La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Germán Canseco
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. Foto: Germán Canseco
Los miles de millones de pesos que está costando el Nuevo Aeropuerto Internacional de México quedan en manos de las familias de siempre. Parientes de Carlos Slim, de Carlos Salinas de Gortari y de Armando Hinojosa, así como empresas de Hank Rhon y de Bernardo Quintana, han firmado la mayoría de los contratos, según la página en internet de la megaobra. E incluso hay un par de sorpresas: también participan la Sedena, convertida en contratista, y la compañía responsable del socavón del Paso Exprés, que le costó la vida a dos personas. La construcción del NAIM se ha convertido en uno de los temas centrales de la elección presidencial.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde la concepción del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), Carlos Slim ha estado involucrado, de ahí su defensa a ultranza de la obra.
Junto con el británico Norman Foster, el arquitecto Fernando Romero Havaux, esposo de Soumaya Slim Domit, hija del hombre más rico de Latinoamérica, cobró 2 mil 692 millones 364 mil 464 pesos por “la elaboración de proyectos ejecutivos que permitan la construcción del Edificio Terminal de pasajeros, vialidades de acceso y estacionamientos y Torre de Control y Centros de Control de Operaciones” del NAIM.
El contrato de Romero Havaux es uno de los 92 enmarcados en el rubro de “servicios relacionados”. La firma se realizó con el despacho FP-Free, S de RL de CV, en convenio con Servicios Smart Free a tu Nivel, SA de CV (FR-EE) y Havaux y Foster + Partners Limited, según se establece en la propia página en internet del NAIM (www.aeropuerto.gob.mx).
Ambos arquitectos, el británico y el mexicano, presentaron el 23 de mayo de 2014 el proyecto y el 3 de septiembre de ese año fue electo por unanimidad.
El yerno de Carlos Slim hizo un cobro similar al de la empresa estadunidense Parsons International Limited, la cual se encargó de realizar la “gerencia del proyecto para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país”, por un monto de 2 mil 692 millones 314 mil 541 pesos.
Las familias de siempre
Los tentáculos de Carlos Slim no sólo estuvieron presentes desde la concepción de la monumentalmente cara obra del nuevo aeropuerto: en el proceso de construcción, el magnate y su emporio económico seguirán presentes los próximos dos años, aunque hay estimaciones de que dicha construcción se extenderá hasta 2024; es decir seis y no sólo dos años más.
Se trata de la máxima obra de construcción del Edificio Terminal. Según el contrato respectivo, será por 84 mil 828 millones 377 mil 320 pesos, con una duración del 13 de febrero de 2017 al 20 de octubre de 2020.
Pero hay que aclarar que Slim no va solo en esta megaobra: lo acompaña Hipólito Gerard Rivero, cuñado de su viejo conocido –quien le entregó Teléfonos de México durante su sexenio– Carlos Salinas de Gortari.
Gerard Rivero, con su empresa GIA más la firma Promotora y Desarrolladora Mexicana, SA de CV, se llevaron el contrato de la terminal por casi 85 mil millones de pesos.
A esa cantidad Slim sumó otro contrato, por 7 mil 359 millones 204 mil 570 pesos, para construir el sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de la pista 3. El contrato arrancó el 7 de noviembre del año pasado y concluye el 11 de noviembre de este año.
Slim logró incluir en esta obra a otro gran beneficiado del viejo priismo, Carlos Hank Rhon, hoy dueño del banco más grande de México, Interacciones, que recientemente se comió a Banorte.
Ambos contratos suman 92 mil 200 millones de pesos, 51% de la inversión total comprometida en la primera fase del NAIM.
ICA, la empresa de Bernardo Quintana que había entrado en recesión a inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto, logró levantarse y ser otro de los beneficiados contratistas del nuevo aeropuerto.
De acuerdo con los datos del NAIM, Quintana obtuvo dos contratos, uno por 16 millones y otro por 7 mil 555 millones, lo que le dio una suma total de 7 mil 571 millones 741 mil 821 pesos.
