Pedro Miguel
Los temas del debate del domingo 22 de abril entre los candidatos a la Presidencia fueron seguridad y justicia y es oportuno tratarlos por separado. En el primero el aspirante presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia fue hostigado de manera concertada por sus competidores, quienes usaron como munición la declaración de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que debía estudiarse la amnistía a delincuentes, y no dejar ninguna opción fuera de la mesa, para formular una estrategia de seguridad pública distinta a la que ha sido aplicada en el sexenio anterior y en el actual. Si algo quedó claro en el curso del encuentro es que el electorado tiene ante sí sólo dos propuestas de gobierno en esta materia: la de José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, que con ciertos matices consiste en seguir el camino inaugurado por Felipe Calderón y retomado por Enrique Peña –en esencia, combatir a la delincuencia organizada por medio de la violencia policial y militar–, y la de López Obrador, que reside en atender las causas institucionales, sociales y económicas del fenómeno delictivo para pacificar al país.
La tesis del tabasqueño es que la corrupción, la impunidad, el abandono del campo, los efectos de la crisis económica sobre las mayorías –incremento de la pobreza, persistencia del desempleo o creación de empleos de ínfima calidad, caída del poder adquisitivo de los salarios– y la expulsión de la juventud de las aulas y del mercado laboral se han conjugado en el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento, la expansión y la consolidación de los grupos criminales que operan en extensas regiones y que llegan, en algunas, a remplazar o a infiltrar a las autoridades políticas formales.
El discurso gubernamental, que compartieron Meade, Anaya y Zavala en el debate, habla de los delincuentes, “los narcos” o los malos como si fueran un actor único y uniforme. En la caricaturización demagógica extrema, plantearon que AMLO pretendía amnistiar a los asesinos de un grupo de policías estatales de Guerrero que en días pasados se jactaron de su atrocidad en un video difundido en las redes. En la visión de los candidatos presidenciales del régimen la tarea consiste en descabezar y desmantelar cárteles, no en desarticular los fenómenos que explican su auge y su poderío.
Para esta forma de entender el mundo o de ofrecer seguridad a la ciudadanía en forma irresponsable y electorera, resulta irrelevante que haya 16 millones de pobres en el agro mexicano; que 55 millones de personas vivan en la pobreza; que en las ciudades los 9 mil 942 pesos mensuales que conforman el ingreso medio de un trabajador no alcance para cubrir los 11 mil 276 pesos que cuesta la canasta básica por familia; que casi 8 millones de personas censadas formalmente como empleadas subsistan con un salario mínimo mensual; que millones de jóvenes estén fuera del bachillerato o que los tres principales centros de educación superior de la capital, la UNAM, la UAM y el IPN, tengan un índice promedio de exclusión de 84 por ciento de los aspirantes. Las distintas alternativas electorales del grupo gobernante no tienen en mente que en la sierra de Guerrero unas mil 200 comunidades dependan económicamente de los cultivos de amapola, que en el Triángulo Dorado situado entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, un tercio de la población se gane la vida en la industria y el comercio de sustancias ilícitas o que el narcotráfico genere 600 mil empleos directos.
Después de la inútil carnicería del calderonato y del peñato –más de 200 mil muertos–, las únicas conclusiones sensatas son la imperiosa necesidad de abatir la pobreza, la marginación y el abandono, y la urgencia de un giro radical en la política de seguridad pública que ponga el énfasis en la pacificación del país, es decir, lo que López Obrador viene proponiendo desde 2012. Y es en ese contexto que se plantea la idea de la amnistía.
Ciertamente, las modalidades y la extensión de un proceso de paz sólo pueden definirse con precisión desde el ejercicio de gobierno, así sea porque en la oposición verdadera (no en la simulada, como las de Anaya y Zavala) no se cuenta con la información puntual y precisa que se requiere para diseñarlo.
Lo realmente delirante, lo inmoral, lo indecente, es lo que proponen al unísono los candidatos presidenciales del régimen: hacer lo mismo que en los últimos 12 años para llegar a 2024 con cien mil muertos adicionales, o con muchos más.
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