tepehuanosEl narco, los talamontes, los traficantes de maderas preciosas –la delincuencia organizada cualesquiera que sean sus negocios y aquella que se hace gobierno– siempre ha tomado partido de manera clara. Siempre ha sido franca en qué apoya y qué busca destruir.Como tantos pueblos indígenas, hoy está bajo asedio la comunidad de San Lorenzo Azqueltán. El pasado jueves 19 fueron levantados por hombres armados el concejal de este pueblo tepecano ante el Concejo Indígena de Gobierno, Catarino Aguilar Márquez, y el también comunero Noé Aguilar Rojas.No es la primera vez que delincuentes armados, entrenados e impunes actúan contra comunidades indígenas y en favor de mineras, terratenientes, desarrolladores de “polos turísticos” y funcionarios. Tan cotidiana es esta alianza, que ya los pueblos que resisten a un despojo saben que deben prepararse para hacer frente a autoridades, empresarios y delincuentes.Un caso paradigmático, no el único, que viene inmediatamente a la memoria es el de la comunidad nahua de Ostula, en la costa de Michoacán. Los comuneros han tenido que resistir a soldados, marinos, policías federales, estatales y narcotraficantes. Todos coordinados para destruir la organización, resquebrajar la identidad de los pobladores y la vida comunal.Otro caso es el de La Parota, en Guerrero, donde también los campesinos tienen que sortear las políticas de división diseñadas para hacer estallar las comunidades contra sí mismas y las incursiones armadas de cuerpos legalmente constituidos y aquellos ilegales. Aquí el “megaproyecto” está a cargo de los gobiernos federal  y estatal que quieren construir una represa y matar el ecosistema del río Papagayo.Son apenas dos casos de un modus operandi de despojo que se instrumentó durante el sexenio de Ernesto Zedillo pero que se generalizó a partir del sexenio de Felipe Calderón.Los cárteles del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada (como los traficantes de órganos humanos, de maderas preciosas, de minerales) son empresas capitalistas que no dudan en actuar contra comunidades organizadas políticamente. Estos delincuentes son aliados naturales de empresarios y gobiernos que intentan imponer a toda costa la lógica del dinero en los pueblos indígenas y campesinos donde la lógica es la de la comunalidad.