(apro).- La estrategia de seguridad pública
militarizada y el encubrimiento del personal castrense responsable de
abusos, desde que Felipe Calderón declaró la “guerra contra el crimen
organizado”, se pondrán bajo la mira de jueces de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el jueves 26 y el viernes 27.
Ello, como parte del litigio contra el Estado mexicano por la
desaparición forzada –el 29 de diciembre de 2009– de Nitza Paola
Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado
Herrera en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, a manos del Ejército
mexicano.
Remitido a la CoIDH por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en noviembre de 2016, luego de que el Estado mexicano dio
muestras de incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el
informe de fondo de abril de 2016, el de los Alvarado no es el primer
caso que llega al tribunal regional en el que se analizan agravios
cometidos por militares mexicanos contra la población civil, entre ellos
la desaparición forzada.
No obstante, sí es el primero relacionado íntimamente con la decisión
del gobierno federal de asignar funciones de seguridad pública a las
Fuerzas Armadas, ratificada con la promulgación de la Ley de Seguridad
Interior (LSI).
“En el contexto de la LSI , cobra realmente importancia lo que pueda
decidir la CoIDH sobre este caso, en el que nosotros decimos que debe
condenarse a México por la participación de los militares en la
desaparición y debe inscribirse en la militarización de la seguridad
pública”, considera Gabino Gómez Escárcega, integrante del Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), organización que junto con el
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Comisión de Solidaridad y
Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddac), han representado a los
integrantes de la familia Alvarado.
En entrevista, Gómez Escárcega puntualiza que uno de los objetivos de
llevar a juicio al Estado mexicano “es que la Corte Interamericana se
pronuncie en contra de la LSI, porque este caso ocurrió en medio de la
guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, durante el Operativo
Conjunto Chihuahua (2018-2010), que significó que miles de militares y
policías federales se desplegaran por el estado, disparándose los
índices de delitos y de violaciones a derechos humanos”.
De acuerdo con la información oficial, sólo en Chihuahua, durante el
gobierno de Felipe Calderón, mil 63 personas desaparecieron y 19 mil 282
fueron asesinadas, mientras que en lo que va de la administración de
Peña Nieto, no se conoce el paradero de mil 115 personas y fueron
ejecutadas 7 mil 998.
“En 2008 los índices de delitos eran altos, pero tenían un
crecimiento moderado. En cuanto se realiza el Operativo Conjunto
Chihuahua, las cifras crecieron. En noviembre de 2009, en una reunión en
la IX Región Militar, en Torreón (que comprende los estados de Coahuila
y Chihuahua), denuncié que las comunidades y los pueblos eran saqueados
por los soldados, y que los camiones militares parecían de mudanza, y
en diciembre los militares se llevan a estos muchachos”, cuenta el
defensor.
A ocho años de distancia, Gómez Escárcega resalta que a pesar de que
la familia “fue muy movida” en denunciar desde el primer momento a
militares por la detención ilegal de Nitza, Rocío y a José Ángel, a
quienes se pretendía vincular en ese momento con la desaparición de
agentes de la Policía Federal, aparecieron muertos.
De igual manera, recuerda que en los primeros días de búsqueda hubo
funcionarios de agencias del Ministerio Público federal y local que
confirmaron la participación castrense, además de que en 2011 la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó una recomendación de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que se señaló
la responsabilidad de sus efectivos en la desaparición forzada.
Nunca hubo intentos reales por buscar a las víctimas y castigar a los
responsables, en un asunto en el que intervinieron la Procuraduría
General de Justicia Militar, la Fiscalía General del Estado de
Chihuahua, la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía
Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas
(Fevimtra) y la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas
Desaparecidas, hoy Fiscalía.
“El Estado mexicano ha intentado convencer a la CoIDH que los
responsables de la desaparición no fueron militares, sino malandros
disfrazados, pero sin elementos. En cambio, cuando quien estaba de
encargado de la Unidad –el doctor Salomón Baltazar Samoyoa– tuvo
elementos para procesar al coronel Élfego Luján (entonces al frente del
35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes), se negó a la orden de
aprehensión, y desde que se fue de la Unidad, en 2015, los familiares
no han vuelto a saber de la ahora Fiscalía de Desaparecidos”, afirma.
