Ana María Aragonés
Donald Trump decidió enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México con el objetivo, según afirmó, de detener a migrantes indocumentados y drogas. Por su parte, el gobierno mexicano ordenó, unos días después y en la misma tónica, enviar más elementos de la Gendarmería Nacional a la frontera sur. Por supuesto que no hay nada nuevo pues, como se sabe, México ha hecho el trabajo sucio en su frontera sur por años, y lo sigue haciendo a pesar de los maltratos de su vecino del norte y los denuestos contra la población mexicana. Hace tiempo ya Tim Dunn había analizado cómo la frontera México-Estados Unidos se había militarizado. Lo único que queda claro es que ambos gobiernos comparten la misma visión militarista y de seguridad para contrarrestar fenómenos que requieren justamente lo contrario.
Es importante no olvidar que los migrantes que transitan por el país, la mayoría centroamericanos, buscan alcanzar la frontera norte. Se consideran desplazamientos forzados porque esas personas se movilizan por causas ajenas a su voluntad. Huyen de conflictos internos, violencia generalizada, inseguridad, falta de condiciones de vida, etcétera. Y se desplazan con tal sentido de urgencia que oponerles a su necesidad de protección el muro militar supone no sólo violar sus más elementales derechos sino lanzarlos al horror, del mismo que quieren huir. El problema fundamental es la omisión de las autoridades y cuerpos de seguridad que, en la mayoría de las ocasiones, están vinculados con los grupos delincuenciales, con lo cual se mantiene la corrupción e impunidad. Su paso por el país es simplemente dantesco, como ya se ha documentado fehacientemente. Y a los migrantes mexicanos no les va mejor, pues se encuentran ante el mismo muro del norte y por las mismas causas.
A esta situación hay que sumar ahora el fenómeno de los llamados desplazados forzados internos. Estas personas son las más vulnerables del mundo pues a diferencia de los refugiados que reciben protección internacional y ayuda desde el momento que pasan una frontera, los desplazados internos permanecen en el país y debe ser su propio gobierno el que otorgue la protección, cuando a veces es el propio gobierno la causa de su huida. El reporte de Refugees International señala que México vive una crisis humanitaria encubierta, pues comunidades enteras sufren asesinatos selectivos, extorsiones, secuestro y sus pobladores son expulsados por los cárteles de la droga que buscan apoderarse de sus tierras y sus recursos naturales.
De acuerdo con la CNDH en su primer Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (2016) se documenta que por lo menos hay en México 35 mil 422 víctimas de desplazamiento forzado en el país. A pesar de lo cual se sigue manteniendo como estrategia la militarización de la seguridad pública.
Llama la atención que tanto México como el llamado Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) aplican las mismas estrategias contra el crimen organizado, es decir, modelos basados en cero tolerancia, enfoque de seguridad, militarización y mano dura. Estrategia claramente ineficiente pues no ha reducido la violencia ni la inseguridad, y lo peor es la causa primordial de que se haya incrementado la migración forzada y los desplazamientos internos. ¿Por qué no se busca otras estrategias?
Un buen ejemplo fue El Salvador, país que en el año 2012 abrió paso a un espacio de tregua respaldado por la iglesia y la Organización de los Estados Americanos (OEA), quienes actuaron como facilitadores del proceso. Duró poco más de un año y trajo consigo uno de los periodos menos violentos de los últimos años en el país, reduciéndose significativamente los homicidios a escala nacional, es decir, se utilizó diálogo y negociación y no persecución y captura (Marlon Hernández-Anzora). El problema fue que la derecha salvadoreña y el hecho de que las extorsiones y los secuestros siguieran elevados llevó al gobierno a retirar su apoyo a los mediadores que impulsaron el proceso finalizando la tregua en 2014. El ejército volvió a las calles aplicando la mano dura y la violencia volvió a las calles.
La migración forzada se convertirá en una migración ordenada en el momento en que se abandone el enfoque de la militarización de la seguridad pública y se ataquen las causas enfatizando una política integral de prevención por encima de la manodurísima.
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