estado de Derecho, que abona a justificar la impunidad criminal y a debilitar aún más nuestra cultura judicial inepta y parcial, esa que acepta la pena de muerte de los cárteles como ayuda a la autoridad para eliminar a personas no deseables.

El Ejército, que controla el 53% de las operaciones de seguridad en el país, opera bajo la lógica de castas desechables también.

Esta práctica anticonstitucional va en aumento y debe ser contemplada por especialistas en seguridad a la hora de asegurar que basta con juicios orales para rescatar el Estado de Derecho.

@lydiacachosi