Pero lo rebasó por casi 2 mil millones y medio otra de las contratistas predilectas de Peña Nieto, la firma mexiquense Coconal, que obtuvo tres jugosos contratos que llegan a 9 mil 951 millones 242 mil 301 pesos.
Es una empresa sin experiencia y cuestionada por el presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados que indaga los avances de la obra del nuevo aeropuerto, el perredista Rafael Hernández Soriano.
“Para la construcción de las pistas hay un tinglado: en una participan Slim y el cuñado de Carlos Salinas, pero otra la tiene Coconal, que es la favorita del grupo Atlacomulco”, dice.
Entre sus obligaciones está construir el “sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de la pista 2”, obras en las que no tiene experiencia, señala el diputado.
Sus otras dos obligaciones sí son parte de su trabajo; se trata de “conexión a desnivel de la autopista Peñón-Texcoco con la carretera libre Texcoco-Ecatepec” y los “trabajos relativos a la nivelación y limpieza del terreno del NAICM (hoy NAIM)”.
Empresas de dudosa ética
Para el diputado perredista Hernández Soriano hay dos empresas de dudosa calidad que participan en la construcción del nuevo aeropuerto. Se trata de la empresa de origen español Aldesem, responsable junto con la mexicana Epccor de construir el “Paso Exprés” de la autopista México-Cuernavaca y donde se formó un socavón que cobró la vida de dos personas. La obra se la pagó el gobierno de Enrique Peña Nieto por conducto del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en mil 45 millones de pesos.
Ahora Ruiz Esparza le adjudicó a Aldesem tres contratos para el nuevo aeropuerto por mil 261 millones 98 mil 781 pesos.
El presidente de la comisión legislativa que da seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto demandó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, “la cancelación de los contratos, luego de la tragedia del Paso Exprés. Su respuesta fue: ‘No tenemos facultades para ello’. A pesar de todo siguieron y tienen la construcción de la Torre de Control.
El contrato para construir la Torre de Control del NAIM es por mil 242 millones 171 mil 349 pesos, pero Aldesem no va sola, la acompaña la empresa mexicana Jaguar Ingenieros Constructores, SA de CV, otra de las nuevas “ganonas” en las licitaciones de las rondas de Pemex para explorar y explotar hidrocarburos.
La empresa responsable del socavón del Paso Exprés también construye en el NAIM “accesos y plataformas para exploración geotécnica para la pista número 2” y “accesos y plataformas para exploración geotécnica, rehabilitación de tramos de prueba y bacheo somero de caminos existentes para el NAICM”.
Existe otra empresa de dudosa calidad: Sacyr, también de origen español y con la que intentó asociarse Pemex en 2000 para arrebatarle el control a Repsol. Al final Petróleos Mexicanos hubo de dar marcha atrás a su operación financiera.
El 30 de octubre de 2011 este semanario (Proceso 1826) dio cuenta de la “desastrosa” aventura Sacyr-Repsol de Pemex, cuando adquirió “en mil 120 millones un paquete accionario que la ata a otro inversionista, la inmobiliaria Sacyr, durante 10 años, sin ventajas inmediatas ni estratégicas”, según denunciaron a la revista el presidente de Transparencia Nacional, Gabriel Reyes Orona, y el consejero independiente de Pemex Rogelio Gasca Neri.
“La operación entre la empresa inmobiliaria española Sacyr y Petróleos Mexicanos está tocada de ilegalidad, se violaron las leyes de Pemex, la de Presupuesto y la de Deuda, y además se incrementó en forma innecesaria el pasivo de la paraestatal en mil 120 millones de dólares y se generó una actitud ‘hostil’ hacia la empresa española Repsol”, resumió Gasca Neri en aquella ocasión.
Ahora, esa misma empresa española que no jugó limpio en 2011, Sacyr, se encargará de construir “la cimentación del centro de transporte terrestre” (lugar de donde se sacan los lodos tóxicos que van a dar al poblado de Tlaminca, Texcoco, y donde están contaminando los mantos acuíferos).
