Yakiri: injusticia y retroceso institucional

Editorial La Jornada 

El juez 23 de lo penal en delitos no graves del Distrito Federal, Fausto Agustín Ayala, fijó una fianza de 423 mil 800 pesos para la liberación de Yakiri Rubio, la joven que en diciembre pasado mató en defensa propia a un sujeto que la violaba y que, desde entonces, se encontraba presa, acusada de homicidio.

La resolución judicial referida es el episodio más reciente de una saga caracterizada por los agravios, los atropellos, los vicios judiciales y el ensañamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia en contra de una víctima de delito: a la imputación penal y el encarcelamiento sufridos por Yakiri Rubio –en un proceso irregular que incluyó la desaparición del primer examen médico de la joven–, se suma el despropósito de un Poder Judicial que decide ahora fijar una fianza a una persona manifiestamente inocente, que demostró haber actuado en legítima defensa en contra de su atacante.

En el caso que se comenta, tales vicios son agravados por el espíritu misógino de los funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial locales, que desestimaron desde un inicio los alegatos de la defensa de Yakiri; criminalizaron de esa forma el derecho de la víctima a resistirse y defenderse de una violación y actuaron con un espíritu de negación de la justicia para la joven agraviada y de protección para sus victimarios.

El episodio del encarcelamiento de Yakiri Rubio da cuenta de un retroceso preocupante en el sistema de justicia penal del Distrito Federal, que resulta incompatible con una administración que se reclama del proyecto progresista instaurado por el voto popular en la ciudad capital desde 1997, y que transita en sentido contrario al rumbo adoptado durante los últimos tres lustros por la sociedad: en ese periodo, las diversas luchas cívicas y democráticas que se han originado y confluido en la urbe han logrado consolidar un entramado institucional de vanguardia en lo que se refiere a libertades individuales y de las minorías, derechos sexuales y equidad de género, y sus habitantes se han pronunciado en múltiples ocasiones por la desaparición de lastres que prevalecen en otras entidades del país, como la discriminación, la violencia de género y la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio del poder público.

Sería particularmente lamentable que el gobierno capitalino considerara zanjado el asunto con la determinación judicial dictada ayer, sobre todo cuando el proceso en contra de Yakiri no ha concluido formalmente. Por el contrario, hay indicios de irregularidades cometidas por agentes judiciales y del Ministerio Público que detuvieron y encarcelaron a una mujer manifiestamente inocente y a una víctima del delito. 

Lo procedente, en este caso, es emprender acciones orientadas a reparar el daño a Yakiri Rubio y a esclarecer y sancionar a los malos funcionarios que la privaron injustamente de su libertad. Las sanciones legales a que dé lugar este atropello deben ser vistas como un paso ineludible para impedir la persistencia y la repetición de injusticias como la comentada y como un elemento importante para impedir un retroceso de décadas en lo que se refiere a la democracia, la convivencia en paz y la justicia en la ciudad capital.