El colectivo #MediosLibres, integrado por más de cien organizaciones sociales y periodistas, expresó su rechazo a la ley que pasó primero en la Cámara de Diputados y luego el Senado, a pesar de la oposición que tuvo de organismos nacionales como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las relatorías de libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La ley avalada en el Senado la noche del miércoles fue producto de un proceso legislativo lleno de claroscuros, inconsistencias y cargado de irregularidades, pues se aprobó en el pleno (60 votos a favor, 46 en contra y una abstención) a pesar de la falta de acuerdo en las comisiones dictaminadoras.
De acuerdo con el colectivo, la ley “legaliza las malas prácticas” que ocurren en la publicidad oficial, incumple los criterios con los que la Suprema Corte otorgó el amparo a la organización no gubernamental Artículo 19 para que el Congreso legislara sobre la materia y desestimó las propuestas sociales y de organismos internacionales.
Fue sólo una simulación para cumplir con el plazo fijado por la Suprema Corte para no entrar en desacato, señaló #MediosLibres.
La Corte también estableció que la libertad de expresión se ve afectada por la falta de reglas claras en el gasto de la publicidad oficial.
El uso arbitrario y discrecional del reparto de la publicidad oficial genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos, estableció la Corte en la concesión del amparo, en noviembre del año pasado.
El colectivo, que desde entonces emprendió distintas iniciativas para lograr una ley acorde con los principios internacionales en el tema, señaló que el comportamiento del Congreso demuestra su falta de compromiso con los derechos y libertades de la sociedad.
“Esta ley impide que los medios de comunicación sean verdaderos instrumentos de ciertas libertades y no vehículos para restringirlas”, expresó.
La Ley solo obedece a “intereses muy particulares y no a los que una sociedad como la mexicana requiere” y “deja en un estado más vulnerable la libertad de expresión y el derecho a la información” de la sociedad.