MEXICO,
D.F. (apro).- El domingo 2 de marzo, la “Rayuela” de La Jornada –el
breve comentario editorial publicado en la contraportada– publicó un
críptico mensaje:
“Crujen los cimientos de la relación con Salinas. ¿Qué está pasando?”.
Por supuesto, se trataba del expresidente Carlos Salinas y de
“cimientos” relacionados a la administración federal actual: el
gobierno de Enrique Peña Nieto, émulo del primer presidente
“modernizador” que inició el ciclo de reformas privatizadoras, el
TLCAN, y aspiró a mantener su influencia transexenal por 24 años.
La pregunta es clara y es la misma que se ventila en los corredores
y salones de la elite política: ¿se perfila una ruptura entre Salinas
de Gortari y el peñismo? ¿O son simples mensajes cifrados para negociar
cuotas de poder, negocios y complicidades?
No es la primera vez que surgen versiones sobre un presunto
distanciamiento entre el equipo de Peña Nieto y el expresidente Carlos
Salinas de Gortari. Prácticamente desde que asumió el poder, la
percepción del exmandatario del Estado de México como un político
inexperto, dependiente de Televisa y de Salinas se impuso en buena
parte del imaginario colectivo. El propio Salinas gustaba de alimentar
esta idea de sí mismo como “el padrino” del hijo predilecto de
Atlacomulco.
Los operadores y asesores peñistas han tratado de contrarrestar esta percepción desde el inicio del sexenio.
Algunos, en privado, presumen que en un año lograron lo que Salinas no pudo en seis.
Ideológicamente iguales, maquiavélicamente antagónicos. Los “golpes
espectaculares” del peñismo recuerdan en mucho a los del salinismo,
aunque, paradójicamente, han afectado más a personajes surgidos en la
era del “modernizador”. El caso más emblemático es el de Elba Esther
Gordillo. Y el más errático: el del capo Rafael Caro Quintero,
“liberado” el año pasado por un amparo, tras ser detenido en el sexenio
salinista.
Las versiones de la ruptura entre el salinismo y el peñismo han
arreciado en este mes clave en el calendario simbólico. Marzo es el mes
del asesinato de Luis Donaldo Colosio, hace 20 años, y el de los
videoescándalos del 2004, hace una década.
En ambos casos, la figura de Salinas jugó un papel central. En el
crimen de Colosio como presunto afectado y en el de los videoescándalos
como instigador y artífice de la conjura, según ha confirmado el
empresario Carlos Ahumada en su reaparición mediática de estos días.
“Por lo que pasó el 28 de julio del año pasado (Salinas) me hubiera
mandado a pegar tres tiros”, afirmó Ahumada en entrevista con Ciro
Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el 3 de marzo.
El videoasta más polémico de los últimos años rompió de nuevo su
Omertá acusando a Rosario Robles, actual titular de Sedesol, a Diego
Fernández de Cevallos y a Salinas de ser los principales artífices de
los videoescándalos.
Ahumada inició su ronda de entrevistas en El Universal. Con gran
despliegue, el constructor-cineasta reveló que tanto Salinas como Diego
Fernández le pagaron 68 millones de pesos por la difusión de los videos
para iniciar un ataque contra el entonces jefe de Gobierno capitalino,
Andrés Manuel López Obrador. Subrayó que el PRD le debe más de 200
millones de pesos por el pago de adeudos con Televisa, entre otros,
erogados durante la gestión de Rosario Robles como presidenta
perredista.
Le interesa el dinero, aunque lo niegue, pero en su guión de víctima
Ahumada acaba por validar la versión que desde entonces el propio López
Obrador afirmó frente a los videoescándalos: era un complot salinista.
¿Sabía Salinas que Ahumada reaparecería en medios impresos y
electrónicos para litigar su asunto? ¿Podría haber evitado el gobierno
peñista revivir este episodio que deja mal parado al expresidente, al
excandidato presidencial panista del 94 y a la actual titular de
Sedesol? Son preguntas al aire frente a los rumores.
Por otro lado, el expediente Colosio está abierto. Ministerialmente
hay un veredicto y un sentenciado, pero política e históricamente es un
crimen de Estado con múltiples significados.
El mismo Salinas de Gortari, también en El Universal, revivió la
herida y lanzó un mensaje nada críptico para el actual mandatario
priista en entrevista publicada el pasado 10 de febrero:
“Lo que vivimos en ese inicio de 94 fue un intento de
descarrilamiento del gobierno como respuesta al proceso reformador tan
intenso que habíamos llevado a cabo”.
Salinas no dio nombres, pero sí diagnósticos. Insistió en una
conjura de quienes estaban en contra de su proyecto de reformas y
utilizó a su excolaborador y actual senador del PRD, Manuel Camacho
Solís, como parapeto del verdadero destinatario de su mensaje.
En la cultura priista –tan enraizada en Salinas como en el Grupo
Atlacomulco– las verdaderas intenciones no se revelan, se disfrazan.
Los mensajes son cifrados, no explícitos.
Y Salinas es un experto en este terreno. La entrevista con Salinas
fue precedida por la renuncia de Francisco Rojas Gutiérrez como
director general de la CFE, el 4 de febrero, y de Carlos Morales Gil,
como director de Pemex Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria
más importante de la paraestatal.
Justo en el momento del festejo internacional por la reforma
constitucional en materia petrolera, dos piezas clave del entramado
energético se separaron del cargo. Rojas no es un funcionario más.
Fue director de Pemex durante ocho años (dos con Miguel de la Madrid
y los seis de Salinas), artífice de la reestructuración de la
paraestatal y siempre un político cercano al exmandatario.
Tras la entrevista con Salinas se aprobó en la Cámara de Diputados
una reforma legislativa en el sector ferrocarrilero que vuelve a
colocar contra la pared a uno de los principales adversarios del
salinismo: a su sucesor Ernesto Zedillo. Para nadie es un secreto que
Zedillo se benefició de la privatización ferrocarrilera de su sexenio
al convertirse en consejero estelar de Union Pacific y que la
iniciativa que se encuentra a revisión en el Senado afectará los
intereses de ésta y otras dos empresas.
La disputa, si es real, es por enormes y multimillonarios intereses.
Por lealtades y espacios de influencia. En la agenda de los próximos
días está la ley secundaria convergente en materia de
telecomunicaciones y el paquete de las leyes reglamentarias de la
reforma energética.
En ambas, los intereses del expresidente están presentes y son tan
complejos como una red de telaraña. En ambas, el peñismo quiere
realizar lo mismo que el salismo hizo en su momento: restablecer el
presidencialismo como eje del poder político.
Twitter: @JenaroVillamil
Comentarios: www.homozapping.com.mx
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