El contrato de Sacyr es por mil 399 millones 983 mil 17 pesos, pero no va sola, la acompaña Epccor, empresa mexicana de la que son propietarios los hermanos Juan Diego, José Miguel e Ignacio Gutiérrez Sainz, hijos de Juan Diego Gutiérrez Cortina, el fundador de Gusta Infraestructura.
Y otra “constructora” que participa es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que se quedó con dos contratos que suman 5 mil 296 millones 264 mil 171 pesos.
El primer contrato fue bajo convenio por 2 mil 930 millones 976 mil 548 pesos para elaborar el “proyecto integral de barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso para el NAICM”, según consta en la página de internet del nuevo aeropuerto.
Hernández Soriano recuerda los señalamientos de que incurrió en un sobrecosto de 80% de dicho proyecto. “Nunca pudo quitarse dicho señalamiento y las autoridades dijeron que le dieron el proyecto por adjudicación directa, ya que era un tema de seguridad nacional, que no podían andar por ahí circulando la información y los planos. Pero Sedena subcontrató a dos empresas que, hasta donde tenemos entendido, son fantasmas”.
El segundo contrato para la Sedena fue por 2 mil 346 millones 287 mil 623 pesos para que realice la “limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica para la construcción del sistema de precarga de la pista 6 y calles de rodaje” del NAIM.
Pero las dudas sobre la entrega de contratos para favorecer a amigos de Peña Nieto no paran ahí. El gobierno entregó dos contratos a la empresa Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, SA de CV –por 662 millones 374 mil 577 pesos– a Rolando Cantú Barragán, primo de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien construyó la “Casa Blanca” del presidente.
El primero fue por 54 millones 99 mil pesos para “rehabilitación de la infraestructura vial en el Municipio de Texcoco, Estado de México”, y el segundo, por 608 millones 275 mil 577 pesos, para “construcción de los caminos provisionales de acceso” al NAIM.
Las afores
El diputado recuerda que, al inicio, el gobierno dijo que el NAIM tendría 58% de capital público y 42% privado. Ahora corrigen y dicen que será 30% público y 70% privado.
Tema aparte son los famosos “fondos de Fibra E”, que es la colocación de bonos que inversionistas adquieren para respaldar el proyecto. Se trata del dinero de las afores que invirtieron en dichos bonos. “No es que el gobierno esté poniendo en oferta los ahorros de los trabajadores para el retiro, sino que las afores que contrataron los trabajadores están jugando en la bolsa con la compra de estos bonos”.
Las afores que participan en el NAIM son, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Afore Inbursa (de Slim), Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte (de Hank Rhon), las cuales invirtieron 13 mil 500 millones de pesos que no son suyos, sino de los trabajadores.
El NAIM, dijeron las autoridades, arrancaría en el año 2020. “Ahora hablan de 2024 porque no estará listo antes”, recuerda el diputado, pero lo peor, insiste, es que están construyendo un aeropuerto que no cubrirá su demanda total, sino hasta 2050. “Es decir que estaría subutilizado, y ese dinero podría estarse usando para cubrir necesidades inmediatas, como escuelas o camas de hospital”.
“Cuando se anunció el proyecto del NAIM se dijo que costaría 169 mil millones de pesos; ahora acaban de decir que el costo será de 250 mil millones de pesos. Dicen que porque aumentó el dólar, pero habrá que ver si el costo del tezontle lo tasaron en dólares”, comenta irónico.
Y a todo ello, alega, habrá que sumar otros costos que no están considerados, como los 11 espejos de agua que se construyen fuera del polígono del aeropuerto. “Y de 2015 a la fecha la Cámara (de Diputados) ha autorizado a la Conagua 20 mil millones de pesos para esas obras. La Conagua subcontrata para esas obras y no hay claridad en ello”, reclama el presidente de la comisión legislativa que da seguimiento a la obra del NAIM.
Este reportaje se publicó el 24 de abril de 2018 enla edicción 2164 de la revista Proceso.