La presencia de Baltazar Samoyoa como testigo de los representantes
de las víctimas en la audiencia de la CoIDH –que será presidida por el
chileno Eduardo Vio Grossi–, para probar los obstáculos a los que se
enfrentó en la investigación del caso, fue impugnada por el Estado
mexicano, por lo que presentará su declaración por escrito.
De acuerdo con el informe de fondo de la CIDH, por la desaparición
forzada de los tres integrantes de la familia Alvarado, la Unidad de
Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la
República (PGR) solicitó el 31 de marzo de 2014 una orden de aprehensión
en contra del coronel Luján Ruiz, contra quien había procesos abiertos
por ejecución extrajudicial, tortura e inhumación clandestina en agravio
de siete personas, dos de ellas militares desertores.
El mismo día que se presentó la solicitud, el juez Séptimo de
Distrito de Ciudad Juárez negó la orden de aprehensión, “llamando la
atención respecto de que el titular del órgano jurisdiccional (…)
analizó un expediente de más de 11 mil fojas compuesto por XXII tomos y X
anexos en menos de 24 horas”, destaca el documento de la CIDH, como uno
de los elementos de convicción sobre el encubrimiento de los presuntos
perpetradores en el caso.
Otros factores considerados por la CIDH como evidencia de
ocultamiento de los hechos son las diversas retractaciones de
funcionarios de dependencias civiles y militares que en los primeros
momentos de la desaparición llegaron a reconocer la responsabilidad de
personal castrense y del coronel en particular.
El organismo regional de derechos humanos coincide con los
representantes de las víctimas que el caso debe ser considerado en el
“contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia
organizada en México”, según se resalta en el documento de remisión a la
CoIDH, fechado el 9 de noviembre de 2016 y firmado por la secretaria
ejecutiva de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed.
“La relevancia del caso obedece a que se trata de una problemática
actual que ha venido en aumento en los últimos años y que ha merecido
pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de profunda preocupación
por parte de la Comisión y de múltiples organismos internacionales y
mandatos especiales en el ámbito de las Naciones Unidas”, añade.
Para la CIDH, la militarización de la seguridad pública en este caso
es “un ejemplo de los factores que contribuyen a que esta grave
violación de derechos humanos (la desaparición forzada) tengan lugar en
dicho contexto y que no sea debidamente investigada y sancionada como
consecuencia de los múltiples mecanismos de encubrimiento y
obstrucción”.
En su carta de remisión dirigida al secretario de la Corte, Pablo
Saavedra Alessandri, la CIDH destaca que la gravedad de los hechos se
extiende a “una serie de violaciones conexas derivadas de las amenazas y
hostigamientos que han tenido que enfrentar los grupos familiares,
incluido el desplazamiento forzado de algunos de ellos”.
En el informe de fondo, la CIDH resalta los daños a 39 familiares de
Nitza Paola, Rocío y José Ángel, por las amenazas y hostigamientos que
han sufrido en búsqueda de verdad y justicia.
Desde El Paso, Texas, Paola Alvarado Espinoza, hija de Nitza Paola,
quien en diciembre de 2009 tenía 14 años, comparte algunas de las
dificultades a las que se han enfrentado ella y diez de sus familiares,
huyendo de las amenazas y hostigamiento de los que han sido víctimas en
“la lucha de saber qué pasó con ellos”.
“De los once que huimos a Estados Unidos, sólo nosotras tres, mi
gemela Mitzi y mi hermanita Daysi, tenemos documentos de residencia,
pero no por las amenazas, sino porque nos consideraron niñas
abandonadas, pero los otros ocho, entre ellos mis abuelitos, están en
proceso de que les resuelvan su solicitud de asilo político”, dice
Paola, ahora con 22 años.
La jovencita reconoce que ha vivido con miedo durante los últimos
ocho años de su vida por la desaparición de su madre, situación que le
ha obligado a desplazarse primero por distintos estados del país y
después hacia Estados Unidos.
“El miedo no me ha cegado para saber de la importancia de que el caso
llegue a la Corte. No sólo es un caso de desaparición que está muy
documentado, es muy necesario para la historia de México que se conozcan
los abusos de parte de los militares en la guerra contra el crimen que
lanzó Felipe Calderón, pero, más aún, la de mi familia es la voz de los
miles que buscamos a nuestros desaparecidos en México”, puntualiza Paola
Alvarado Espinoza
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